¿Cuáles son los futuros posibles imaginados para los activismos LGBTI en América Latina? ¿A qué desafíos se enfrentan? ¿Cómo impacta el avance en la región de movimientos de ultraderecha, grupos conservadores y fundamentalismos religiosos decididos a imponer una agenda antiderechos? ¿Y los flujos migratorios? ¿Qué características tiene que tener el movimiento de la diversidad sexual para hacerles frente? Estas preguntas y otras sirvieron apenas como disparadores para que referentes LGBTI de cuatro países de América Latina, incluido Uruguay, compartieran reflexiones y experiencias de trabajo interseccional en el conversatorio abierto “Futuros LGBTIQ+”, organizado por la Secretaría de la Diversidad de la Intendencia de Montevideo (IM).
La invitación era a “pensar el futuro” para las disidencias sexuales en un contexto regional “que se presenta adverso”, explicó Andrés Scagliola, coordinador de la Secretaría de la Diversidad, en la presentación de la actividad. En ese sentido, dijo que es un momento en el que, por un lado, “los discursos vinculados a la seguridad pública y a la militarización están avanzando y están ganando audiencia en la ciudadanía” y, por otro, “el fundamentalismo religioso instala una agenda antiderechos que propone una regresión cultural y un único modelo de familia, de ser y de amar”. Pero además, dijo, sucede que en América Latina están ganando poder político “coaliciones conservadoras” que incluso en los países en donde no han provocado “regresiones en términos de derechos reconocidos” sí han logrado “cierto vaciamiento de la agenda LGBTI en términos de recursos y de voluntad política para que esas leyes efectivamente se cumplan”. La contracara de ese combo tiene que ser la unidad de los activismos y la construcción de estrategias que apunten a la defensa y ampliación de los derechos ya ganados.
La base de esa construcción, dijo Scagliola, tiene que ser la interseccionalidad, el marco en el que se entrecruzan distintas identidades –como pueden ser clase socioeconómica, grupo étnico-racial o género– con sus respectivas discriminaciones y sistemas de opresión. Y tiene que atravesar tanto el activismo y las luchas sociales como la creación de las políticas públicas. Sobre todas estas cuestiones reflexionaron el mes pasado referentes LGBTI de Colombia, Ecuador, México y Uruguay en el Centro de Formación de Cooperación Española.
La clave de lo interseccional
Hace dos años la Secretaría de la Diversidad impulsó junto a otros organismos locales e internacionales el ciclo Intersecciones, que apuntaba a visibilizar las distintas desigualdades que cruzan a las personas LGBTI, más allá de las cuestiones vinculadas a la orientación sexual o la identidad de género. Por eso se tejieron diálogos entre personas LGBTI afro, migrantes, con VIH, en situación de discapacidad, privadas de libertad, jóvenes, viejas. La actividad puso sobre la mesa los distintos ejes que atraviesan a las poblaciones LGBTI, pero al mismo tiempo generó un acumulado de conocimiento, fruto de ese intercambio, y nutrido también del aporte de expertos, representantes de los movimientos sociales y referentes institucionales que participaron.
Para Noelia Ojeda, licenciada en Ciencia Política e integrante del colectivo uruguayo Mizangas Mujeres Afrodescendientes, el ciclo de 2017 “fue la primera experiencia a nivel departamental de pensar políticas públicas desde un enfoque más integral”, explicó durante el conversatorio, del que participó como representante de Uruguay. La activista consideró que una buena experiencia de trabajo interseccional en el país es la que generó la Coordinadora de la Marcha por la Diversidad, que se formó puntualmente para organizar la movilización, pero que con los años se transformó en un lugar de acción más amplio para colectivos tanto LGBTI como feministas, afro o de personas con VIH, entre otros.
La “estrellita” de este año, dijo Ojeda, fue la articulación nacional del No a la Reforma, contra la reforma constitucional impulsada por el senador electo Jorge Larrañaga, del Partido Nacional. “Ahí también nos preguntamos de qué manera puede afectar esta reforma a las personas afrodescendientes, sexualmente diversas y, además, pobres”, contó Ojeda. Desde esa perspectiva fue que los colectivos integrantes construyeron la campaña contra la reforma, que finalmente fracasó.
