Este jueves no habrá clases en los liceos públicos de todo el país, debido a que funcionarán las Asambleas Técnico Docentes (ATD) de cada centro educativo en la Dirección General de Educación Secundaria (DGES). El motivo de la convocatoria es el análisis del libro de resoluciones de la ATD nacional realizada en julio de este año, que puso el foco en varios temas, entre los que se destacan la revisión de los cambios curriculares implementados en el anterior gobierno, el presupuesto y la creación de una Universidad de la Educación.
Más allá de que cada asamblea liceal puede incorporar nuevos temas, el temario propuesto por la Mesa Permanente de la ATD abarca las políticas curriculares en ciclo básico y bachillerato, la educación de adultos, la situación de estudiantes con extraedad y en contexto de encierro. También las políticas de lenguas, el presupuesto educativo, la profesionalización docente y la realización de propuestas en materia educativa.
En una carta dirigida a las asambleas liceales, la Mesa Permanente de la ATD nacional destaca la relevancia de que la convocatoria se haga pocos días después del envío del mensaje presupuestal por parte del Poder Ejecutivo. Al respecto, se señala que la asignación de un presupuesto acorde a las demandas históricas del movimiento social es una “condición esencial para el reconocimiento y la plena garantía del derecho al conocimiento de nuestros estudiantes”.
Para que se garantice el ejercicio de ese derecho se requiere “atender de forma urgente las múltiples carencias que afectan a todo el sistema educativo a nivel de infraestructura, mantenimiento, construcción de nuevos liceos y creación de cargos, entre otros”, sostiene la Mesa Permanente. En este sentido, manifiesta su “profundo malestar y preocupación frente a los intentos de implementación de propuestas de vigilancia” que la Administración Nacional de Educación Pública (ANEP) pretende implementar y que comenzó por medio de un plan piloto en el liceo de Piriápolis, a las que define como “innecesarias y vulneradoras de derechos de estudiantes y docentes”.
En materia presupuestal, la carta pone de manifiesto “la marcada diferencia” entre el pedido presupuestal de la ANEP y los recursos que propone asignarle el Poder Ejecutivo. Al respecto, advierten que si no se incrementan los aumentos previstos, el presupuesto de la educación se reducirá en porcentaje con relación al producto interno bruto.
Si bien la mesa de la ATD valora que en el actual período de gobierno el órgano pudo funcionar de forma más dinámica y es consultada periódicamente por la DGES, sostiene que muchas veces los plazos para procesar las consultas no permiten “generar intercambios profundos”, por ejemplo, en materia de los perfiles de los cargos de docencia indirecta y su impacto en la profesionalización docente.
La ATD espera ampliar la diversificación en bachillerato
En lo que respecta a la revisión de la transformación curricular, la carta resume que la DGES elaboró un primer documento de síntesis de lo abordado en el grupo de trabajo creado para tal fin, que ya fue considerado en la anterior ATD liceal y que contiene varias propuestas de modificaciones. Según se menciona, como parte de una segunda etapa, actualmente está en elaboración otro documento que aborda los cambios más urgentes a implementar en 2026.
Más allá de que las autoridades de la ANEP “expresaron la voluntad de generar nuevos espacios consultivos para revisar temas de fondo” de mediano y largo plazo referentes a la transformación curricular, la Mesa Permanente lamenta que el documento de plan quinquenal elaborado por el organismo en el marco de la elaboración presupuestal “contradice” algunos acuerdos alcanzados en el grupo de trabajo de la DGES, como el mantenimiento y la profundización de la diversificación de la educación media superior. Según sostienen, eso va en contra de un apartado del documento entregado por la ANEP al Parlamento, que plantea: “En cuanto al bachillerato, se propondrá avanzar en un mayor nivel de integración entre las diferentes orientaciones, tendiendo a reducir a la máxima expresión el carácter propedéutico para lograr la concreción del mandato que establece la ley de incluir este ciclo como parte de la formación obligatoria”.
En la carta también se muestran críticos con políticas de acreditación de aprendizajes que la ANEP pretende ampliar y con que en la educación para adultos se transite la línea de apelar a planes piloto que sustituyan a los de 2013 y 1994.
En suma, se hace mención al informe presentado esta semana por el Instituto Nacional de Estadística, que arrojó que más de 40.000 niños y adolescentes de entre 5 y 17 años trabajan en Uruguay. “Ha quedado demostrado lo que los docentes han venido sosteniendo desde hace años: un alto número de estudiantes trabajan, en forma remunerada o no, y esa es una de las causas más importantes de desvinculación”, concluyen al respecto.