Llegó a la consulta con el profesor y, a los pocos minutos, se encontró mirando –obligada– un consolador que el docente tenía guardado dentro de una caja en uno de los estantes de su biblioteca. “¿Sabés qué es eso?”, le preguntó. Ella respondió que no. Entonces el profesor se rio en su cara y llamó a un colega que estaba al lado. Se rieron juntos. “Dijeron que era para una investigación que estaban haciendo con prostitutas. Inmediatamente me fui de la oficina, me sentí humillada”, contó de forma anónima una estudiante de Lenguas Modernas de la Universidad de Costa Rica (UCR). Su denuncia de acoso sexual es una de las tantas que surgieron desde que en octubre de 2018 se creó el movimiento #MePasóEnLaUCR para visibilizar casos de agresiones sexuales y machismo en la principal universidad pública del país centroamericano.
La primera acción del colectivo de estudiantes fue lanzar un formulario digital en las redes sociales para recopilar testimonios y asesorar a quienes decidan denunciar los episodios de abuso ante las autoridades de la universidad. En ocho meses, el grupo recibió por esa vía un total de 145 denuncias, según informó el diario costarricense La Nación. La fuerza del colectivo #MePasóEnLaUCR impulsó a estudiantes de otras universidades a organizarse contra la violencia sexual en sus propias aulas.
Durante estos meses se reunieron en charlas, manifestaciones callejeras y talleres. La sinergia –y la realidad– desembocó la semana pasada en la declaración del “estado de emergencia” por parte de colectivos feministas y mujeres integrantes de las federaciones estudiantiles de la UCR, la Universidad Nacional (Una) y el Instituto Tecnológico de Costa Rica (Tec). El objetivo: exigir a las autoridades de esos tres centros educativos que garanticen el derecho de las estudiantes a sentirse respetadas y seguras dentro de los salones de clase.
En particular, piden que se reformen los reglamentos de hostigamiento sexual que por ley tienen las universidades. Una de las principales modificaciones que exigen en este sentido es que se sancione de manera más severa la falta grave para los docentes, que actualmente es de ocho días de suspensión, y se equipare a la sanción estudiantil que es de 15 a 30 días. Otra de las demandas es que se asigne más presupuesto a las unidades encargadas de atender las denuncias de violencia de género en las universidades.
En la conferencia de prensa en la que se declaró la emergencia, Camila Flores, integrante de la Federación de Estudiantes del Tecnológico de Costa Rica, ahondó además sobre la necesidad de terminar con el encubrimiento dentro de las mismas universidades. “Estamos aquí porque no existe una estructura en el sistema que nos acuerpe. Estamos aquí porque queremos decir basta; basta a la desvalorización, a la violencia, al acoso, a la violación. Alto al abuso de poder y a la cultura de la complicidad. Necesitamos sacar el patriarcado de los reglamentos institucionales”, exhortó la joven.
“Las universidades públicas no son esas burbujas perfectas que tanto nos han hecho creer. La violencia contra las mujeres está presente en todos los ámbitos de nuestras vidas, y la universidad no es la excepción”, dijo Fabiola Bermúdez, integrante del grupo #MePasóEnLaUCR. “Dentro de ellas, nos encontramos todos los días con hijos sanos del patriarcado que nos siguen negando nuestro valor. No nos ven como estudiantes ni como mujeres, nos ven como sus objetos que pueden manipular, tocar, ver, violar, en fin, hacer lo que les da la gana pues creen que su autoridad se lo permite”, denunció.
Las jóvenes aseguraron en un pronunciamiento conjunto que el estado de emergencia es “urgente” porque “la violencia contra las mujeres en los diferentes campus del país ha sido persistente e histórica, así como la negligencia con la que las autoridades universitarias han manejado estos casos de denuncia por acoso y hostigamiento sexual contra las estudiantes”. Antes de terminar la conferencia, todas unieron las voces en el mismo grito: “La educación universitaria será feminista o no será”.
La marca del género y el poder
La declaración del estado de emergencia tuvo lugar una semana después de que el Semanario Universidad, de la UCR, publicara un reportaje con los relatos de diez estudiantes, ex estudiantes y egresadas de esta institución en el que aseguraban haber sufrido acoso sexual e insultos por parte del profesor catedrático Mainor Salas en la Facultad de Derecho. Después de una investigación, las autoridades de la UCR anunciaron que Salas ya no impartiría el curso de Derecho Penal General.
El mismo lunes en el que las estudiantes declararon la emergencia, una docena de estudiantes de esta universidad denunció que un docente de Estudios Generales que imparte un curso artístico las obligó a ver pornografía en clase y, a varias de ellas, les ofreció aprobarles la materia a cambio de que salieran con él. Otra joven contó que, durante una clase de consulta, el mismo docente le ofreció una bebida que hizo que perdiera el conocimiento. La mujer aseguró que, cuando se despertó, se encontraba en ropa interior.
Las denuncias que se han difundido desde que tomó impulso el movimiento #MePasóEnLaUCR señalan como agresores tanto a docentes como a estudiantes. “Un día coincidí en el ascensor de Letras con un compañero. Él comenzó a acercar sus partes íntimas hacia mis nalgas. Yo me paralicé, no sabía cómo actuar o qué hacer en un espacio tan pequeño y cerrado. Al final, me agarró la cara y me dio un beso. Después de ese día siempre evitaba los ascensores luego de esa clase”, escribió una estudiante de la Facultad de Letras de la UCR.
La declaración de emergencia de las estudiantes recibió el apoyo de las autoridades de las tres universidades y del Instituto Nacional de las Mujeres. Tímidamente, se empiezan a ver algunos resultados. Unos días después, el Consejo Universitario de la UCR anunció la decisión de efectuar una revisión integral al reglamento contra el hostigamiento sexual e hizo un llamado a todas sus sedes para que prevengan y sancionen el acoso y hostigamiento sexual, al igual que las conductas sexistas.
Por su parte, el Consejo Institucional del Tec manifestó su apoyo a la declaración de emergencia y acordó repudiar todo tipo de violencia sexual hacia las mujeres, así como “reafirmar el compromiso como universidad pública de velar y contribuir en la construcción de una sociedad más justa y equitativa”.
En tanto, la Una reafirmó su política de “tolerancia cero al hostigamiento sexual” y recordó que la casa de estudios cuenta con un reglamento para prevenir, investigar y sancionar estos comportamientos y dos instituciones especializadas: la fiscalía contra el hostigamiento sexual y la comisión de resolución de la denuncia sobre hostigamiento sexual.