Desde 2014 existe en la Administración Nacional de Educación Pública (ANEP) un Protocolo de Regulación de la Atención y Prevención del Acoso Sexual, que incluyó la creación de la Comisión Asesora en Situaciones de Acoso Sexual (Casas). Sin embargo, son varias las denuncias de estudiantes que a lo largo de los años no encontraron el amparo y los tiempos de respuesta acordes.
Una de las principales críticas que han manifestado son los procedimientos a la hora de su aplicación, que muchas veces incluía indagaciones dentro de los centros educativos guiadas por sus propias autoridades, sin el cuidado establecido de las identidades, sin la separación entre denunciante y denunciado, y con la difusa línea de involucramiento cuando todo se da en un mismo lugar. Además, muchas denuncias nunca salieron del centro educativo y, por tanto, no llegaron a la Dirección General de Educación Secundaria (DGES) ni a la Casas.
Es así que este año se creó un nuevo Protocolo de Regulación de la Atención y Prevención del Acoso Sexual, que ya fue aprobado por el Consejo Directivo Central (Codicen) de la ANEP y que deroga el de 2014. Si bien el nuevo protocolo ya está operativo, falta una revisión encomendada al Sistema Integral de Protección a la Infancia y a la Adolescencia contra la Violencia (Sipiav), del Instituto del Niño y Adolescente del Uruguay (INAU), que prevé realizar aportes a su contenido sin quitarle la esencia.
Este protocolo, al que accedió la diaria, cambia un punto sustancial: cualquier estudiante o integrante del funcionariado de la ANEP puede dirigirse directamente a la Casas a hacer la denuncia, sin ningún intermediario, incluso con la posibilidad de hacerlo de manera virtual. En el anterior protocolo la persona denunciante debía dirigirse al “Consejo respectivo”, a su “superior inmediato” y/o al “director/a del centro educativo”, a través de un “sobre cerrado” con datos identificatorios. La segunda opción era ante la Inspección General del Trabajo y de la Seguridad Social, en base a la Ley 18.561 de Acoso Sexual.
La derogación del protocolo de 2014 incluyó, por tanto, una reconfiguración de la conformación de la Casas y una ampliación de sus cometidos: antes debía “velar por el cumplimiento” de la Ley de Acoso Sexual en el ámbito de la ANEP, “diseñar y ejecutar campañas de sensibilización y/o capacitación sobre acoso sexual laboral y docente” y “ser el nexo para este tema entre la ANEP y la Inspección General del Trabajo del MTSS, Inmujeres-Mides [Instituto Nacional de las Mujeres del Ministerio de Desarrollo Social] y la Coordinadora de los Sindicatos de la Enseñanza del Uruguay”.
Ahora, la comisión tiene como finalidad “la recepción y el abordaje de eventuales situaciones de acoso sexual que le sean denunciadas”; “evacuar consultas y asesorar a toda persona amparada por el presente protocolo”; elaborar “un informe con su opinión técnica respecto a si la situación configura acoso sexual o no, en forma fundada”; “sugerir a las autoridades respectivas la adopción de medidas de protección integral”; “realizar un seguimiento de las situaciones y medidas adoptadas”, y “llevar un registro” de ellas, además de “dar cuenta de las actuaciones realizadas a las autoridades a través de un informe anual al Codicen de la ANEP”.
Más “garantista”, menos “burocracias”
Nilia Viscardi, directora de Derechos Humanos de la ANEP, contó a la diaria que la idea de llevar a cabo un nuevo protocolo “nace del diagnóstico técnico del área sociojurídica de Derechos Humanos, en el que se identificó que el anterior mecanismo era una dificultad y poco garantista”.
Viscardi especificó que, a través del procedimiento anterior, “las instituciones educativas hacían un proceso interno que complicaba la denuncia o que hacía que no llegara” y, por ese motivo, ahora “la gran diferencia es que las personas y los estudiantes pueden denunciar directamente a la Casas”. En ese sentido, señaló que, con el protocolo anterior, en los procesos de indagación de los casos “las preguntas realizadas en los centros educativos eran con la mejor intención por parte de directores y responsables, pero escalaba a un cierto análisis que es mejor que quede en manos de la Casas”.
