No es la primera vez en la historia electoral de Uruguay que se busca habilitar los allanamientos nocturnos que la Constitución de la República hoy prohíbe. En 2019, el entonces senador Jorge Larrañaga, fallecido en 2021 cuando se desempeñaba como ministro del Interior del actual gobierno, ya los había impulsado en una reforma constitucional que no prosperó.
La idea de habilitar los allanamientos nocturnos recobró fuerza este año luego de que el senador del Partido Nacional Carlos Camy presentara la propuesta en el Parlamento y alcanzara 71 firmas de los dos quintos necesarios de la Asamblea General, y por lo tanto se habilitara el plebiscito que se votará en octubre.
El artículo 11 de la Constitución establece que el hogar es un “sagrado inviolable” y que por la noche “nadie podrá entrar en él sin consentimiento de su jefe, y de día, sólo de orden expresa de juez competente, por escrito, y en los casos determinados por la ley”. La reforma planteada por el plebiscito elimina la diferenciación entre la noche y el día.
Según las últimas encuestas de las consultoras, la intención de voto de este plebiscito oscila entre 50% y 68%. Los eventuales protagonistas de los allanamientos, las fuerzas policiales, se han expresado a favor y en contra en el correr de los meses, pero aún hay posiciones encontradas.
Por otro lado, la Unión de Policías de Maldonado manifestó que “no están dadas las garantías ni el personal está preparado” para implementar la medida, si bien no están en desacuerdo con ella.
A su vez, la Coordinadora Nacional de Sindicatos Policiales (Conasip) realizó una movilización en la que, entre diversos reclamos, rechazaron la propuesta de habilitar los allanamientos nocturnos también por falta de garantías.
Fiscal presente, equipamiento y entrenamiento, algunas de las garantías necesarias, según vocero de la Conasip
En diálogo con la diaria, Rudeber Buela, vocero de la Conasip y presidente del Sindicato de Policías Agremiados Canarios (Sidepac), indicó que hoy la coordinadora moviliza aproximadamente 5.000 funcionarios en todo el país, y que al menos diez de los sindicatos nucleados están en contra de los allanamientos nocturnos, entre ellos, la Guardia Republicana, “que es el cuerpo más táctico que tenemos”, señaló.
Para Buela las garantías “vienen de la mano de varias cuestiones”, y planteó tres posibles medidas. En primer lugar, desde la Conasip consideran que las garantías no son únicamente para la Policía, sino también para la población, ya que cuando se realiza un allanamiento hay personas que “no necesariamente tienen que ver” o “incluso están en el lugar en forma circunstancial porque pasaron o estaban allí” como “familiares o consumidores”.
Es por eso que piden que el operativo tenga la presencia de un fiscal “para arreglar el procedimiento, llevarlo, hacerlo de acuerdo a derecho siempre, y poder ser la garantía legal de los trabajadores y de los que están siendo allanados”.
Sin embargo, Carolina Camilo, presidenta de la Asociación de Defensores de Oficio (Adepu) del Uruguay –que también se expresó en contra de la medida–, consultada al respecto por la diaria, explicó que “tener a esos operadores ahí a veces puede generar una obstaculización del procedimiento en sí, porque obviamente ellos no tienen por qué saber hacer un allanamiento”.
Carolina Camilo.
Foto: Ernesto Ryan
Además, dijo que “hay que garantizarle la seguridad a un fiscal que en horas de la noche va a ir a un allanamiento”. Por eso, desde Adepu, no consideran que “las garantías pasen por la presencia física de un fiscal en el lugar”.
Por otro lado, y en segundo lugar, Buela dijo que hay una cuestión que tiene que ver con el “atributo tecnológico”. “A nosotros nos parece que la adquisición [de equipamiento] que se ha estado diciendo de parte del MI, que para ellos es suficiente material, para nosotros en realidad está muy lejos de serlo”, consideró.
Explicó que lo consideran insuficiente porque en Uruguay existen 19 jefaturas, y por tanto “son varias reparticiones y direcciones nacionales que trabajan con el procedimiento del allanamiento”. “Hay un material tecnológico que además tiene que estar actualizado, tiene que estar cuidado”, destacó.
En ese sentido, el Sindicato Policial Nacional (Sipolna, ex Sipfom) manifestó no estar en contra de la iniciativa; pero sí reclaman garantías, y es por eso que hace unas semanas mantuvieron una reunión con el ministro del Interior, Nicolás Martinelli, en la que les quedó “un poco más claro el panorama”, según indicó la presidenta Patricia Noy a la diaria.
