Por ley, a las personas privadas de libertad únicamente se les restringe el derecho a la libertad ambulatoria, y a quienes son condenados también el derecho al voto. Sin embargo, “en la privación de libertad la vulneración de varios derechos es un hecho”. Así lo explicaron Jimera Marrero, docente de pedagogía que desarrolla proyectos en cárceles con sus estudiantes, Diana Noy, ex directora de la Unidad 5 Femenino (Cárcel de Mujeres), y Flor de Liz Feijoo, formadora del taller de vestimenta que imparte el Sindicato Único de la Aguja (SUA) en algunas cárceles. Sus reflexiones se enmarcaron en la charla “Cárcel, mujeres y perspectivas de abordaje multidisciplinar desde los derechos humanos”, organizada por las comisiones de Derechos Humanos y Género del Centro de Estudiantes de Humanidades y Ciencias de la Educación.
Marrero contó que hace un tiempo vienen desarrollando actividades con personas en contexto de encierro, tanto en investigación como en extensión, con estudiantes que se están formando para ser educadores. La docente explicó que estos trabajos son una construcción colectiva “en base al diálogo con personas cuya voz es sistemáticamente vetada y censurada por nuestra sociedad, cuando no criminalizada, por el simple hecho de ser la persona que es”. Tanto estudiantes como docentes realizan un acercamiento práctico y reflexivo sobre estos lugares donde, según dijo, “las personas no acceden a los derechos humanos”.
La investigadora hizo énfasis en que la restricción de derechos se limita a la libertad ambulatoria. “La mano invisible del mercado ha generado una nueva forma de gobernar la miseria sistematizando un mercado de trabajo desregulado que es flexibilizado con un aparato penal omnipresente que criminaliza toda forma de existencia”, explicó Marrero. Además, dijo que a esto se le suma un “enjuiciamiento selectivo” ejercido por las instituciones que juzgan a las personas según su origen.
Marrero también señaló que en los encuentros pudieron observar una mayor opresión hacia las mujeres: “Hay una serie de estigmas, cosificaciones y violencias sociales, familiares e institucionales que se multiplican en los cuerpos y en las vidas de las mujeres privadas de libertad”. Marrero, en conjunto con otros docentes y estudiantes, trabajó en un taller de género en los módulos 4 y 10 de la Unidad 4 Santiago Vázquez (ex Comcar). El taller se basó en el corto Vestido nuevo, que trata sobre infancia e identidad de género.
La docente señaló que “es urgente construir espacios de felicidad, de producción intelectual y artística, de juego y conversación, y pensar el ocio creativo como espacio de resistencia no utilitarista”.
Cambiar para crecer
Diana Noy comenzó su intervención haciendo un recorrido por su trayectoria en relación con la privación de libertad. Entre otros roles, le tocó dirigir la Cárcel de Mujeres de marzo de 2017 a diciembre de 2018.
La psicóloga sostiene que hace falta un cambio de paradigma dentro y fuera de las instituciones de rehabilitación, y que “algo así llevaría más o menos 30 años”. Dice que si bien se han hecho intentos de apuntar a una transformación, “la mayoría han sido insuficientes o no han tenido el respaldo necesario”. Noy nombró el ingreso de civiles, tanto operadores como técnicos, como un “ruido muy interesante” que se generó en las cárceles.
Dice que es difícil unir todos los cambios que hubo en el sistema para lograr pasar de un paradigma custodial a uno de rehabilitación. Este proceso requiere de adaptación de prácticas, normativas y espacios. Noy señaló que no es sólo el sistema político el que tiene que tomar decisiones, también debe hacerlo la academia. “Construir una metodología de la intervención y el abordaje nos hace pelearnos a nosotros, los técnicos, que somos los supuestos dueños del saber”, dijo.
En cuanto a la vida dentro de las cárceles, la ex jerarca se refirió a su experiencia en la Cárcel de Mujeres y explicó una serie de números (ver recuadro) que ilustran algunas de las situaciones que se viven allí. “Siempre digo que son mujeres supervivientes, porque la mayoría se enfrentó a la supervivencia cuando eran muy pequeñas”, explicó. La psicóloga dijo que las primeras experiencias hostiles las tuvieron, por lo general, en la primera infancia; viviendo en la marginalidad, con carencia de afectos y oportunidades, muchas de ellas recluidas desde la adolescencia en distintos centros, por lo general del Instituto del Niño y Adolescente del Uruguay, y en algunos casos con algún progenitor preso. Además, ya de adultas e incluso dentro de la cárcel, 60% padece de ansiedad o depresión y 90% consume o consumió algún psicofármaco o sustancia psicoactiva.
Números para transformar
Durante su intervención, Noy presentó una serie de datos en relación con las mujeres y las cárceles. Algunos fueron recogidos por ella y su equipo en 2017, y otros por un censo del Ministerio de Desarrollo Social. En 2017 las mujeres eran el 5% de la población carcelaria y tenían un promedio de edad de 27 años. En total había 39 niños viviendo en cárceles en todo el país, y 88% de las mujeres tenía tres o cuatro hijos fuera. 70% no tenía visita ni apoyo familiar, muchas de ellas fueron institucionalizadas en su adolescencia. Aproximadamente 60% no había terminado la primaria y un gran número de ellas tuvo o tenía un familiar –progenitor o hijo– en la cárcel.
