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Movilización feminista en defensa de la Ley de interrucpción voluntaria del embarazo. (archivo, noviembre de 2019)

Foto: Mariana Greif

Interrupción voluntaria del embarazo: un servicio esencial que no se altera durante la emergencia sanitaria

7 minutos de lectura

La atención se mantiene con algunos recaudos pero sin modificaciones.

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La emergencia sanitaria por el coronavirus obligó a modificar o suspender protocolos, rutinas y el funcionamiento de algunos servicios de salud para cumplir con las medidas recomendadas por las autoridades. Pero las mujeres siguen teniendo embarazos no deseados con o sin pandemia, y el aborto no puede esperar para después.

En Uruguay, la interrupción voluntaria del embarazo es legal hasta las 12 semanas de gestación, según establece la Ley 18.987, aprobada en 2012. El plazo se extiende a las 14 semanas en caso de que el embarazo haya sido resultado de una violación y es por tiempo indefinido si hay riesgo de salud para la mujer o el feto presenta anomalías.

El proceso para acceder a un aborto tiene varias etapas. El primer paso es agendar una consulta con una o un médico general o ginecólogo que indique el examen de sangre y la ecografía para confirmar el embarazo y las semanas de gestación. Después la mujer es entrevistada por un equipo multidisciplinario –formado por una o un ginecólogo, una o un psicólogo y una o un trabajador social–, que brinda información y asesoramiento acerca del procedimiento y las opciones alternativas a la interrupción del embarazo.

La ley establece que, a partir de esa reunión, la mujer dispone de un período de hasta cinco días para confirmar su decisión ante el médico tratante. Si resuelve interrumpir el embarazo, en esa tercera consulta se coordinará de inmediato el procedimiento, que generalmente es indicado con pastillas (mifepristona y misoprostol) y para ser realizado en casa. Una vez interrumpido el embarazo, una cuarta consulta es necesaria para chequear que el aborto se haya concretado sin complicaciones.

¿Algo de esto cambia en el contexto de la emergencia sanitaria? En principio no, porque el Ministerio de Salud Pública (MSP) considera la atención del aborto un “servicio de urgencia”, según aseguraron fuentes de la cartera a la diaria. Por eso, cuando se conoció el primer caso de covid-19, el equipo del Programa de Salud Sexual y Reproductiva del ministerio envió un comunicado a las y los profesionales para ratificar que los servicios de interrupción voluntaria del embarazo tienen que seguir funcionando de manera normal y cumpliendo con los plazos establecidos en la ley. Eso sí: con las precauciones necesarias para prevenir posibles contagios del virus.

En ese sentido, el organismo recomendó que las consultas sean agendadas de forma espaciada –para que las mujeres no tengan contacto en el interior de las policlínicas– y que, en la medida de lo posible, las usuarias eviten ingresar con acompañante. Además, se pidió que las entrevistas con el equipo multidisciplinario se realicen con cada especialista por separado y manteniendo las distancias. Otra de las recomendaciones para el personal de salud –además de la utilización de los materiales de protección correspondientes– es que realicen un seguimiento telefónico de cada uno de los casos para asegurarse de que las mujeres no falten a las consultas porque, en el proceso para acceder a un aborto, el tiempo es oro.

¿Y en los territorios?

Las recomendaciones del MSP llegaron a los centros de salud, donde las profesionales aseguran priorizar la atención del aborto al tiempo que implementan las medidas sanitarias. “El servicio de interrupción voluntaria del embarazo es uno de los prioritarios y, por lo tanto, no se suspende de ninguna manera”, aseguró en ese sentido Grazzia Rey, docente encargada de la Clínica Ginecotocológica B del Hospital de Clínicas de la Facultad de Medicina de la Universidad de la República a la diaria. La doctora dijo que sólo puede hablar en nombre de ese hospital, porque allí es donde trabaja, pero que “tiene entendido” que el funcionamiento de estos servicios se mantiene igual en todos los centros de asistencia. “Trabajo en dos instituciones privadas y ambas siguen manteniendo las consultas de salud sexual y reproductiva y de interrupción voluntaria del embarazo”, afirmó.

