El Senado argentino aprobó en la madrugada de este miércoles el proyecto de ley de interrupción voluntaria del embarazo (IVE), después de 12 horas de debate. El aborto legal fue aprobado con 38 votos a favor, 29 en contra, una abstención y cuatro ausencias en el recinto. A continuación, se aprobó por unanimidad el llamado Plan de los Mil Días, una iniciativa de atención y acompañamiento a la maternidad durante los tres primeros años de vida de las niñas y niños.

“Se convierte en ley y se gira al Ejecutivo”, pronunció la vicepresidenta argentina y líder del Senado, Cristina Fernández, pasadas las 4.00. Puertas afuera, miles de mujeres celebraron la decisión entre lágrimas y aplausos con pañuelos verdes atados en cuellos, puños y mochilas. Algunos de los emblemáticos retazos de tela oficiaban como tops o vinchas y, esta vez, otros también fueron tapabocas.

Se podría decir que la “marea verde” esperó la votación desde las 14.00, cuando empezó a inundar los alrededores del Congreso argentino. En realidad, para quienes acompañan la Campaña Nacional por el Derecho al Aborto Legal, Seguro y Gratuito desde sus inicios, la espera duró 15 años.

El texto aprobado legaliza el aborto en las primeras 14 semanas de gestación. Fuera de ese plazo, sólo se podrá acceder en caso de que el embarazo haya sido producto de una violación o si está en peligro la vida o la salud integral de la persona gestante. Esto podría tener un pequeño cambio en la reglamentación, ya que la senadora del Frente de Todos e informante del oficialismo en el debate, Norma Durango, adelantó al comienzo de la sesión que el Ejecutivo se comprometía a vetar la palabra “integral” del concepto “salud integral” para garantizar el apoyo de dos senadores que habían manifestado disconformidad.

La ley establece que “mujeres y personas con capacidad de gestar” tienen derecho a acceder a la interrupción de su embarazo en los servicios del sistema de salud, en un plazo máximo de diez días a partir de que presentan la solicitud.

Las mayores de 16 años “tienen plena capacidad por sí para prestar su consentimiento” y solicitar el aborto, afirma el proyecto. Las adolescentes de entre 13 y 16 deberán tener un “acompañante” o “referente afectivo”, mientras las menores de 13 deberán contar con el consentimiento informado y la asistencia de al menos uno de sus progenitores o representante legal.

El procedimiento será incluido en el Programa Médico Obligatorio, por lo cual ningún prestador de salud puede negarse a realizarlo o a cubrir su costo. Sin embargo, los profesionales de la salud tienen derecho a la objeción de conciencia. En este caso, el prestador deberá derivar a la persona para que sea atendida en otro lugar, con todas las garantías y en tiempo y forma. De todas maneras, ningún profesional podrá negar el procedimiento en caso de que la vida o la salud de la persona gestante esté en peligro.

Vigilia frente al Congreso, en Buenos Aires, el 29 de diciembre.

Vigilia frente al Congreso, en Buenos Aires, el 29 de diciembre.

Foto: Juan Ignacio Roncoroni, EFE

Los votos decisivos

El proyecto de IVE fue enviado al Congreso por el presidente Alberto Fernández el 17 de noviembre y obtuvo la media sanción de la Cámara de Diputados en la madrugada del 11 de diciembre. La votación en el Senado se preveía más reñida que la de cámara baja y, además, sobrevolaba todavía el fantasma del fracaso de agosto de 2018.

Pero el panorama se aclaró a medida que expusieron las 59 personas que se habían anotado para hablar. Marcaron la cancha quienes aparecían con votos “indefinidos” antes del debate y finalmente se pronunciaron a favor del aborto. La primera fue la senadora Silvina García Larraburu, del Frente de Todos, que en 2018 había votado en contra. “En este tiempo comprendí que, más allá de mi postura personal o mi sistema de creencias, estamos ante una problemática que necesita una respuesta distinta. Es una cuestión de salud pública”, dijo la legisladora. “Entiendo que debemos apoyar un proyecto que es de ampliación de derechos”; “mi voto es un voto deconstruido, es un voto afirmativo”.

Más adelante, dos senadoras “indecisas” de Juntos por el Cambio adelantaron el voto verde. La senadora Stella Maris Olalla dijo que la ley intenta “reducir las muertes y las consecuencias gravísimas de las mujeres que acuden a la clandestinidad, absolutamente insegura para resolver el problema de los embarazos no deseados”. “El Estado debe elegir la continuidad de un embarazo o no, de acuerdo con la voluntad de la mujer”, afirmó, antes de confirmar el voto.

Por su parte, Lucila Crexell, que se abstuvo en la votación de 2018 como diputada, dijo que no cambió sus “creencias personales” sino el enfoque desde el que debe ser abordada la problemática. “No me es indiferente el drama del aborto clandestino. Esta ley no les cambia nada a los que se oponen, pero sí a quienes necesitan que el Estado las asista”, puntualizó.

El senador oficialista Sergio Leavy fue otro de los indecisos que finalmente se decantó por el aborto legal. Hace dos años, como diputado, había votado en contra. “Me di cuenta de que esta ley no promueve el aborto; sólo le da un marco legal y seguro”, dijo durante la sesión. “Si mi voto ayuda a que una mujer no pierda la vida, voto a favor de esta ley”.