Noy señaló que como sindicato nunca dijeron estar en contra, ya que entienden que no podrían tomar esa posición sobre “una herramienta para combatir la delincuencia”, pero que, como “representante de los trabajadores”, les preocupaba no tener “gran información de las herramientas con las cuales se cuenta” si el plebiscito prospera.
En la reunión, Martinelli les informó que se habían adquirido 50 visores nocturnos, que de acuerdo con Noy son “parte de las herramientas” que mencionaban para el allanamiento. “El ministerio ya adquirió, y en caso de requerirse más, no tienen inconveniente en hacer la compra”, apuntó.
Por su parte, Buela subrayó que cuando hablan de equipamiento no sólo se refieren a estos visores nocturnos, sino también a “mejor” y “superior” armamento al que ya manejan, así como “superiores medidas de protección”. “El chaleco, nosotros lo entendemos como parte del armamento, pero son medidas de protección que son en realidad mínimas; hoy día la indumentaria policial no está a la altura de poder llevar a cabo actividades de comando”, expresó.
Consultado al respecto, Buela indicó que en los allanamientos diurnos utilizan un chaleco táctico que “protege sobre todo el torso”, pero que “en realidad te deja desprotegido desde muchos lugares”, como por ejemplo el cráneo, las piernas, los brazos, y señaló que pueden “entrar balas por debajo de las axilas y partir el corazón”. “No te pueden matar seguramente de un tiro en un brazo o en una pierna, pero sí de un tiro en la cabeza, sí un tiro por debajo del chaleco antibalas o por debajo de las axilas”, subrayó, y agregó que “eso ha ocurrido, está comprobado; hay varias muertes en la fuerza policial por eso”.
En tal sentido, afirmó que hoy “los policías están llevando a cabo los allanamientos con una protección mínima”, y que van a “estar enfrentándose a delincuencia que maneja armas iguales o superiores”. “Se sabe que hay una delincuencia, sobre todo la que se maneja con el narcotráfico, que maneja armas de muy alto calibre y de gran poder de fuego”, remarcó.
El tercer elemento, según Buela, es el entrenamiento, ya que es lo que le “falta” a la Policía, así como “capacitación, educación en la táctica y la estrategia para llevar adelante el allanamiento”. “Hoy se hace casi que como una especie de rejunte de personal, que hace que la gente no se conozca cuando va al allanamiento; un problema enorme”, mencionó, y por tanto “se entra de manera muy improvisada, muy artesanal”.
Planteó que hoy no hay una unidad específica que se encargue de realizar los allanamientos, es por eso que desde la Conasip proponen que a nivel de jefatura debería existir un “equipo capacitado”.
“La formación del personal policial hoy no es suficiente”, dijo y continuó: “Es una formación que tiene que estar en forma constante, desde que ingresás a la escuela hasta que te jubilás”, ya que “muchas cosas evolucionan, pero sobre todo está la evolución fortuita de los procedimientos, y uno tiene que poder prever muchas cosas, que sin entrenamiento ninguno es estar librado a la suerte”. Según Buela, estas carencias que menciona ya se ven en los allanamientos diurnos, que se “hacen así a los pedruscos”.
Patricia Noy.
Foto: Mara Quintero
Noy dijo que “No es lo mismo un allanamiento diurno y nocturno”, por lo que la capacitación es “diferente”. En la reunión que mantuvieron como sindicato con el ministro del Interior, este les transmitió que “no va a ser cualquier policía que va a realizar los allanamientos, sino que van a ser grupos específicos”, como la Unidad de Apoyo Táctico Especial (Unatem), la Guardia Republicana, Narcóticos, que “ya tienen otra preparación”. Asimismo, Martinelli les comentó que en caso que el plebiscito se apruebe desde el MI “no hay problema de incrementar los cursos”, y que para las personas que ingresan a la escuela, “lo van a poner también como una currícula”.
De acuerdo con la presidenta de la Asociación de Defensores de Oficio, que es abogada especializada en familia, una garantía tanto para la Policía “cuando es denunciada por irregularidades en el procedimiento”, como para los operadores judiciales que defienden a las personas detenidas, sería tener un registro fílmico del allanamiento con cámaras corporales.