Por otro lado, Ojeda insistió en la necesidad de salir de Montevideo: “Las ciudades tienen que tener la capacidad de generar redes con otras ciudades afuera, pero también dentro del mismo país y pensar estrategias para ver de qué manera podemos llegar con esta misma agenda a los territorios de los distintos departamentos”.
En la misma línea se manifestó el politólogo colombiano Wilson Castañeda –director de la organización Caribe Afirmativo, con experiencia en protección de derechos humanos de personas LGBTIQ afro, indígenas y desplazadas por el conflicto armado–, quien aseguró que “el futuro de la agenda de la diversidad sexual tiene que ser un futuro de la territorialidad”. Al respecto, contó la experiencia de las Casas de Paz, espacios en los que su organización trabaja con personas LGBTI que habitan la “periferia colombiana”. “A veces nuestra agenda funciona en la ciudad capital y en los documentos nacionales, entonces te encuentras con que una mujer indígena y trans en la frontera de Colombia con Venezuela busca atención en salud y tiene que ir a Bogotá, donde nunca ha ido, porque el Estado no ha hecho el ejercicio de pensar en la ruralidad”, dijo el referente. El colombiano aseguró en paralelo que hay “mucha homofobia” en la territorialidad, por lo que también hay que realizar allí un trabajo de sensibilización que logre “desmontar discursos y prácticas prejuiciosas”.
La experiencia en Ecuador la contó Danilo Manzano, director de la organización Diálogo Diverso, que entre otras cosas trabaja en la protección de derechos humanos de las personas LGBTI en situaciones de movilidad humana, una población que describió como “completamente invisibilizada”. El activista dijo en ese sentido que uno de los errores que se cometen es pensar en la migración como si fuesen “masas de grupos homogéneos, dejando de lado las particularidades propias de las personas que de manera forzada se ven obligadas a tener que dejar sus países de origen”. Tampoco se consideran los elementos que tiene que evaluar la población LGBTI cuando toma la decisión de dejar el país. “A diferencia de la mayoría de la población heterosexual, las personas LGBTI sí analizan a qué país quieren ir y por qué. Quizás las demás personas eligen Colombia porque tienen un primo que ya les consiguió un trabajo. En el caso de las personas LGBTI la situación es completamente diferente, dijo Manzano, porque “obviamente va a migrar a un país en el que encuentre que se respeten sus derechos humanos”.
Diálogo Diverso apuesta justamente a proteger los derechos de estas poblaciones con el proyecto Mi Casa Fuera de Casa, un centro de referencia para personas LGBTI, provenientes en su mayoría de Venezuela, en el que brindan servicios jurídicos y de salud. “Hicimos esto porque nos dimos cuenta de que si bien la cooperación internacional desde sus diferentes instancias quería apoyar la movilidad humana LGBTI, no tenía conocimiento de dónde están y de cómo llegar a ellos”, explicó Manzano. En ese marco, Diálogo Diverso aparecía como una organización base con conocimiento del territorio e interacción tanto con la población de llegada como con la de acogida. El centro se inauguró hace menos de un año y ya acogió a más de mil personas, según dijo el referente ecuatoriano, que adelantó sobre planes para que el programa se convierta en un proyecto regional.
La mirada hacia adelante
¿Desde dónde mirar, entonces, el futuro? Para Ojeda, de Mizangas, “cualquiera que sea el futuro posible”, tiene que ser uno en donde el movimiento social siga “fortaleciendo y articulando las diferentes demandas” de todos los colectivos, sin grietas, porque “la necesidad de justicia, de reparación y de dignidad humana no se agota”. Especialmente en un escenario regional que ve avanzar en los últimos años a los movimientos ultraderechistas y fundamentalistas.