“Si ustedes estuvieran presas y tuvieran un hijo, ¿creen que deberían estar con ustedes en la cárcel?”, preguntó Noy y nadie contestó, ni siquiera ella. El tema de la maternidad y las hijas o hijos dentro de las cárceles es uno de los problemas que más le inquietan, porque, según dijo, es de lo que más les preocupa a las propias privadas de libertad. Explicó que, en lo que a esto refiere, hay que ir cambiando algunos términos y conceptos en la normativa que son menospreciantes e inferiorizantes. La psicóloga cuestionó que no haya otras alternativas, en términos de espacio y de cuidados, para las madres y los padres –que evidenció que no son tenidos en cuenta en este sentido– con hijas o hijos pequeños.
Noy explicó que esto no es sólo un problema de la normativa, “que es obsoleta y antigua”. Durante la presentación compartió un extracto del proyecto de ley penitenciaria que se encuentra en este momento en discusión en el Parlamento y dijo: “Se me cae la cara de vergüenza”.
El artículo 56, llamado “Madre con hijos”, expresa: “Las mujeres privadas de libertad con hijos menores de dos años podrán tenerlos consigo en la unidad de internación. Al cumplir los dos años la administración penitenciaria dará cuenta para su intervención a la autoridad que corresponda, en caso de que la madre no designe alguna persona para hacerse cargo del niño”. Más adelante determina: “Desde el nacimiento hasta los dos años la madre será relevada de toda actividad incompatible con la maternidad”.
Para la psicóloga, esto último “significaría que la madre no podría ni estudiar ni trabajar por esos dos años”. Noy dijo que esta propuesta, que se supone “debería ser moderna y articuladora, es un disparate”. “No se puede separar a un niño de dos años de su madre en la etapa en que está organizando su estructura neuronal y cognitiva de pensamiento”, sentenció. Para Noy el camino sería trabajar individualmente cada caso, con la familia, dado que son sólo 500 las mujeres presas en todo el país.
Para finalizar, dijo que es necesario cambiar el enfoque de las políticas de intervención para que las cosas no queden libradas a la voluntad de una persona. “El camino es centrar las intervenciones en las necesidades más que en el riesgo” y hacer foco en la identidad personal de las y los privados de libertad, tanto en su relacionamiento como en su incorporación social.
Las agujas que atraviesan muros
Flor de Liz Feijoo tuvo que improvisar su intervención, ya que se esperaba que fuera Persi López quien hablara, pero no pudo llegar. López es una ex privada de libertad que al salir aplicó el conocimiento que obtuvo en los talleres de vestimenta del SUA y ahora es formadora de los propios talleres en los que fue alumna. Feijoo contó las experiencias que comparten en los talleres que brindan desde 2013.
Feijoo es trabajadora e integrante del SUA y se desempeña como formadora en los talleres que dan en las cárceles desde el inicio. Han dado 13 cursos en diferentes cárceles, tanto de Montevideo como del interior. Capacitaron a más de 200 “compañeros”, como los llama Feijoo, y sólo saben de uno que reincidió. Para ella y sus compañeros del sindicato el hecho de que sólo conozcan una reincidencia “es todo un orgullo”, y “no faltan indicadores de que los talleres pueden tener mucho que ver en esto”.
La sindicalista explicó que a veces tienen que “pelearse” con la institución para poder llevar adelante sus talleres, para poder capacitar de forma correcta y para que las y los privados de libertad estén en condiciones que faciliten –o permitan– el aprendizaje. Feijoo contó que en cuanto a lo curricular, en los talleres aprenden sobre todas las herramientas implicadas en el proceso de manufactura de la vestimenta, sobre el funcionamiento de las cadenas de producción y a realizar ropa. También les enseñan sobre derecho laboral y salud ocupacional, y en este último tiempo han dado varios talleres de género.
“Cada vez quieren aprender más, porque nunca habían tenido la oportunidad”, contó Feijoo, que relató varias anécdotas, algunas más felices que otras, como la de un privado de libertad que cosió un vestido para el cumpleaños de un año de su hija, que no pudo ver nacer, y otras más duras, como la de un alumno del taller que estaba próximo a salir y que incluso había conseguido una máquina de coser para trabajar durante sus salidas transitorias, pero que a raíz de un motín en el que según Feijoo “ni siquiera estuvo” fue enviado al módulo 8 del Comcar, el peor de esa cárcel.
La mayor preocupación de Feijoo es “el día después”, qué hacen cuando recuperan la libertad. La trabajadora contó que muchas y muchos se acercan hasta el SUA y piden trabajo, pero muchas veces no hay; por eso están tratando de hacer pequeñas cooperativas en cada departamento para generar empleo para quienes están dentro de las cárceles.