La Unesco presentó un informe sobre el uso de los celulares en las aulas de centros educativos de América Latina. El estudio, presentado en mayo y realizado a partir del relevamiento de datos entre 12 países de la región, fue llevado adelante por equipos técnicos y funcionarios de los ministerios de Educación y Comunicación de estos países. La puesta en común de cada país tuvo lugar durante un encuentro regional sobre Ciudadanía Digital, organizado por la Unesco en Montevideo, en octubre del año pasado.
Entre los países que formaron parte del informe se encuentran Argentina, Brasil, Colombia, Costa Rica, Chile, Ecuador, El Salvador, México, Panamá, Paraguay, República Dominicana y Uruguay. En el documento mencionado se señala que la mayoría de estos países de América Latina que cuentan con leyes o disposiciones ministeriales sobre el uso de celulares en los centros educativos aplican sus regulaciones en todos los niveles de enseñanza, desde educación inicial hasta educación media.
Asimismo, se destaca que en la mayoría de los casos las regulaciones se limitan al uso de los dispositivos dentro del aula. Aunque en países como Brasil y Uruguay, así como en algunas provincias de Argentina, las restricciones también abarcan otros espacios y momentos de la jornada escolar, incluidos los recreos. “La mayoría de los países espera que la regulación genere un impacto positivo en los alumnos. Sus expectativas aluden, especialmente, a mejorar el rendimiento académico y la salud emocional de los estudiantes”, señala el informe.
La regulación o no sobre el uso de celulares en las escuelas presenta una preocupación, alerta el documento. Zelmira May, especialista regional de Educación de Unesco, dialogó con la diaria sobre el tema y planteó que “si uno va a prohibir, hay que tener los mecanismos para poder dar cumplimiento” a esas prohibiciones. En este sentido, señaló que prohibir los dispositivos celulares en un país como Uruguay, que cuenta con el Plan Ceibal, “es quizás un poco demasiado”.
La especialista afirmó que las prohibiciones más estrictas que se observan en algunos países europeos responden a realidades distintas a las que se observan en América Latina y, en ese sentido, advirtió que trasladar esas políticas europeas de forma automática a la región podría profundizar las desigualdades ya existentes. “La gran trampa en la que podemos caer con esto es la de generar más inequidad”, sostuvo, y explicó que en algunos países de la región el uso de los celulares constituye una herramienta importante de acceso a recursos educativos y conectividad. Por eso, consideró más adecuado implementar regulaciones adaptadas a las realidades locales.
En cuanto a la elaboración de las regulaciones, May planteó la necesidad de avanzar hacia modelos “flexibles y participativos”. Asimismo, consideró importante que los estudiantes puedan involucrarse en la discusión sobre las normas de regulación en el uso de los dispositivos, aportando su visión sobre cuáles serían las medidas más adecuadas y cómo perciben sus efectos en la vida escolar. “Si estamos teniendo esta discusión en serio y estamos pensando cuáles son esos rangos etarios donde el uso del celular se va a regular, yo pienso que hasta ellos pueden tener una voz para decir qué es lo mejor”, señaló, aunque aclaró que esta medida tendría mayor sentido a partir de la educación media. Asimismo, consideró importante incorporar en la discusión la visión de los referentes a cargo de estos estudiantes.
Volviendo al informe, las razones que impulsan a los países de América Latina a restringir el uso de celulares en las aulas son varias, aunque existen algunos puntos en común en varias de ellas. En principio, reducir las distracciones y mejorar la atención durante las clases, fortalecer el rendimiento académico y proteger la salud mental de los estudiantes son algunos de los ejemplos. Asimismo, estas medidas buscan promover el bienestar integral de los estudiantes, disminuir la exposición prolongada a las pantallas, fomentar la socialización cara a cara y mejorar la convivencia escolar.
El documento también señala que estas regulaciones apuntan a prevenir riesgos en línea, así como también a fortalecer la seguridad en los entornos digitales. En ese sentido, May explicó que utilizar la prohibición como método para eliminar riesgos como el ciberbullying no ayudaría a desaparecer el problema, ya que continuaría ocurriendo en otros espacios a los que el ámbito educativo no alcanza. En su lugar, hizo hincapié sobre el aprovechamiento del espacio escolar para la incorporación de la educación sobre “ciudadanía digital”, la cual promueve el uso de la tecnología de forma “segura, crítica y reflexiva”.
May mencionó que las miradas a favor y en contra de la regulación provienen de grupos con enfoques formativos distintos y señaló que la evidencia más clara a favor de la restricción o prohibición proviene del personal de la salud, que argumenta que los usos de la tecnología en edades tempranas favorecen perjuicios en el desarrollo.
“Hacia una ciudadanía digital”
Una de las respuestas de fondo pasa por fortalecer la ciudadanía digital, según se explica al final del documento. Al respecto, May advierte que en la actualidad el ejercicio de la ciudadanía también transcurre en los entornos digitales, por lo que resulta necesario que niños, niñas y adolescentes desarrollen las habilidades necesarias para participar de manera crítica, segura y responsable en esos espacios.
En ese sentido, sostuvo que no alcanza con limitar el acceso a la tecnología, sino que es necesario formar a las personas para que comprendan y gestionen los desafíos que presenta el mundo digital. “Nadie puede hacer un ejercicio pleno de su ciudadanía si lo sacamos del entorno digital”, afirmó la especialista.
A su vez, recordó que Uruguay comenzó a trabajar en este concepto cerca de 2018, antes de que estas discusiones adquirieran la relevancia que tienen hoy. La iniciativa, que según cuenta fue impulsada por la Agencia de Gobierno Electrónico y Sociedad de la Información y del Conocimiento, también contó con la participación de Ceibal, el Ministerio de Educación y Cultura y la propia Unesco, entre otros organismos, con el objetivo de construir una definición común sobre el tema.
Además del uso crítico de la tecnología, May explicó que la ciudadanía digital apunta a formar ciudadanos capaces de comprender cómo funcionan los entornos digitales y de desarrollar competencias específicas para desenvolverse en ellos. En ese sentido, señaló que no se trata únicamente de aprender a usar herramientas tecnológicas, sino también de entender los riesgos asociados a internet, como el “grooming” o el “cyberbullying”, y reconocer que detrás de las plataformas y redes sociales existen intereses y algoritmos que condicionan el consumo.
Al mismo tiempo, la especialista insistió en la necesidad de desterrar el mito de los “nativos digitales” al afirmar que los jóvenes suelen tener un manejo mayormente “instrumental” de la tecnología, pero que no necesariamente cuentan con herramientas para hacer un uso seguro y consciente de ella.
Por otro lado, sostuvo que la educación sobre ciudadanía digital también debe acompañar a los docentes y brindarles herramientas que ayuden a enseñar con y sobre tecnología. Para evitar la sensación de sentirse “disminuidos” ante la comprensión de códigos de funcionamiento de plataformas y aplicaciones que, según afirmó, “vinieron para quedarse”.
