Es probable que una de las formas de violencia de género más puestas en cuestión en el seno de las sociedades patriarcales sea la violencia sexual. Esto tiene que ver, en parte, porque para algunos varones y tribunales el consentimiento de las mujeres es algo –por lo menos– confuso, de libre interpretación o simplemente secundario, queda en evidencia cada vez que una denuncia de violación desata un proceso que se centra más en cuestionar las actitudes de la persona abusada que en el accionar del abusador, cuando le preguntan a la mujer cómo estaba vestida, por ejemplo, o si dijo explícitamente que no quería mantener relaciones sexuales, o por qué se quedó quieta durante la agresión.
Las mujeres que denuncian episodios de violencia sexual tienen que soportar preguntas que estigmatizan y las violentan (de nuevo) en las comunidades en las que viven, pero también en el hospital, en la comisaría o en el juzgado. En cada una de esas instancias, las víctimas no sólo se enfrentan a tener que revivir el episodio de violencia, sino que, además, tienen que dar explicaciones sobre por qué no buscaron ser manoseadas o penetradas a la fuerza. Ante este panorama, muchas mujeres prefieren no denunciar. Pero esto pasaría menos si en las instituciones existieran protocolos de abordaje específicos para situaciones de violencia sexual.
El movimiento feminista estadounidense quiso llenar ese vacío estatal en su país y, a principios de los 70, creó un modelo de atención integral a víctimas de violación que brindaba asesoramiento legal y médico, contención comunitaria, programas de educación y una línea telefónica las 24 horas del día. Lo nombraron Rape Crisis Center. Hoy existen más de 1.000 centros de este tipo en Estados Unidos y el modelo se replicó en la mayoría de los países de Europa.
España era una de las excepciones hasta hace unos días, cuando el Ayuntamiento de Madrid confirmó que en setiembre inaugurará el primer centro inspirado en el Rape Crisis Center. La realidad urgía: una investigación de Amnistía Internacional publicada en noviembre concluyó que España se sitúa por debajo del promedio europeo en número de denuncias presentadas por violencia sexual pero no porque haya menos casos que en el resto del continente, sino porque no hay políticas públicas enfocadas en erradicar este tipo de violencia. Esto hace que el camino al que se enfrentan las mujeres cuando deciden denunciar esté lleno de obstáculos y, finalmente, desistan de transitarlo.
“Desde el momento de la violación o cualquier otra forma de violencia sexual, independientemente de que la mujer decida denunciar o no, esta se enfrenta a la falta de protocolos claros de actuación y a la ausencia de formación específica de los profesionales que las atienden (policía, personal médico, forense y judicial)”, explica el informe de Amnistía Internacional. “Esto deja vía libre a estereotipos y prejuicios que ponen en duda los testimonios de las víctimas, minimizan las violaciones que sufren, e incluso las responsabiliza de las mismas”, agrega el documento. La organización exige entonces al Estado español tomar “medidas urgentes”, incluidas la recopilación de datos que permitan “dimensionar este problema para que puedan impulsarse políticas públicas para la prevención, sensibilización, información, atención y reparación de las víctimas” y la creación de “servicios especializados como teléfonos disponibles las 24 horas del día, los 365 días del año, y garantizar la existencia de centros especializados en violencia sexual en todos los territorios” del país. El centro que abrirá en Madrid aparece como una respuesta directa a estas demandas.
Todo en un mismo lugar
El primer centro para víctimas de violencia sexual en España es un modelo de atención integral que asegura un acompañamiento multidisciplinar a las víctimas desde el momento de la agresión y un seguimiento en el mediano plazo. El servicio será tanto presencial como telefónico y contará con traductoras y traductores para poder atender a mujeres que no hablen español.
