El secretario general de la Organización de las Naciones Unidas (ONU), António Guterres, convocó en 2022 a la conformación de un grupo de alto nivel sobre la profesión docente, que, entre más de una decena de especialistas, es integrado por la uruguaya Denise Vaillant, docente de la Universidad Ort. El grupo, que tiene como misión elaborar un plan de acción para “apoyar y transformar la profesión docente”, mantuvo una reunión el año pasado en la que se delinearon algunas recomendaciones a los estados con el foco puesto en un problema: “la persistente y creciente escasez de docentes en todo el mundo”, algo que pone en riesgo conseguir los Objetivos de Desarrollo Sostenible de la ONU, según sostienen.
Según se expresa en un documento publicado recientemente en el que se sintetizan las recomendaciones y la discusión que mantuvieron los especialistas, el grupo observa con “alarma” esta realidad, que se potencia con una serie de factores que “alejan a los jóvenes con talento” de la profesión docente: “La continua deserción de los docentes, la utilización de personal subcontratado y no calificado para colmar el déficit de docentes, la falta de oportunidades de desarrollo profesional y apoyo profesional, las condiciones de trabajo y los salarios inadecuados, y las enormes dificultades a las que se enfrentan los docentes que trabajan en contextos de crisis”.
Para superar este escenario, el grupo de expertos entiende necesaria la transformación de los sistemas educativos y de la profesión docente, con acciones que provengan tanto desde fuera como desde dentro. En ese sentido, el documento plantea que “las sociedades necesitan invertir activamente en los servicios públicos, como la educación, valorar a los trabajadores públicos, como los docentes, y crear condiciones en las que la enseñanza y el aprendizaje sean apoyados por las comunidades, los padres y los alumnos”. En suma, se afirma que “los docentes necesitan trabajar en un clima de seguridad, apoyo y bienestar, y con condiciones de trabajo decentes”.
Por su parte, se mencionan como antecedentes una declaración del secretario general de la ONU en 2022 y otra de la Comisión Internacional sobre los Futuros de la Educación, de 2021, en las que se planteó la necesidad de “un nuevo contrato social para la educación, en el que los docentes no sólo imparten competencias y conocimientos, sino que también actúan como productores de conocimientos, facilitadores y guías en la comprensión de las complejas realidades”.
Sobre los objetivos de la tarea docente, se señala que estos profesionales deben “promover el aprendizaje basado en la experiencia, la investigación y la curiosidad, y desarrollar la capacidad, la alegría y la disciplina para la resolución de problemas”. En suma, se dice que deben apuntar a “preparar a los alumnos para la ciudadanía, la vida y el trabajo, y contribuir a la sostenibilidad del planeta y de sus comunidades”.
Recomendaciones
El grupo de alto nivel sobre la profesión docente profundiza en una serie de recomendaciones para los gobiernos, que, para permitir la transformación de la profesión, deberían “elaborar políticas económicas y sociales que apoyen la enseñanza y el aprendizaje a través de financiación adecuada y equitativa para la educación y el aprendizaje permanente”. En concreto, esas políticas deberían posibilitar que padres y madres tengan tiempo para apoyar la educación de sus hijos; que los niños y adolescentes “tengan acceso a una nutrición y unos servicios de atención de salud adecuados”; que los lugares de aprendizaje sean “seguros e inclusivos”; que los centros educativos tengan “una infraestructura y una conectividad adecuadas”; y, además, “que la profesión docente goce de gran reconocimiento y sea apoyada”.
Para garantizar los derechos a la educación y al trabajo decente para el personal docente, el documento plantea que es necesario cumplir con las normas internacionales, entre las que se incluye especialmente “la libertad sindical y la negociación colectiva, la libertad de expresión, la libertad de pensamiento y la libertad académica”. Los expertos sostienen que los aprendizajes de los estudiantes deberían estar basados en “los principios de cooperación y solidaridad” y “no en la exclusión y en la competencia individualista”. En suma, afirman que deberían “fomentar las relaciones, la empatía, la compasión, la ética y la conciencia social y ambiental, con independencia de la vía de aprendizaje por la que se opte”. Precisamente, los especialistas sostienen que los profesionales de la educación deberían poder apoyar múltiples metodologías de trabajo “y no ceñirse de una manera rígida a evaluaciones y pedagogías que cumplen criterios estrictos”, de forma de “garantizar el éxito del aprendizaje”.
Además de generar políticas de formación inicial adecuadas y luego garantizar la formación a lo largo de toda la trayectoria docente, el documento plantea la necesidad de adoptar “estrategias para fomentar la inclusión y la diversidad”. Entre ellas mencionan las “políticas destinadas a la consecución de la igualdad de género, tales como atraer a los docentes de sexo masculino a la educación de la primera infancia y primaria, garantizar el desarrollo profesional y la movilidad ascendente de los docentes de sexo femenino, y atraer a las mujeres a las disciplinas de las ciencias, la tecnología, la ingeniería y las matemáticas”.
Inversión necesaria
“Una educación de calidad no es posible sin financiación adecuada”, concluyen los expertos, que aseguran que cada gobierno debe asignar “al menos el 6% del producto interno bruto (PIB) y el 20% del total del gasto público a la financiación de la educación pública”, en la misma línea de lo que plantea el Marco de Acción Educación 2030. En suma, se afirma que “debería contemplarse el aumento de la inversión per cápita en la educación” y que el gasto que hagan los gobiernos en el área “debería ser transparente y protegerse de las medidas de austeridad, incluidas en las políticas promovidas por las instituciones financieras internacionales”.