Otro de los puntos que impulsaron el cambio en pos de lograr un protocolo más “garantista” es la necesidad de “un mayor ajuste en términos de conceptos, de normativas”, explicó Viscardi. Asimismo, destacó que en el nuevo protocolo se separa el tratamiento de las denuncias entre los reclamos del funcionariado, por un lado, y las denuncias de estudiantes, por el otro. “Este nuevo protocolo profundiza y amplía el anterior”, resumió.
Lorena Placencia es especialista en derechos humanos en la Dirección de Derechos Humanos y es también la coordinadora del protocolo. “Es una construcción colectiva”, aseveró, ya que se trata de un trabajo conjunto con el INAU, para la revisión del protocolo, con Inmujeres en el proceso de creación y de observación de “casi todos los protocolos de acoso en la materia que tiene el Estado”.
Placencia ingresó como funcionaria a la ANEP en 2018 y desde entonces trabajó en la elaboración de distintos documentos para prevenir diversas formas de violencia dentro de la institución pública más grande del país. En ese contexto, narró que se encontró con el protocolo de prevención de acoso sexual de 2014 y propuso una reforma: “Vimos que la situación de acoso sexual estaba regulada, pero propuse que se tenía que reformar el protocolo”. “Habían pasado muchos años, se necesitaba un proceso más abierto para resolver estos temas, establecer mayores garantías, aclarar cuestiones en el procedimiento y ver qué pasaba con la composición de la Casas”, argumentó.
En sintonía con lo narrado por Viscardi, la coordinadora del protocolo contó que cuando en los centros educativos se detectaba una situación de acoso sexual, “empezaba un proceso burocrático”, ya sea porque se derivaba al Consejo correspondiente o porque se llevaba a cabo “a la interna del centro educativo”, lo que definió como “lo más inquietante”: “Les hacían preguntas, se veía la situación, iba la dirección, después a la DGES o a la Dirección General de Educación Inicial y Primaria, y después llegaba a la Casas”. En el caso del funcionariado de la ANEP, la coordinadora explicó que la presentación de las denuncias usualmente era a través de los y las jerarcas, quienes hacían la derivación.
Para que la persona denunciante “no pase por todo ese proceso”, modificaron la recepción de la comisión. De esta forma, para Placencia el procedimiento será más “ágil”, con “plazos y etapas para que se gestione rápidamente el expediente”.
“Ahora la comisión es de puertas abiertas a que las personas presuntamente acosadas denuncien directamente a la Casas”, reiteró. Asimismo, señaló que la comisión es de alcance nacional. Por ello, agregaron la posibilidad de que la persona pueda denunciar virtualmente, “con determinada documentación”, para que “todo el mundo pueda acceder”. “El procedimiento es más garantista, busca que todas las personas puedan acceder, sorteando burocracias; es más accesible”, aseveró.
La reconfiguración de la Comisión Asesora en Situaciones de Acoso Sexual
Si bien el nuevo protocolo ya está funcionando, la reconfiguración del equipo de la Casas todavía no se ha concretado. Placencia explicó que el Codicen tiene que aprobar la nueva constitución, pero dijo que “sin duda” será este año.
La recomposición de la Casas implica que en sus integrantes deje de haber representación sindical, como ocurría antes. “Ninguna comisión la tiene de forma directa, en grandes protocolos no la tenía, porque puede haber una cuestión compleja en que un representante sindical participe”, señaló Placencia.
De esta forma, el protocolo establece que la comisión será conformada por un representante de la Asesoría Letrada de ANEP “con formación jurídica”, otro de la Dirección de Derechos Humanos y un representante de la Dirección Sectorial de Gestión Humana del organismo.
La coordinadora destacó que otra de las modificaciones que mejorarán el funcionamiento de la comisión es que la coordinación de la Casas será “en forma rotativa”, porque “es un trabajo intenso”, y, además, el rol será ocupado por “personas con sensibilidad y capacidad específica en la temática, que tengan formación en temas de derechos, de género, derechos de infancia y adolescencia”. Aun así, aseguró que se realizarán capacitaciones para quienes integren la comisión.
Por otro lado, destacó la doble función de la nueva comisión. Además de la recepción de denuncias, señaló que también tendrá una función de asesoramiento, lo que implica que, por ejemplo, si “un centro educativo tiene dudas, puede consultar sobre qué es el acoso sexual”, relató. “Ese proceso es importante; es otra innovación que puede ayudar a prevenir situaciones de violencia”, aseveró.