En cuanto a las pautas de prevención frente al coronavirus, Rey dijo que el personal utiliza guantes y tapabocas y que la única modificación que se implementó en la atención fue la de “espaciar más las consultas, dando específicamente un día y una hora para que no haya contacto ni aglomeraciones de pacientes”. En cuanto a lo que pasa puertas adentro del consultorio, detalló: “Las entrevistas de interrupción voluntaria del embarazo no requieren demasiado contacto y se pueden hacer manteniendo la distancia, por lo que es más sencillo que, por ejemplo, hacer un papanicolau. Esto es más que nada una interacción verbal y lo estamos haciendo de la manera que siempre lo hicimos”.

En el Hospital de la Mujer del Centro Hospitalario Pereira Rossell el servicio de acceso al aborto también funciona de manera habitual. “No ha cambiado, en absoluto. Justamente una de las cosas de las que nos aseguramos desde el principio es que la ley se cumpliera a cabalidad, y además, como estamos dentro del Hospital de la Mujer, es un servicio prácticamente esencial, por lo cual las mujeres acceden perfectamente”, explicó a la diaria Ana Labandera, directora ejecutiva de la asociación Iniciativas Sanitarias, que funciona en ese centro hospitalario. La obstetra-partera aseguró que otros centros de la red de atención del primer nivel (RAP) de la Administración de los Servicios de Salud del Estado (ASSE) también están funcionando “perfectamente bien”, pese a la crisis sanitaria.

¿Qué sugerencias hacen a las usuarias? “Que la ley no está restringida y que consulten en tiempo y forma; sobre todo en tiempo”, afirmó Labandera. “Hemos estado atentas y no ha habido ningún inconveniente. La interrupción voluntaria del embarazo se sigue haciendo perfectamente, como dice la ley que se tiene que hacer, porque es un servicio esencial”, enfatizó.

Acerca de las medidas sanitarias, dijo que implementan las recomendaciones del MSP y promueven la comunicación telefónica con las usuarias. En esa línea, consideró que “cada institución se está adecuando a sus posibilidades, tanto en Montevideo como en el interior del país, para poder cumplir con la ley y con las mujeres que consultan”.

En las policlínicas de ASSE de Salto, por ejemplo, la primera medida ante la emergencia sanitaria fue el cambio de modalidad de atención, con el acento puesto en las consultas telefónicas. Para eso, se extendió el horario de atención y se crearon líneas para consultas específicas. Una de esas líneas es la de salud sexual y reproductiva, que incluye el asesoramiento para mujeres que quieren practicarse un aborto. Toda esta información fue publicada en las redes sociales oficiales y en las puertas de las policlínicas, “los canales donde la usuaria puede preguntar”, contó Adriana González, licenciada en Enfermería y directora de la RAP de Salto, a la diaria.

También en este departamento las medidas implementadas para prevenir contagios de covid-19 buscan evitar la concentración de gente en los centros de salud. Por eso, además de reforzar la atención telefónica, informaron que la atención presencial se hará sólo con coordinación previa y con un control en la entrada. “Se reguló la entrada al servicio para que fueran pasando de a pocos, con la orden, con el distanciamiento y cuidadosos con el lineamiento que nos está pidiendo el MSP, pero siempre respetando la ley de interrupción voluntaria del embarazo que está vigente”, aseguró González.

Un servicio esencial

El Centro de Derechos Reproductivos para América Latina y el Caribe aseguró el 3 de abril en un pronunciamiento que “los servicios de salud sexual y reproductiva son esenciales” durante la pandemia de covid-19, “así como los derechos de las personas para tomar decisiones libres y autónomas sobre sus cuerpos”. En ese sentido, el organismo instó a los estados a que, durante la gestión de la respuesta a la emergencia, garanticen el aborto como un servicio de salud esencial, eliminen las barreras administrativas para acceder a los servicios y proporcionen otros servicios como “atención obstétrica, prenatal y posnatal; información y servicios anticonceptivos, incluida la anticoncepción de emergencia; atención posterior al aborto y atención en caso de violación”.