El local es pionero en el país porque centrará todos los recursos en un único espacio, lo que evitará que las mujeres tengan que relatar una y otra vez la agresión sufrida. En concreto, el lugar brindará información, apoyo psicológico, atención sanitaria de emergencia, apoyo en la toma de decisiones y acompañamiento a los hospitales. También ofrecerá asesoramiento jurídico y acompañamiento en caso de que la mujer quiera presentar una denuncia. El asesoramiento estará disponible durante las 24 horas del día los 365 días del año, una característica que marca un importante avance, ya que actualmente los servicios disponibles no funcionan de noche ni los fines de semana.
El objetivo es “favorecer la minimización de la revictimización a la que a menudo se ven expuestas las víctimas en el proceso de atención médica y de denuncia al no tener que explicar su experiencia una y otra vez y ser atendidas desde el primer momento por un equipo de profesionales que se pondrán a su disposición”, explicó en un comunicado el Ayuntamiento de Madrid al anunciar la iniciativa.
Con este centro –que implicará un gasto anual de casi un millón y medio de dólares entre el personal y la gestión–, Madrid inicia el camino para acercarse a las recomendaciones europeas, que apuntan a un centro de crisis por cada 200.000 mujeres. “Puede servir de inspiración para que otras ciudades pongan en marcha servicios similares, como aconsejan los organismos internacionales”, dijo en un comunicado la delegada de Políticas de Género y Diversidad del Ayuntamiento de Madrid, Celia Mayer, con la esperanza de que el modelo se replique en otros puntos de España. “La violencia sexual es uno de los tipos de violencia machista que más impacto tiene en la vida de las mujeres y uno de los tipos de violencia que menos desarrollo institucional ha tenido”, agregó, y opinó que esta falta de apoyo estructural explica que sea una de las violencias que menos se denuncian.
Según datos de una macroencuesta realizada por el Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad en 2015, casi 14% de las mujeres españolas manifestó haber sufrido violencia sexual a lo largo de su vida por parte de sus parejas, ex parejas o terceros. En tanto, se considera que un promedio de tres mujeres denuncian violaciones a diario en España, según datos del Ministerio del Interior publicados ese mismo año. Los responsables de estos estudios reconocen que estas cifras son sólo “la punta del iceberg”, al tratarse precisamente de una de las formas de violencia machista más invisibilizadas y que menos se denuncian.
Además de la puesta en marcha del centro, el área que dirige Mayer hará una investigación entre las mujeres que viven en Madrid para conocer el impacto de la violencia sexual en la capital y las experiencias de las víctimas en el proceso posterior a la agresión. “Necesitamos saber cuáles son los obstáculos, las experiencias de las mujeres y por qué existen unos datos tan bajos de denuncias”, dijo en ese sentido la delegada de Políticas de Género y Diversidad del ayuntamiento.
La apuesta fuerte de Madrid contra la violencia de género
En paralelo con la puesta en marcha del centro para víctimas de violencia sexual, el Ayuntamiento de Madrid aprobó en setiembre de 2018 la mayor inversión económica hasta el momento en la lucha contra la violencia de género y aseguró que esta batalla es una de sus “prioridades de gestión”. La nueva partida presupuestaria es de más de siete millones de dólares e implica un incremento de 143% respecto de la aprobada en 2013. El dinero permitirá mejorar la red de Centros de Emergencia dependientes del Área de Políticas de Género y Diversidad que atiende a mujeres víctimas de violencia de género en situación de riesgo y a sus hijos.
Las mejoras implican un aumento del número de lugares disponibles en los centros, que pasarán de 66 a 76, y más recursos humanos, con la incorporación de 21 profesionales. También se sumarán trabajadoras especializadas, como las asesoras jurídicas y las psicólogas infantiles, figuras que antes no existían en estos centros. Aumentará además el número de educadores sociales y de auxiliares administrativos y se extenderá el horario de atención de las psicólogas.
En 2018, 47 mujeres fueron asesinadas en España por sus parejas o ex parejas, según los datos oficiales, que dejan afuera los femicidios en los que víctima y agresor no hayan tenido un vínculo sentimental. El portal Feminicidio.net, que recopila todos los asesinatos de mujeres a manos de varones, aumenta esa cifra a 97.