Por último, puntualizó que el nuevo protocolo establece ciertos principios que “dan más garantías para todas las partes”, como “la igualdad, del interés superior del niño, la no revictimización, la imparcialidad”.
Una vez que se acabe el “limbo” de aprobaciones, Placencia señaló que comenzarán un “proceso de difusión y capacitación”, para aplicarlo el año próximo.
Aumento de denuncias de acoso sexual
El protocolo anterior estaba vigente desde 2014 y fue derogado por el actual. Desde entonces, para Viscardi, hay “mayor conciencia y trabajo de sensibilización”, producto “del reconocimiento de la importancia de las desigualdades de género, de no discriminar y de las diferentes formas de acoso como una de las dimensiones que no son aceptables en la vida cotidiana”. Como consecuencia de este proceso, que se da tanto a nivel nacional como internacional, se genera el “desafío de tener instrumentos que dialoguen con las leyes y que den curso a los reclamos y denuncias que puedan surgir”.
La mayor conciencia sobre qué es el acoso sexual y por qué no es tolerable es una de las razones que, según Viscardi, ha generado que más personas realicen denuncias. La directora de Derechos Humanos especificó que se trata de un “aumento gradual a lo largo del tiempo” y que, particularmente en “los últimos meses”, registraron “un incremento” de denuncias. En este contexto, manifestó la necesidad de “fortalecer el trabajo” de la Casas. “No hemos recibido denuncias de que no hayan sido atendidos casos, pero sí hay una necesidad de acelerar los tiempos” de respuesta, esgrimió.
Para Placencia, el incremento de las denuncias de acoso sexual dentro de la ANEP puede deberse a “distintos factores”, pero especificó que, particularmente en el último año, más estudiantes de educación han realizado denuncias, lo que puede asociarse a una mayor concientización de “cuándo hay conductas sexualizadas que no corresponden por parte del sistema educativo”. “Por suerte, me parece que los jóvenes, infancias y adolescencias son cada vez más conscientes de sus derechos y de exigirlos”, concluyó.
Más allá de los protocolos
En el nuevo protocolo se encomienda a la Dirección de Derechos Humanos elaborar estrategias para prevenir el acoso sexual, a través de la sensibilización y la capacitación, junto con la promoción de que también sean otras dependencias de la ANEP las que lo hagan.
Hay distintos abordajes para prevenir el acoso sexual. Según Viscardi, uno de ellos es “tener un sistema educativo que eduque, que explique lo que se puede y lo que no”. Para ello, en el correr del año han desarrollado 58 talleres en nueve departamentos del país, en los que no sólo han abordado la prevención del acoso a través de la educación sexual integral (ESI), sino también sobre la convivencia, el antirracismo y la discriminación, tanto con docentes como estudiantes.
Para prevenir el acoso sexual en el funcionariado, Viscardi señaló que con el Ministerio del Interior están “pensando” en aplicar nuevos protocolos y trabajar con los funcionarios “para seguir incidiendo en la conciencia”. “Hay todavía una cierta presencia de denuncias y reclamos de vulneración de derechos que tocan a funcionarios y docentes; entonces, primero es atender de la forma más humana estas situaciones y seguir trabajando en la formación de una conciencia”, explicó.
Además de la concreción del protocolo para prevenir el acoso sexual, Viscardi afirmó que desde la Dirección de Derechos Humanos van a trabajar en la actualización de otros protocolos, por ejemplo, sobre los conflictos entre adolescentes.
Si bien Viscardi resaltó la necesidad de “seguir mejorando los protocolos, que tienen sentido en el marco de una estrategia global llevada a cabo con docentes, estudiantes y comunidad”, aclaró: “Los protocolos no son una respuesta; para prevenir el acoso sexual también sumamos a las comisiones vinculadas a la ESI, las que abordan género y prevención de la violencia, pero la novedad es que hemos generado una estrategia sostenida a nivel territorial en trabajo de talleres, más allá de seguir colaborando a nivel curricular con la elaboración de contenido y seguir generando los cursos para formación para la igualdad”.
Para extender el trabajo territorial y que los protocolos funcionen de manera eficaz, la directora de Derechos Humanos subrayó la importancia de que se contemple la proyección presupuestal requerida ante el Parlamento.