“Para nosotros es fundamental, porque obviamente nuestros patrocinados no van a tener registro fílmico del procedimiento” y “va a ser muy difícil en horas de la noche tener testigos”, aseguró. “En ese sentido, creo que la filmación es mucho más garantista, inclusive, que la presencia física de un fiscal ahí”, sostuvo.
Aclaró que desde “hace muchos años” la asociación exige esto, y que si bien el uso de las cámaras ya existe, “no hay una obligatoriedad en su uso, entonces queda a discrecionalidad del policía”. Además, continuó, “no existe disponibilidad en todo el país de la misma cantidad de cámaras, y también depende mucho de la Policía”. “Cuánto más especialización hay de la Policía, hay más chances de que exista una filmación del procedimiento; cuando esto tiene que ver con policía que no es especializada, ahí es distinto”, detalló.
Para abogado penal, una investigación podría verse frustrada si se hace un allanamiento erróneo
El abogado penal, Rodrigo Rey, explicó a la diaria que un allanamiento nocturno que se realiza de forma errónea puede llevar a que la investigación se invalide, ya que estos como medida de prueba “tienen un procedimiento metodológico de implementación, que requiere labrar acta, y que se labre en determinadas condiciones materiales que la evidencia que se está incautando, sea sometida a alguna prueba, a algún test preliminar de identificación”.
En tanto, precisó que desde el punto de vista procesal penal, eso que se incauta “todavía es evidencia”, y de esa forma “hay que ejecutarlo con mucho rigor” ya que “si no se respetan las cadenas de custodia, si no hay una adecuada trazabilidad de los elementos que se incautan, puede haber vulnerabilidades que, desde el punto de vista procesal, es una ruptura inferencial”.
Por lo tanto, si esto no se respeta y en caso de que “no se respeten todos y cada uno de los procedimientos” se podría “abrir una puerta, una nulidad”. Además, planteó que “la reconstrucción de los procedimientos policiales se hace con los testimonios de la propia policía que intervino en esos operativos”, por lo que “va a ser complejo lograr cumplir con todos los objetivos del allanamiento que muchas veces hay que tener, y que la información obtenida sea trazada adecuadamente para que pueda llegar a la investigación preservada”.
Por su parte, Noy reconoció que “ha habido errores” en allanamientos, pero afirmó que “en la cantidad de allanamientos que se realizan no es la regla de que estén funcionando mal o que se cometan errores continuamente”.
El allanamiento nocturno es “una falacia” y “una mentira” en la seguridad, según Buela
El vocero de la Conasip aseguró que “para que la boca de pasta base no vuelva a reabrir, lo que tenés que atacar es la cadena logística”, y que esta “no comienza en la boca de pasta base”, sino que “comienza en las fronteras del país, comienza en los barrios acaudalados donde hay dinero y contactos para hacer entrar la droga” y “comienza en la investigación de lavado de activos”.
“Por eso decimos nosotros, como Coordinadora, que el allanamiento nocturno es una falacia, es una mentira en la seguridad, que es una herramienta que podría llegar a funcionar bien”, enfatizó.
Rey consideró que de aprobarse, el allanamiento nocturno “va a brutalizar la situación policial”, ya que “quiere decir que no hay inteligencia”, y “si hay buena inteligencia, no se tiene que hacer noche”. El abogado también señaló como importante que, de eliminarse el obstáculo constitucional, “tiene que haber una justificación adicional en todos y cada uno de los casos por parte del fiscal de por qué quiere hacer el allanamiento de noche”. “Para mí se debería agregar una carga de una segunda justificación más acentuada, más específica”, valoró.
De aprobarse el plebiscito que elimina la garantía constitucional, Camilo puntualizó que para Adepu la nocturnidad “va a generar una consecuencia que es una mayor violencia en el procedimiento en sí”, ya sea “la violencia que la autoridad policial tenga que desplegar para garantizar su seguridad, como también la respuesta y la violencia que pueden tener las personas que van a ser objeto de esos allanamientos.”.
En la misma línea que Rey, Camilo expresó que el allanamiento nocturno “tiene que ser una excepción porque capaz que hay otra forma de detener e investigar a esa persona que no tenga que ver con ingresar a su hogar en horas de la noche”. “Es poder ponderar y decir: ¿cuáles son los beneficios y cuáles son las desventajas de la medida?”, cuestionó.