Por dos días consecutivos, el liceo Héctor Miranda estuvo ocupado: el martes por el gremio estudiantil y este miércoles por los núcleos sindicales de la Asociación de Docentes de Educación Secundaria (ADES) de Montevideo y de la Asociación de Trabajadores de Educación Secundaria.
Una cosa llevó a la otra: el martes, los estudiantes agremiados ocuparon a raíz de su plataforma reivindicativa, que tiene como parte de los ejes principales el reclamo de diálogo con las autoridades de Secundaria, mayor presupuesto y el rechazo a la reforma educativa que la Administración Nacional de Educación Pública llevará adelante en bachillerato a partir del año entrante.
Sin embargo, en el transcurso de la ocupación y previsible desocupación, sucedió un hecho que no tiene antecedentes en el último tiempo de operativos policiales de desalojos: dos de los estudiantes presentes, mayores de edad, fueron derivados a un Juzgado de Faltas por el Ministerio del Interior (MI).
Katherine Pose, vocera del núcleo de ADES del Miranda, explicó a la diaria que la situación desencadenó la ocupación de los docentes este miércoles. “Es una escalada represiva gravísima” que “criminaliza la protesta y el movimiento estudiantil”, opinó Pose. La docente explicó cómo fue la sucesión de los hechos: los estudiantes ocuparon durante la mañana del martes, fueron desalojados por el MI tras una orden de intimación, tiempo más tarde volvieron a ocupar, pero esta vez, al mismo tiempo que volvió a llegar la intimación para desalojar, los policías pidieron los datos de los estudiantes mayores de edad, y a los dos que lo eran, “a través de una amenaza oral se les comunica que tienen la denuncia ante el Juzgado de Faltas, no se les entregó notificación” escrita, aseguró.
Luego de eso, narró que la Policía no se retiró “hasta que los llamaron de Fiscalía para decirles que ya estaban notificados”. La desocupación finalmente sucedió y a los docentes se les generó una “alerta”: Pose manifestó que les llamó la atención “porque no había sucedido antes” que estudiantes sean derivados a la Justicia de Faltas y, por tanto, que quepa la posibilidad de que se les generen antecedentes.
“Hemos estado tratando de averiguar en Fiscalía en qué quedó la situación y con abogados de ADES Montevideo, no entendemos cuál podía ser una posible resolución ni la visión, a no ser que entiendan que hubo desacato, pero los estudiantes no vandalizaron ni realizaron actos por fuera de la reivindicación de la plataforma en el marco de la ocupación”, esgrimió la docente. Asimismo, dijo que desde los núcleos sindicales repudian que se haya pedido datos a los estudiantes e “individualizado” la protesta.
Por último, señaló que desde la Inspección de Secundaria sugirieron a la dirección del centro educativo que convoque al Consejo Asesor Pedagógico para sancionar a los estudiantes, pero se negaron. De igual forma, el núcleo sindical consideró también este suceso como “una aberración”.
“Estamos exigiendo a Secundaria que se aclare esta situación, que manden por escrito lo que tengan y que no se consume una falta porque no consideramos que tenga un sustento”, afirmó la docente. Es en este marco que los docentes ocuparon la institución este miércoles y sobre el mediodía recibieron la orden de intimación para desalojar, lo que hicieron luego de leer la proclama. La decisión para realizar la ocupación, que es únicamente de docentes y funcionarios, fue tomada el martes en la tarde, cuando realizaron una asamblea ante los hechos acontecidos y pararon desde la tarde hasta la 1.00 de la madrugada.
Plataforma reivindicativa
Si bien el tema central de la ocupación fue la derivación a la Justicia de Faltas, Pose señaló que también sumaron a su plataforma reivindicativa “la exigencia de tener mecanismos de diálogo y discusión sobre la transformación que se viene, que no fuimos citados a debatir, y nos hemos enterado de los documentos preliminares a través de la prensa”.
Asimismo, reivindican los “derechos laborales” y de estudiantes, que según la docente, “han sido violentados”. Por otro lado, en el documento de su plataforma reivindicativa, exigieron “la suspensión inmediata de la intervención ilegítima del liceo IAVA y la restitución del legítimo director Leonardo Ruidiaz”.
Otro de los puntos es la solicitud de renuncia “de las autoridades de la educación que con sus acciones violentas y sus omisiones a las responsabilidades inherentes a su cargo atentan contra los intereses de la educación pública, el cuidado de los estudiantes y el respeto al estado de derecho”.
Por último, pidieron que “se cumplan todos los reclamos históricos que han realizado los gremios docentes, de trabajadores y estudiantiles relativos a presupuesto, equipo multidisciplinario, espacio de arte y necesidades edilicias de la institución educativa”, así como la realización de reuniones entre las autoridades y las distintas partes “en un clima de escucha activa y negociación real”. “La defensa de la educación pública y de los estudiantes, fin innegociable de la misma, nos encuentra a todos los trabajadores del Liceo Hector Miranda fuertes y juntos”, finalizaron.