Acerca de estos grupos, Ojeda destacó que “ya no solamente atañen a lo económico, como quizás en otras décadas era lo más común y que simplemente marcaban la diferencia de clase”, sino que ahora “las diferencias se hacen además en función del género o de la ascendencia de la persona”. La activista se refirió en particular a la consolidación este año de Cabildo Abierto como cuarta fuerza política para advertir que “más allá de las lecturas que se puedan dar de cómo un partido de extrema derecha llegó al Estado con tanta fuerza y en tan poco tiempo”, se armó “un nuevo frente de batalla con un tipo de partido que va a ejercer presión sobre la agenda de derechos que hemos conquistado”.
Según Castañeda, lo primero que hay que hacer de cara al mapa futuro es “un blindaje regional”. En esa línea, explicó que para evitar retrocesos los países de América Latina y el Caribe tienen que “hermanarse”. Para eso, sostuvo, es necesario activar acciones afirmativas en el ámbito local “para cambiar la realidad mientras todo lo demás –como las leyes– avanza”, adoptar buenas prácticas e implementar políticas públicas. “Porque hoy todo el mundo tiene políticas públicas”, acotó, “pero ¿cómo pensamos implementarlas para que funcionen?”.
Amaranta Gómez Regalado –antropóloga social, activista en prevención del HIV, investigadora, promotora de la identidad cultural indígena precolombina y muxe mexicana– también considera que pensar en los futuros LGBTI es, primero, tener en cuenta la geopolítica y el contexto latinoamericano de “crisis políticas, económicas, culturales”, luchas de clases y de poderes y fundamentalismos. Pero también es un futuro en el que las comunidades “puedan pensarse desde la interseccionalidad”. Por eso, a la hora de referirse a las prioridades del movimiento, habló en primer lugar de la lucha contra el racismo y el clasismo. Sobre esto último, dijo: “A veces se habla de cómo seguir blanqueando o no la agenda LGBTI y apartarse del HIV porque eso nos ‘contamina’ políticamente. Eso no es políticamente correcto. Revisemos eso, porque son vidas las que están en peligro cuando hay una falta de acceso a los medicamentos o desabastecimiento”.
Por otro lado, reconoció tener “serias preocupaciones” acerca de la “alianza tradicional” del movimiento de la diversidad sexual con el feminismo, porque –a su entender– el movimiento feminista “siempre está peleando en primera línea” en defensa de la agenda LGBTI, pero “cuando salen las feministas a decir ‘derecho al aborto’ hay cierta moralina dentro de lo LGBTI”. La activista mexicana insistió en que es crucial asumir estas debilidades para “fortalecer esas alianzas contra estos férreos fundamentalismos que nos agobian en la región”. También hay que conectar las generaciones de activistas. “Pareciera que lo viejo ya está agotado y las nuevas juventudes son las más experimentadas y no es así”, afirmó; “necesitamos encontrar puntos de encuentro en donde la experiencia se ponga al servicio y los jóvenes aprendan al mismo tiempo que enseñan con ese ímpetu que traen”.
Y habló del lenguaje como un desafío para debatir en el futuro quizás más inmediato. “Hay un castellano esquizofrénico que nos está agobiando y que nos coloca solamente en un mundo de él o la, donde no parece haber un tercer lugar”, cuestionó, y propuso “revisar las otras oportunidades lingüísticas” que existen. Puso como ejemplo el artículo neutro “ti”, en zapoteca, que no antepone el género. “Creo que es necesario construir una dialéctica que abarque las interseccionalidades”, dijo Gómez Regalado, “porque es muy preocupante que la historia nos niegue y nos desaparezca”.
La experta y activista muxe también advirtió sobre el riesgo de división que puede suponer lo que llamó la “profesionalización de los derechos humanos”, ese fenómeno de volverse “expertos en los derechos de las mujeres, expertos en los derechos de los migrantes, expertos en los derechos de las maricas, las tortas, las trans”, etcétera. Esto provocó, según ella, una parcela en el campo de los derechos humanos que hace que ninguna persona pueda hablar sobre lo que le pasa a la otra porque no se siente “propietaria del tema”. Gómez Regalado aseguró que el movimiento social ya tiene “muchos problemas para eso” y sugirió “empezar a deconstruir las fronteras, incluso las que son imaginarias”, para “poder sentar las bases de la interseccionalidad”.