“Escudo contra el aborto” es el nombre del proyecto de ley que aprobó el Congreso de Honduras para reafirmar la prohibición del aborto en el país e impedir su legalización y despenalización en el futuro. La iniciativa modifica el artículo 67 de la Constitución hondureña, que considera “al que está por nacer” como “nacido para todo lo que le favorezca dentro de los límites establecidos por la ley”. Así, agrega que es “prohibido e ilegal la práctica de cualquier forma de interrupción de la vida del que está por nacer, a quien debe respetarse la vida en todo momento”. Establece además que “serán nulas e inválidas las disposiciones legales que se creen con posterioridad a la vigencia del presente artículo que establezcan lo contrario”.
El proyecto de ley fue presentado el 11 de enero por el vicepresidente del Congreso y diputado del oficialista Partido Nacional, Mario Pérez, y se aprobó el jueves en una sesión parlamentaria virtual, con 88 votos a favor y 28 en contra. “Esta reforma surge por la ola de reformas constitucionales en países de América Latina impulsados por gobiernos de izquierda dirigidos a legalizar el aborto, como sucedió en Argentina recientemente, y eso no se puede permitir en Honduras”, dijo Pérez al presentar la propuesta. “El Partido Nacional es provida y votará a favor de esta reforma que representa un candado a la legalización del aborto; y el que no lo quiera y desea que se apruebe la muerte de un bebé en el útero de la madre, que vote en contra”, aseguró el legislador.
Honduras es uno de los cinco países de América Latina y el Caribe que mantiene la penalización total del aborto, junto con El Salvador, Haití, Nicaragua y República Dominicana. Tiene a la vez una de las legislaciones más restrictivas del mundo en materia de derechos sexuales y reproductivos.
En el país centroamericano, la interrupción del embarazo está penalizada con cárcel desde 1997 en todas las circunstancias y sin excepciones: no importa si la vida de la mujer corre riesgo, si el embarazo fue producto de una violación o si hay inviabilidad fetal. Desde 2009 también se penaliza con prisión el uso, la venta, la distribución y la compra de pastillas anticonceptivas de emergencia.
Todo esto sucede en Honduras, donde uno de cada cuatro partos es de una menor de 19 años, lo que constituye la segunda tasa más alta de embarazos adolescentes de la región, según datos de la Organización de las Naciones Unidas (ONU).
“El aborto ya está totalmente penalizado en Honduras. El proyecto de reforma constitucional de Mario Pérez niega que, cada año, más de 10.000 mujeres y niñas tienen abortos de manera insegura y para prevenirlos lo más efectivo es crear condiciones para que se cumplan sus derechos básicos”, aseguró la organización feminista hondureña Somos Muchas tras la aprobación de la iniciativa. “Además, usurpa el poder del pueblo al pretender crear un artículo pétreo. Eso sólo ocurre en estados tiranos y fascistas. ¡No se vale tanto odio!”, denunciaron las activistas en un video compartido en Twitter. Decenas de mujeres, grupos feministas y organizaciones de defensa de los derechos humanos manifestaron su solidaridad en las redes sociales con el hashtag #NoSeValeTantoOdio.
La Comisión Interamericana de Derechos Humanos condenó la iniciativa en Twitter, donde llamó al Estado hondureño a “tomar medidas para garantizar el ejercicio efectivo de los derechos sexuales y reproductivos” de niñas, adolescentes y mujeres y “prevenir la violencia sexual, observando sus obligaciones internacionales de garantía y respeto a los derechos humanos”.
Por ello, la #CIDH llama al Estado de #Honduras a tomar medidas para garantizar el ejercicio efectivo de los derechos sexuales y reproductivos, y lo urge a prevenir la violencia sexual, observando sus obligaciones internacionales de garantía y respeto a los #DDHH. 3
— CIDH - IACHR (@CIDH) January 22, 2021
En una línea similar se manifestó un grupo de expertas de la ONU, que dos días antes de la votación calificó el proyecto de “alarmante” y dijo que el país “está retrocediendo” en lugar de “dar un paso hacia el cumplimiento de los derechos fundamentales de las mujeres y las niñas”. “La penalización del aborto y la obligación de los profesionales de la salud de informar sobre los casos de mujeres cuyas lesiones parecen estar relacionadas con abortos inseguros han derivado en el encarcelamiento de mujeres”, recordaron las mujeres en un comunicado. “Penalizar a las mujeres por abortar va en contra de las normas internacionales de derechos humanos”, afirmaron, y resaltaron que la “influencia de los grupos religiosos en cuestiones de salud pública es perjudicial”.