El año cerró con la noticia de que se concretó el cierre total y parcial de cuatro colegios, según informó El Observador: los que cierran por completo son el Centro de Educación Integral Constructivista (CEIC), ubicado en Brazo Oriental; el Ceija, que estaba de Paso de la Arena; y también el colegio New Zealand, de Carrasco, que hace un tiempo ya había suspendido su oferta de secundaria y ahora anunció el cierre de primaria. A nivel parcial, el Saint Georges, que queda en el Buceo, anunció que ya no dará los cursos de bachillerato y sólo se encargará de la Educación Básica Integrada, que va hasta noveno grado.
Recientemente, una nueva noticia reavivó el tema: el consejero político del Consejo Directivo Central (Codicen) Juan Gabito informó a Telemundo que elaboraron un protocolo vinculado a la temática, que aguarda a ser sometido a votación en la órbita del Codicen y que plantea, en concreto, que los colegios privados que decidan cerrar notifiquen la decisión con mayor anticipación. Según El Observador, la Administración Nacional de Educación Pública (ANEP) pretende que avisen a los padres de los alumnos 90 días antes.
“Los cierres de colegios están previstos en la Ordenanza 14, que ya tiene 30 años. Pero la realidad ha indicado que, como toda norma, tiene que ser actualizada”, dijo Gabito a Telemundo. En ese marco, señaló que “el cierre, que sólo puede disponerse al fin del año lectivo, debería tener un preaviso con bastante tiempo para que las familias puedan hacerse a la idea, tomar sus decisiones, y para que el sistema público, que es el que tiene la obligación de recibir a esos alumnos en caso de que no vayan a otro colegio privado, pueda distribuirlos y atenderlos adecuadamente”.
Para el consejero político, hay tres niveles que están en cuestión y es justamente sobre el último que, con base en el protocolo, prevén profundizar: en primer lugar, “una cuestión privada que es entre los padres y los colegios, que es un contrato”; en segundo lugar, un nivel “que también es privado, que es entre las instituciones y sus trabajadores”; y, por último, un nivel público, “que es el que le compete a la ANEP, que refiere al derecho a la educación de los alumnos”. Es que de acuerdo a Gabito, esto “implica el acceso a la educación, que sea de calidad y en el marco de las normas generales”.
Silencio y preocupación
En diciembre, el ministro de Educación y Cultura, Pablo da Silveira, afirmó a Canal 5 que “cuando la gente siente que la educación pública está mejorando, se pasa de la privada a la pública”. Gabito se refirió a este punto y aclaró que cierran menos de 1% de los colegios, por lo que se distanció de lo esbozado por el jerarca y apuntó a que “la oferta pública ha sido mejorada en el sentido de ampliar el tiempo pedagógico, entonces las familias prefieren aquellas instituciones donde reciben a sus hijos por más horas a lo largo del día, porque los libera para tareas laborales o de otro interés de los padres”. En ese contexto, señaló que no cree que “haya una opción buscando más calidad de educación, sino buscando calidad muchas veces de la institución, con mayor contención, mayor aprendizaje, mayor responsabilidad”.
Ese mismo mes, la diaria intentó comunicarse con la Asociación de Instituciones de la Enseñanza Privada, pero manifestaron que no harían declaraciones sobre los cierres anunciados. Ahora, la diaria volvió a contactarse con su presidente, Juan Carlos Noya, quien reiteró la posición esgrimida un mes antes.
En ese entonces, la diaria se comunicó también con Sergio Sommaruga, integrante del Sindicato de Trabajadores y Trabajadoras de la Enseñanza Privada, quien planteó su preocupación particularmente sobre la situación del Ceija, ya que la institución había planteado que no se hará cargo de los despidos y, al mismo tiempo, tenía adeudos salariales con los trabajadores. “Nos pone una luz roja, porque una cosa es que se cierre el colegio porque no puede seguir funcionando; otra cosa es que no se les pague el legítimo derecho a los trabajadores”, lamentó.
Por otro lado, también mencionó la posibilidad de que el sindicato haga un paro el primer día de clases del año lectivo 2024, que se concretará en caso de que haya despidos arbitrarios en el sector. Según el sindicalista, estos despidos se dan cuando se ejerce “violencia institucional” contra el o los trabajadores y no hay un argumento “lógico” para tomar la medida. Como ejemplo, mencionó el despido de un docente por ser representante sindical y el de un trabajador sólo para ahorrarse el pago de salario o de alguna otra prestación que le corresponde. la diaria intentó comunicarse nuevamente, pero en esta ocasión no obtuvo respuesta.