Como parte de sus acciones relacionadas con el conflicto por el presupuesto, que la semana que viene incluirá paros y ocupaciones, la Coordinadora de Sindicatos de la Enseñanza del Uruguay (CSEU) organizó un conversatorio con autoridades de los entes de la educación pública y senadores de la oposición y el oficialismo. La temática fue el proyecto de Ley de Presupuesto Quinquenal y, en concreto, la posibilidad de lograr algún nuevo incremento para la educación, más allá de los obtenidos en Diputados.
Si bien valoró el esfuerzo de los diputados por otorgar más recursos a las principales instituciones de educación pública, José Olivera, coordinador de la CSEU, señaló que los incrementos votados “no mueven la aguja” en la participación del presupuesto educativo en el producto interno bruto (PIB). De hecho, la representante de los docentes en el Consejo Directivo Central de la Administración Nacional de Educación Pública (ANEP) Daysi Iglesias planteó que, de acuerdo con las proyecciones del propio gobierno sobre el crecimiento del PIB, en función de lo otorgado para todo el quinquenio, el presupuesto del ente disminuye su participación al final del período, ya que pasaría de 3,28% del PIB en la actualidad a 3,05% en 2029.
Olivera recordó el documento con propuestas que los sindicatos de la educación presentaron a los candidatos a la presidencia en la pasada campaña electoral, que incluía el histórico reclamo de llegar a 6% del PIB para educación y 1% para investigación.
Iglesias, por su parte, consideró que la lógica propuesta para la ANEP en el proyecto de ley enviado por el Poder Ejecutivo consiste en redistribuir recursos dentro del ente, ya que, por ejemplo, no se planteaba la creación de ningún cargo. Según la consejera, eso contrasta con algunas líneas de política educativa, como el aumento de los centros con extensión del tiempo pedagógico o la universalización de la escolarización en niños de tres años, para lo que se requieren más cargos. Iglesias contó que en la ANEP le han planteado que ese tipo de propuestas serán financiadas con recursos que se liberen por la baja de la natalidad, que es vista por el gobierno como una “oportunidad” por su efecto en la baja de la matrícula.
En la misma línea que Olivera, la representante docente se mostró especialmente preocupada por el déficit de la ANEP. En el período de gobierno pasado el organismo tuvo problemas para financiar el nuevo plan de estudios de la formación docente, además de las horas de acompañamiento para estudiantes que no lograban los aprendizajes esperados en todos los subsistemas del ente y por el aumento de las horas docentes en UTU. Según Iglesias, esos recursos sumados dan un déficit de 30 millones de dólares, pero de los 42 millones de dólares que ANEP recibirá como incremento en 2026 no se destina un solo peso a cubrirlo. Por lo tanto, estimó que “de algún lado tendrán que salir” esos recursos para equilibrar las cuentas y que lo más probable es que haya una redistribución interna, por ejemplo, en el armado de grupos.
El rector habló de los recursos otorgados a la Udelar y de las iniciativas de la institución que “quedarán por el camino”
A su turno, Héctor Cancela, rector de la Universidad de la República (Udelar) hizo un balance de los incrementos logrados en Diputados respecto del pedido inicial que había hecho la principal casa de estudios terciarios del país. Resumió que eso implica que “quedarán por el camino” muchas de las propuestas de la institución en su plan quinquenal.
Por ejemplo, mencionó que la Udelar tendrá un incremento de 245 millones de pesos para becas estudiantiles, para lo que había pedido 750 millones. Como se cubre un tercio de lo solicitado, que contemplaba a unos 4.000 estudiantes que cada año no obtienen la beca pese a que debería otorgárseles, dos tercios de ellos seguirán sin ese apoyo.
Cancela agregó que con las redistribuciones votadas en Diputados se logró asignar 100 millones de pesos para cargos docentes, pero no hay recursos para cargos de funcionarios técnicos, administrativos y de servicios (TAS). Eso plantea una situación problemática para la institución, que requiere más cargos de funcionarios. Subrayó que en algunos servicios se requieren de forma urgente funcionarios que desarrollan tareas TAS. Según ilustró, las nuevas sedes que la institución abrió en Colonia y Mercedes no tienen ningún cargo TAS asignado, por lo que “los docentes se pasan la llave” para abrir los salones. También mencionó el caso de la Facultad de Artes, que próximamente inaugurará su ampliación y dispondrá de más del triple de espacio, pero mantiene igual cantidad de funcionarios para realizar el mantenimiento y garantizar el funcionamiento.