Pese a este tipo de pronunciamientos, en algunos países, como en ciertos estados de Estados Unidos, la pandemia sirvió de excusa para que el acceso al aborto se prohibiera de manera temporal o se negara la asistencia, bajo el argumento de que no se trata de un servicio esencial y que los recursos deben destinarse a la lucha contra el coronavirus. Es por eso que organizaciones de mujeres y colectivos feministas exigen desde el comienzo de la crisis que se garantice el acceso al aborto seguro, tal como reclamó al gobierno de Uruguay la Intersocial Feminista en un comunicado sobre el aumento de los casos de violencia de género durante la cuarentena, difundido el 25 de marzo.

Por el momento, sin quejas

Ninguna de las fuentes consultadas para esta nota ha recibido comentarios, denuncias o quejas de mujeres a las que se les haya negado la asistencia del aborto en este último mes, incluidas las del MSP. Sin embargo, tanto Rey como Labandera advirtieron que eso no significa que no haya habido casos. Desde Salto, González pidió “por favor” que den aviso a la RAP ante posibles obstáculos en el acceso a un aborto, ya que es un dato “importante para poder trabajar”.

Mujer y Salud Uruguay tampoco recibió reclamos de mujeres que no hayan sido atendidas, según aseguró la directora de la organización, Lilián Abracinskas, a la diaria, quien también se refirió a la falta de información oficial sobre el tema: “Una de las medidas especiales en el contexto de la emergencia sanitaria debería ser informar que estos servicios siguen funcionando y especificar cuándo y cómo atenderse si es que no ha habido modificaciones”.

“Si les niegan el acceso a una interrupción voluntaria del embarazo, pueden denunciarlo directamente en el Ministerio de Salud Pública”, recordó por su parte Labandera. El MSP no cuenta con una línea para atender consultas específicas o reclamos sobre la atención de la interrupción del embarazo, pero quienes lo requieran pueden comunicarse con el número de atención al usuario llamando al 1934 (que funciona de lunes a viernes de 09.00 a 16.00) o vía correo electrónico (atencionalusuario@msp.gub.uy).

El Hospital de la Mujer reforzó las vías de comunicación para consultas referidas a embarazo, maternidad y primera infancia en el nuevo escenario sanitario, y habilitó los números 099710120 y 099703164 para recibir preguntas por Whatsapp.

Mientras tanto, Iniciativas Sanitarias difunde todas las semanas en sus redes sociales una placa que alerta: “Los servicios de interrupción voluntaria del embarazo no dejan de funcionar ante la emergencia sanitaria. No dudes consultar a tiempo en tu centro de salud. Es tu derecho”.

El colectivo feminista Mujeres en el Horno reactivó sus redes sociales este mes para recordar que ASSE mantiene la atención del aborto durante la emergencia sanitaria. Al mismo tiempo, reiteró que la Línea Aborto Información Segura –que el colectivo gestiona desde 2014 para asesorar y acompañar a mujeres que quieren abortar– está disponible a través del número 0800 8843. Mujeres en el Horno también recibe consultas vía correo electrónico a contacto@mujeresenelhorno.org. En la misma publicación de Twitter, sus integrantes agregan: “Con o sin cuarentena, seguimos abortando y estamos juntas”.

Aborto: números útiles

  • Consultas telefónicas o reclamos: 1943 o atencionalusuario@msp.gub.uy (Ministerio de Salud Pública).
  • Consultas por Whatsapp sobre embarazo, maternidad o primera infancia: 099710120 y 099703164 (Hospital de la Mujer del Pereira Rossell).
  • Asesoramiento, información y acompañamiento: 0800 8843 o contacto@mujeresenelhorno.org (Colectivo Mujeres en el Horno).

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