Como parte del destino que deberían tener los recursos, los especialistas sostienen que se debe ofrecer a los docentes “salarios competitivos e incentivos”, además de “materiales de enseñanza y aprendizaje de calidad” y de poner a disposición de la educación a otros profesionales calificados de apoyo.
Como forma de “promover la equidad, la diversidad y la inclusión”, se plantea la necesidad de aplicar “políticas específicas para atraer a los grupos marginados a la profesión docente y garantizar que reciban apoyo para permanecer en ella”. En concreto, esas políticas “deberían incluir disposiciones encaminadas a promover que las mujeres y los grupos marginados ocupen puestos de liderazgo, proteger a los docentes frente a todas las formas de violencia y acoso, incluida la violencia de género, y garantizar la protección social”.
Otra de las líneas de acción propuesta a los gobiernos es la de “aumentar el reconocimiento y la dignidad de la profesión docente”, para lo que también son necesarias políticas concretas, según plantea el grupo. En concreto, dichas políticas deben reconocer “las relaciones humanas como la base fundamental para la profesión docente, incluida la relación entre los docentes y los estudiantes”.
Los expertos afirman que “el estatus y la dignidad” de los profesionales de la educación “están directamente relacionados con la capacidad de los docentes de influir en las políticas relativas a su trabajo, incluidos los programas de estudios y las prácticas pedagógicas”. Al respecto, se sostiene que las políticas públicas deben “garantizar la capacidad de acción y decisión y la autonomía del personal docente basadas en los conocimientos, la competencia y la responsabilidad en el marco de los objetivos de la educación, y deberían fomentar un clima de confianza y de respeto entre las autoridades escolares, las comunidades, los alumnos y los docentes”.
El documento señala que una acción importante para “inspirar y atraer a los jóvenes a la profesión” es el reconocimiento público de la docencia “a través de actividades de promoción y de políticas coherentes, que pongan de relieve la importancia social y los conocimientos profesionales de los docentes, así como el reconocimiento de los docentes destacados”. En suma, se propone que los gobiernos comiencen “a eliminar inmediatamente de forma gradual la utilización de docentes subcontratados y la contratación de personal no calificado para colmar los déficits de personal”. “Las políticas deberían tener por objeto impartir formación a las personas ocupadas en estas modalidades de trabajo para que sean docentes calificados, inclusive a través del reconocimiento de su experiencia anterior y de la acreditación de las competencias y aptitudes necesarias para el desempeño efectivo en la labor docente”, se afirma en ese sentido.
Bien calificados
Como algunas claves para “mejorar la calidad y fomentar la innovación en la enseñanza a través de la formación y del aprendizaje permanente”, los expertos afirman que los docentes “deberían tener como mínimo una licenciatura en educación de primer grado, e idealmente un máster o un diploma equivalente”. Al respecto, agregan que las instituciones de educación superior “deberían coordinarse, regularse y vigilarse para garantizar la coherencia, la comparabilidad y la calidad de la educación orientada a los docentes” y que “los proveedores privados de educación destinada a los docentes deberían estar debidamente regulados a fin de garantizar la calidad”.
También se sostiene que la formación inicial y el desarrollo profesional continuo “deben transformarse a fin de preparar a los docentes para ser líderes en un nuevo entorno de aprendizaje y en nuevas funciones”. En ese sentido, se asegura que los profesionales de la educación “deberían prepararse para ser no sólo proveedores de información, sino también guías y líderes activos e innovadores del proceso de aprendizaje y desarrollo social de sus estudiantes, a fin de apoyar el desarrollo de sus habilidades de pensamiento, de su capacidad para la resolución de problemas y de sus habilidades para aprender de manera independiente y cooperando entre sí”.
Sobre las políticas dirigidas a regular el trabajo docente, los especialistas entienden necesario que se promueva la enseñanza como una profesión basada “en la colaboración, con espacio, tiempo y recursos adecuados para la planificación conjunta, comunidades de práctica, y oportunidades de práctica reflexiva por y entre los docentes, dentro de su institución educativa y más allá de la misma”. Además, afirman que “se debería alentar a los docentes a utilizar equipos interdisciplinarios para enseñar el contenido básico de los programas de estudios a través de unidades temáticas”.
Acerca de la evaluación docente, el documento plantea que se deben generar sistemas sólidos con ese fin y que, a su vez, se deberían establecer métodos de evaluación “que consideren el complejo papel que estos desempeñan en entornos diversos, con el objetivo de desarrollar y mejorar la calidad de la enseñanza”.
El grupo de expertos también entiende necesario “fomentar la humanidad de la enseñanza a través del trabajo decente” y para ello se insta a optar por “modalidades contractuales estables; un lugar de trabajo seguro y saludable; una proporción manejable de docentes en relación con la proporción de estudiantes; estructuras de apoyo para gestionar el comportamiento de los estudiantes problemáticos; una carga de trabajo equilibrada; viviendas seguras, asequibles y adecuadas; oportunidades de formación y de desarrollo profesional pertinentes, de calidad y accesibles; el acceso equitativo a la tecnología y a otros recursos; protección social y pensiones adecuadas, y la ordenación del tiempo de trabajo (incluidas funciones fuera de la enseñanza en el aula, tales como la preparación de lecciones, la calificación de exámenes, y compromisos con los estudiantes y los padres fuera de las aulas) que permitan tener períodos de descanso adecuados y conciliar la vida privada y la vida profesional”.
Otras de las líneas sugeridas por el grupo convocado por la ONU son “garantizar la sostenibilidad, la paz y la democracia” y “promover la tecnología orientada a la educación y centrada en las personas”.