Luego de la controvertida declaración como sitio de memoria a la actual Escuela Técnica de Malvín Norte, volvieron a surgir diferencias entre la Administración Nacional de Educación Pública (ANEP) y la Comisión Nacional Honoraria de Sitios de Memoria (CNHSM), que funciona en la órbita de la Institución Nacional de Derechos Humanos. Esta vez las diferencias surgieron después de que, a propuesta de actores locales, la comisión resolviera colocar una placa en el actual Instituto de Formación Docente (IFD) de Paysandú, en conmemoración de la historia de la maestra Raquel Culnev, detenida en 1972 por pintar un muro.
Culnev era oriunda del departamento e integraba el Movimiento de Liberación Nacional-Tupamaros y entre 1972 y 1977 estuvo recluida en el Batallón de Infantería N° 8, de Paysandú, y en la cárcel de mujeres de Paso de los Toros. Según señala la web de Sitios de Memoria, su muerte fue responsabilidad del Estado, ya que no fue debidamente atendida de un quiste hidático, además, tardíamente diagnosticado durante su período de reclusión. En suma, se indica que Culnev, que en ese momento tenía un hijo pequeño, fue sometida a “pésimas condiciones de reclusión” y no recibió tratamiento a su enfermedad, que le terminó causando la muerte a sus 26 años, cinco años después de haber sido detenida.
El 19 de octubre de 2022, la CNHSM definió que se coloque una placa en el IFD, pero hasta ahora no se ha concretado. Según informó MVD Noticias días atrás, a partir del informe de una asesora letrada de la ANEP, la presidenta del organismo, Virginia Cáceres, solicitó a la comisión la reconsideración de la colocación de la placa.
El informe de la abogada Marcela Pérez Pascual plantea que la definición de la comisión es contraria a la autonomía de la ANEP y, además, entiende que viola la laicidad. De todas formas, el informe se centra en analizar si al caso de Culnev le son aplicables las características que debe tener un sitio de memoria, estipuladas en la Ley de Declaración y Creación de Sitios de Memoria Histórica del Pasado Reciente.
Pérez Pascual llega a la conclusión de que el caso de la maestra no amerita la colocación de una placa en el centro educativo, en primer lugar porque la detención se debió al incumplimiento de una ley vigente en el momento. Además, argumenta que Culnev no sufrió la vulneración de sus derechos humanos en el lugar donde se pretende colocar la placa, y, de hecho, la abogada señala que no llegó a analizar “lo ocurrido posteriormente a la detención, ya que ello ocurrió en otro lugar”. Finalmente, el informe plantea que Culnev no era estudiante ni docente del instituto educativo cuando fue detenida.
Al igual que en el episodio de la escuela técnica de Malvín Norte, en el que el obstáculo fue la oposición del director general de UTU, Juan Pereyra, esta situación motivó el pronunciamiento de la organización Crysol. La semana pasada planteó que la solicitud de la ANEP era “fuera de lugar” e “improcedente”, y también es “ilustrativa de la ineptitud” y de “la posición dogmática negacionista de los hechos del pasado reciente” de las autoridades del ente.
Según entiende Crysol, el Partido Colorado y sus representantes en el Codicen “deben asumir” que el expresidente Jorge Pacheco Areco fue “el iniciador de la actuación ilegítima del Estado” y Juan María Bordaberry fue “el golpista que disolvió las cámaras” el 27 de junio de 1973, ambos integrantes del partido.
Ratificación
Tras recibir la solicitud de la ANEP, la CNHSM analizó este miércoles el planteo y resolvió desestimarlo. Según entendió, el caso de Culnev sí se encuentra “cabalmente” amparado por la Ley 19.641.
Al respecto, se argumenta que la norma “indica que se consideran sitios de memoria también aquellos lugares en los ‘cuales las víctimas, familiares o las comunidades los asocian con esos acontecimientos’ y que surgen como forma de ‘homenaje y de reparación a las víctimas y a las comunidades’”. Además, se asegura que la historia de Raquel Culnev y “las causas de su detención y fallecimiento se encuentran íntimamente ligadas” al IFD de Paysandú.
En ese sentido, la comisión mantuvo “en todos sus términos” la resolución tomada en 2022 y solicita al Consejo Directivo Central de la ANEP que se pase a coordinar acciones para darle cumplimiento.
En diálogo con la diaria, Mercedes Cunha, integrante de la comisión en representación de la Red Nacional de Sitios de Memoria, aseguró que la de ANEP fue una lectura “parcial” de la ley. Al respecto, planteó que en la resolución tomada este miércoles se buscó dejar en claro que la norma avala la colocación de la placa en el IFD, que sería la primera en un centro de formación docente. Según aseguró, cuando fue detenida, Culnev era una maestra recién egresada del instituto en el que ahora se propone recordarla, por lo que es indudable que “su vida pública aconteció en ese lugar”.
Por su parte, habló de la existencia de otros sitios de la memoria en lugares donde no ocurrieron violaciones a los derechos humanos, como los memoriales de Soriano o Bella Unión. De hecho, mostró su sorpresa con otra comunicación que realizó la ANEP a la comisión sobre la colocación de otra placa de la memoria en un liceo de Treinta y Tres. Se trata de un caso muy parecido al de Culnev, ya que el Estado es responsable de su fallecimiento en circunstancias similares y, en este caso, el Codicen definió avalar la colocación de la placa, contó Cunha.
Según agregó, se trata de la primera vez que un organismo pide a la CNHSM la reconsideración de una decisión en los cinco años desde que está en funcionamiento la comisión. De todas formas, Cunha aseguró que esperan que, después de la ratificación de la resolución de 2022 por parte de la comisión el Codicen lo acepte y se pueda coordinar la colocación de la placa.
La laicidad
En tanto, la integrante de la red lamentó las constantes dilaciones de la ANEP a las designaciones de sitios de memoria y, en concreto, señaló que recién este mes tuvieron respuesta de la solicitud para el IFD de Paysandú, cuando la CNHSM definió su nombramiento en 2022. Por su parte, analizó que ello es coherente con la postura de la representación del organismo en la comisión, que sistemáticamente se abstiene o vota en contra del nombramiento de sitios de la memoria en centros educativos.
Al respecto, descartó de plano el argumento de violación de la laicidad y planteó que ya hay varias placas de la memoria en centros educativos. Según argumentó, se trata de “verdad histórica que está comprobada con documentos y testimonios” y consideró que el trabajo de la comisión como de los colectivos o personas que solicitan el nombramiento de un sitio de memoria es “muy serio”.
Por su parte, valoró que las placas que coloca la comisión “tienen un sentido educativo” que apunta a “defender los derechos humanos y los valores democráticos”. En este sentido, reivindicó las historias de víctimas del autoritarismo y el terrorismo de Estado como importantes para visualizarlas de manera que sirvan “para decir nunca más”. En otras palabras, aseguró que se trata de “una política pública que es un aporte a la construcción de garantías de no repetición” de lo ocurrido en la última dictadura.