Este viernes la Federación Nacional de Profesores de Educación Secundaria (Fenapes) convocó a una conferencia de prensa en su local sindical, con motivo de la reciente resolución de Secundaria de sancionar al exdirector del IAVA, Leonardo Ruidíaz, con 150 días de suspensión y pérdida de su salario, a pesar de que la División Jurídica del subsistema haya sugerido que la sanción fuera por diez días.
José Olivera, vicepresidente de Fenapes, planteó que en los últimos tres años han estado “dando seguimiento” a un proceso de “utilización del poder disciplinario de la Administración, con una pretendida y abierta intención de persecución y de amedrentamiento, de no sólo las organizaciones sindicales en su conjunto, sino también de sus militantes”.
De acuerdo al dirigente, esta situación se vincula con “un resquebrajamiento institucional que hoy vive la Administración Nacional de Educación Pública [ANEP] que se ha venido profundizando”. De hecho, aseguró que en la actualidad “no hay subsistema de la ANEP en el que no haya existido un procedimiento disciplinario que tenga claramente la intención de perseguir, de amedrentar a trabajadoras y trabajadores del sistema educativo”.
En cuanto a la situación en el liceo IAVA, en primer lugar, Olivera recordó “que el motivo del conflicto era una supuesta rampa, para la cual se debía desalojar a los estudiantes del salón gremial”, rampa que “material y objetivamente” todavía “no existe”. “Tal vez desde el principio no existiría, porque había informes técnicos que desaconsejaban su construcción”, agregó.
En segundo lugar, dijo que la implementación del sumario a Ruidíaz y la separación del cargo por parte de Secundaria “se amparó en normas de la dictadura, que, entre otras cosas, hablaban de desobediencia con respecto al mandato de la autoridad, norma que el propio Consejo Directivo Central [Codicen] en un documento firmado por la actual presidenta [Virginia Cáceres], en ese entonces secretaria general, reconoció lo anacrónico que era aplicar una norma de esa época en la actualidad”.
A su vez, hizo referencia a que “los servicios jurídicos de la Administración recomiendan determinado tipo de sanción y, para sorpresa de todos, la asesoría letrada, un cargo de particular confianza de la Dirección General de Educación Secundaria (DGES), desplaza sustantivamente el eje de lo que se estaba analizando sin agregar ningún elemento nuevo”.
En resumen, para Olivera se pretendió “darle un marco jurídico para encubrir la persecución política”, algo que consideró que “ha sido y es una práctica constante que se viene reiterando en la ANEP y muy particularmente en la DGES”.
Emiliano Mandacen, secretario general de Fenapes, manifestó “el respaldo absoluto” del sindicato a Ruidíaz y analizó que lo ocurrido con el docente es una “síntesis de un proceso de persecución política” que Fenapes denunció al inicio del conflicto del IAVA y que con la última sanción “queda comprobado”.
Por otro lado, destacó que la directora general de Educación Secundaria, Jenifer Cherro, “fue inhibida de participar del proceso por el Codicen”. En ese contexto, se preguntó: “¿Quién se reunió ese día para dar el aval? Cherro estaba presente en esa reunión, en esa orden verbal que no se especifica cuando uno lee las resoluciones”. “Está claro que se busca la vuelta para que la sanción quede como grave”, sentenció.
A consideración de la ANEP
Camila Menchaca, presidenta de la Asociación de Docentes de Educación Secundaria (ADES) de Montevideo, explicó distintos problemas que están teniendo para “brindar garantías jurídicas en este caso” y otros que implican procesos de investigación por parte de la DGES. Según resaltó, “no es el primero ni el último caso en el que [la División de] Jurídica de Secundaria recomienda tomar determinadas medidas y acciones y a partir de la recomendación de la asesoría letrada, es decir, un cargo político de particular confianza, se hace caso omiso a lo planteado por la división jurídica y se toman medidas contrarias”.
En el caso del IAVA, Menchaca enfatizó en que la resolución final es “un abismo” en relación a la recomendada por Jurídica. En otras ocasiones también ha pasado que “Jurídica recomienda abrir sumarios y producto de la asesoría letrada se recomienda simplemente cerrar los casos y establecer advertencias o sanciones verbales a los involucrados”. Asimismo, en otras oportunidades “a nivel jurídico se ha recomendado determinada cantidad de días de suspensión y la asesoría letrada recomienda muchos menos y en función de eso se resuelve”.
“Le podemos hacer llegar a la presidenta del Codicen el conjunto de casos que demuestran que esto no es una situación aislada”, afirmó.También puso sobre la mesa que “se está gastando el doble” de lo previsto por Arquitectura a la hora de abrir la puerta de Eduardo Acevedo, a pesar de que no lo recomendaba, “y la rampa no existe”.
Menchaca afianzó que “es necesario investigar y tomar acciones al respecto de todo el procedimiento jurídico que se está desarrollando en Secundaria, en donde las pruebas no son siempre las que se corresponden: existen algunos elementos que no se están tomando en cuenta por parte de la División Jurídica, pero, sobre todo, los aspectos que tienen que ver con un vicio de forma enorme, en donde se toma en consideración la palabra de la propia asesora letrada por encima de todos los demás instrumentos jurídicos de la Administración”.
Para el sindicato, ese punto “es grave” y “debe ser tomado en consideración por el Codicen de la ANEP, en particular por Cáceres, para que se tomen medidas de carácter global. “Esto es un sumario que claramente aplica como sanción ejemplarizante a otro conjunto de casos que nosotros hemos denunciado y le podemos acercar a la propia doctora”.
“La imposición del miedo desvirtúa y traiciona los fines de la educación”
“Estamos preocupados, hartos y dolidos frente a esta escalada de autoritarismo”, manifestó a través de una carta pública el Colectivo de Docentes Jubilados de la Educación Pública.
Para los docentes jubilados, la sanción impuesta por Secundaria al exdirector del IAVA “muestra un real ensañamiento”. De acuerdo al colectivo, “se penaliza al docente por cumplir con su función pedagógica de sostener diálogo con los estudiantes en una situación conflictiva”. De esta manera, consideran que Secundaria busca “imponer miedo en directores, docentes, funcionarios y estudiantes”, algo que “se contradice con los discursos que publicitan respecto de la llamada ‘Transformación Educativa’”.
“No nos engañemos, cuando hablan de poner el centro en el estudiante, de generar participación, de promover competencias comunicacionales, las acciones que desarrollan demuestran lo contrario”, agregaron. Por otro lado, recordaron que, como docentes jubilados, tienen “años de experiencia de vida en la educación en distintas circunstancias históricas” y, por tanto, muchos vivieron “sumarios, destitución, persecución”, así como la “prohibición” de expresarse y “educar en libertad durante los años oscuros de la última dictadura civil-militar”. “Por eso decimos con fuerza que no aceptamos que esto se repita, nunca más debiéramos volver a esa oscuridad. Repudiamos el autoritarismo, la arbitrariedad, la persecución. La imposición del miedo desvirtúa y traiciona los fines de la educación”, concluyen.