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Mario Bergara.

Foto: Martín Varela Umpiérrez

Senadores del FA entienden que existen responsabilidades políticas en el caso de la entrega del pasaporte a Marset, a pesar del archivo de la investigación

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Mario Bergara sostuvo que en el dictamen fiscal se confirma que “se le ocultó información al Parlamento”.

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La Fiscalía de Delitos Económicos y Complejos de 1º turno, a cargo del fiscal Alejandro Machado, archivó la investigación sobre la entrega del pasaporte al narcotraficante Sebastián Marset, quien en ese entonces se encontraba detenido en Dubái. La investigación —que involucró como indagados, entre otros, al excanciller, Francisco Bustillo, la exvicecanciller, Carolina Ache, el exministro del Interior, Luis Alberto Heber, y el exsubsecretario del Interior, Guillermo Maciel— descartó la existencia de un delito en la entrega del pasaporte, pero aún continuará al respecto de la destrucción de documentos públicos asociados al caso

Más allá de que la fiscalía entendió que no había responsabilidad penal en ese hecho, desde la bancada frenteamplista se entiende que los exjerarcas involucrados en el hecho poseen otras responsabilidades que no pueden ser obviadas. Uno de los que refirió en rueda de prensa al hecho fue el senador Mario Bergara, quien recordó que aunque la justicia entienda que no hubo delito, debe tenerse en cuenta que “no había por qué enviarle a Marset el famoso pasaporte que le permitió salir de la cárcel de Dubái y estar hoy todavía prófugo de la justicia internacional”. 

“Todavía quedamos con esa gran incógnita, por qué se le expidió un pasaporte a un narcotraficante ‘peligroso y pesado’ que maneja la hidrovía y que tiene vinculaciones con el narcotráfico internacional”, se preguntó por otra parte en diálogo con la diaria el senador Charles Carrera. 

En la misma línea, el senador José Carlos Mahía dijo a la diaria que desde el punto de vista político “es grave” lo sucedido, dado que, como “consecuencia de la acción del gobierno, con la expedición de un pasaporte que pudo no haber sido otorgado en los plazos en los cuales fue solicitado, un narcotraficante -como decidió el exsubsecretario Maciel, pesado y peligroso- hoy está prófugo de la justicia internacional”.

Bergara coincidió en que lo sucedido es “muy grave” desde el punto de vista político, y eventualmente habrá que analizar si “pudiera caber en alguna figura delictiva”, algo que, según admitió, “es un tema mucho más delicado”. Mahía también profundizó en que las responsabilidades vinculadas a este aspecto de la causa “es un tema de análisis de la propia bancada y de la fuerza política” en relación al Frente Amplio, dado que “teniendo posibilidades desde el punto de vista legal para obrar distinto se obró posibilitando la actual situación de este ciudadano uruguayo prófugo de la justicia internacional [Sebastián Marset]”. 

Las autoridades y la mentira al Parlamento

Bergara, por otra parte, también apuntó a que la investigación llevada adelante por Machado confirma que “se le ocultó información al Parlamento”. De acuerdo a lo publicado por el senador Carrera en su cuenta de X, el propio dictamen señala que se puede “concluir que los ministros de Estado como sus respectivos subsecretarios faltaron a la verdad y ocultaron información a la Cámara de Senadores y en definitiva a la ciudadanía que estos representan en oportunidad de celebrarse la sesión extraordinaria de fecha 22 de agosto de 2022”.

Esta comprobación, para Bergara, marca “la responsabilidad” de estos exjerarcas desde el punto de vista “político” e “institucional”. “Son cosas absolutamente reprochables porque desnivelan lo que tiene que ser el equilibrio de poderes que tiene nuestra democracia”, puntualizó el senador. En esa línea, apuntó que se seguirá trabajando para que “ese ocultamiento y esa mentira al Parlamento tenga consecuencias más allá de las políticas que tuvo”.

Mahía, por su parte, apuntó a que “se rompió el principio de la buena fe que tiene que tener el gobierno, donde el Poder Ejecutivo le informa la verdad al Parlamento aunque la verdad no le convenga”. 

Lo que resta de la investigación

Con respecto a lo que resta por definirse en la órbita penal, concretamente lo que tiene que ver con la destrucción de documentos públicos vinculados a la causa, Mahía subrayó que se espera que la “investigación sea rigurosa, más allá de las autoridades que tengan que pasar a declarar sobre el tema”. “Es muy delicado el asunto, hay que tener en esto respaldo institucional e independencia absoluta de los poderes”, agregó el senador.

Carrera, en su caso, recordó que esto “involucra directamente el piso 11 de la Torre Ejecutiva”. “No nos olvidemos que en esa causa va a ser citado el presidente de la República, que fue donde pasó a saludar a una reunión que se hizo en secreto”, indicó. “Se ingresó por el garage, se ingresó con total hermetismo y secretismo a la Torre Ejecutiva y participó el principal asesor del Presidente de la República como fue [Roberto] Lafluf”, apuntó.

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