Respecto de los 60 millones de pesos para financiar el régimen de dedicación total (DT) de docentes, también logrados en virtud de una reasignación de recursos en Diputados, el rector dijo que con esto podrán financiase sólo las DT de quienes sean evaluados hasta octubre de este año, y agregó que eso significa que quienes se postulen a partir de noviembre “van a quedar sin financiamiento”. Cancela también hizo referencia a los 70 millones de pesos reasignados para el desarrollo en el interior, ya que el mensaje del Poder Ejecutivo no incluía recursos para eso.
El jerarca mencionó los 160 millones de pesos obtenidos para el Hospital de Clínicas y otros cuatro millones para el desarrollo de telemedicina en la Facultad de Medicina. Si bien dijo que “son rubros importantes”, planteó que la Udelar tenía la intención de continuar con el plan de refuncionalización del hospital para 2030, como se había planteado en el gobierno pasado, pero eso requiere contar con cinco o seis veces más presupuesto para el centro de salud.
En relación con otros recursos que no fueron otorgados, el rector se refirió en particular a la falta de incrementos para el desarrollo de la carrera de funcionarios docentes y TAS. En este último caso, dijo que hay funcionarios que hace 12 años no tienen posibilidad de ascenso y agregó que se presentan situaciones similares en el caso de los docentes. En particular, se refirió al caso de los grados 1 y 2 y de unos 1.500 docentes que tienen 20 horas o menos de dedicación, lo que implica que cobren un salario inferior a los 25.000 pesos. Cancela también habló de la no obtención de presupuesto incremental para infraestructura y para la atención de la salud mental en la institución, entre otros puntos.
El Senado buscará obtener más recursos incrementales, pero con menos margen para reasignaciones
A su turno, el senador colorado Pedro Bordaberry aseguró que “todas las áreas del Estado necesitan más presupuesto” y que, por lo tanto, no querría estar en los zapatos del ministro de Economía y Finanzas, Gabriel Oddone, que se enfrenta a una situación fiscal compleja. Según el senador, el manejo del déficit fiscal ha sido “un desastre” en todos los gobiernos, incluido el anterior.
En ese sentido, dijo que “no se va a subir” a los reclamos de cumplir las promesas de campaña que hizo el Frente Amplio (FA) en materia de presupuesto educativo ni tampoco a los planteos de no crear más impuestos. “Cada partido ya hizo la campaña”, dijo, y planteó que la elaboración del presupuesto necesita de una oposición “que proponga, mejore y aporte” y de “un oficialismo abierto a escuchar”. “Vamos a pelearnos en la elección de 2029, no ahora”, sostuvo.
El líder de Vamos Uruguay planteó que la educación es una de las áreas en las que más y mejor información hay disponible para la toma de decisiones, aunque consideró que la asignación de recursos debería estar más asociada al logro de metas y el desarrollo de objetivos, por ejemplo, que más estudiantes culminen sus ciclos educativos en tiempo y forma. Más allá de la necesidad de más presupuesto en todo el Estado, Bordaberry dijo que “hay algunos organismos que podrían bajar un poco su presupuesto” para poder aportar a la educación, y anunció que hará propuestas en ese sentido y que algunas de ellas ya se hicieron en Diputados.
Por su parte, Bettiana Díaz, senadora del FA, dijo que, pese a que el presupuesto ingresará formalmente a la cámara alta el próximo lunes, la bancada oficialista ya viene manteniendo reuniones para determinar el margen de maniobra que tendrá a la hora de hacer nuevas reasignaciones. Dijo que están en una etapa de “rastrillaje”, ya que los márgenes de reasignación van a ser menores que los que había cuando el proyecto ingresó a Diputados. De todas formas, afirmó que “hay prioridades fijadas que deberían atenderse” y que la educación es una de ellas, como ya quedó demostrado en el presupuesto enviado por el Poder Ejecutivo.
Al respecto, atribuyó el escaso margen para lograr incrementos a que el FA hizo las proyecciones presupuestales a partir de una situación fiscal “muy alejada” de lo que el gobierno terminó recibiendo, lo que generó la necesidad de “recalendarizar” los incrementos. Más allá de ese escenario, Díaz dijo que el gobierno planteó como línea de base el año del gobierno anterior en el que hubo mayor ejecución presupuestal y que, de todas formas, logró obtener recursos para incrementar el gasto, 35% de ellos destinados a la educación.
La senadora aseguró que los legisladores y el Poder Ejecutivo trabajarán arduamente para cumplir con los compromisos de campaña y se refirió a “la confianza” que para eso brindan los anteriores gobiernos de la fuerza política, marcados por el incremento “como nunca” del presupuesto educativo y los salarios docentes, sobre todo en la ANEP.