Cerca de las 2.00, el último indeciso que quedaba por hablar, el senador de Juntos Somos Río Negro, Alberto Weretilneck, confirmó que también votaría a favor. “Convencido de que es absolutamente necesario e imprescindible sancionar esta ley como respuesta a toda una demanda, una movilización y un cambio que se está dando en nuestra sociedad, voy a aprobar esta ley de IVE”, anunció. Para ese entonces, los feminismos en las calles ya cantaban victoria.

Vigilia frente al Congreso, en Buenos Aires, el 30 de diciembre.

Vigilia frente al Congreso, en Buenos Aires, el 30 de diciembre.

Foto: Juan Ignacio Roncoroni, EFE

Una cuestión de justicia social y libertad

En líneas generales, los argumentos expuestos en el Senado por quienes votaron por el aborto legal fueron en el mismo sentido. Hablaron de la IVE como una cuestión de justicia social y salud pública, de autonomía. Defendieron el derecho de las mujeres a decidir sobre sus cuerpos y, sobre todo, insistieron en la necesidad de una ley para evitar las muertes que provoca la clandestinidad.

“Toda vez que las mujeres interrumpimos un embarazo no querido hacemos caer el control del Estado sobre nuestros cuerpos y de la iglesia sobre nuestra sexualidad. Venimos a decir basta de trato inquisitorio”, dijo la senadora Silvia Sapag, del Frente de Todos. “Decir que la maternidad será deseada es la libertad de elegir, es tener soberanía sobre nuestros propios cuerpos, es tener autonomía como derecho y condición de la dignidad humana, es saber que quienes deciden interrumpir un embarazo no se van a morir en el anonimato”, aseguró su compañera Ana Claudia Almirón. “Voy a votar este proyecto para no volver nunca más al perejil, a las perchas, a las muertes clandestinas”, agregó Nancy González.

Una intervención destacada fue la de Gladys González, senadora de Juntos por el Cambio, que contó su experiencia como mujer católica a favor del aborto. “No podemos quererle imponer nuestra moralidad católica a todo el pueblo argentino, sobre todo cuando hemos fallado porque llegamos tarde a entender la necesidad de la educación sexual o del uso de anticonceptivos, porque no llegamos a salvar ninguna vida”, manifestó. La legisladora contó que después de votar en 2018 a favor de la IVE fue amenazada y presionada por sus “hermanos” de religión. “El aborto clandestino es un negocio, y a ese negocio le interesa poco salvar una vida. La clandestinidad mata, no salva ninguna vida, está comprobado”, concluyó González; “no estoy dispuesta a seguir cerrándole la puerta del sistema de salud a ninguna mujer”.

También fue celebrada la exposición del senador Matías Rodríguez, del Frente de Todos, que interpeló especialmente a sus pares varones: “Los hombres tenemos la condición de acompañar. Son mujeres las que sufren, son perseguidas, son torturadas. A nosotros no nos pasa ni nos va a pasar”.

Unas y otros, en prácticamente todos los casos, agradecieron al movimiento feminista argentino, a las pibas y a las pioneras en la lucha, por sacar el tema a las calles, instalarlo en las casas, arrancarlo del silencio y la vergüenza, e insistir.

Vigilia frente al Congreso, en Buenos Aires, el 30 de diciembre.

Vigilia frente al Congreso, en Buenos Aires, el 30 de diciembre.

Foto: Emiliano Lasalvia

La defensa del “niño por nacer”

Las intervenciones en contra de la legalización del aborto también fueron todas en el mismo sentido y se basaron en la premisa de que “hay vida desde la concepción”. Algunas exposiciones alegaron que la ley es “inconstitucional”, y otras apuntaron directamente a la promoción de la prevención, para evitar en primer lugar los embarazos no deseados.

“Las niñas sin duda no deben maternar, pero antes de eso no deben ser abusadas, no deben vivir en entornos violentos, y el proyecto de aborto legal no resuelve eso”, dijo, por ejemplo, Mario Fiad, de Juntos por el Cambio. “La interrupción del embarazo es una tragedia porque pone en riesgo la vida de la mujer y termina con la posibilidad de una vida en desarrollo”, argumentó la oficialista Inés Blas.

Su compañero Maurice Closs argumentó el voto en contra porque a su entender “no es una prioridad de salud pública, no es un cambio cultural y lejos está de ser una cuestión de orden público”. “No me siento responsable de las muertes ocurridas después de 2018 aunque haya votado en contra”, enfatizó.

El también oficialista Antonio Rodas leyó un tuit que había publicado el papa Francisco unas horas antes: “El hijo de Dios nació descartado para decirnos que toda persona descartada es un hijo de Dios. Vino al mundo como un niño viene al mundo, débil y frágil, para que podamos acoger nuestras fragilidades con ternura”. “Se es niño o niña desde la concepción” y, por lo tanto, “merece la plena protección del derecho”, concluyó.

Una novedad fue la propuesta del senador Guillermo Snopek, también del Frente de Todos, que propuso realizar una “consulta popular para que sea el pueblo el que decida” si legalizar o no el aborto.

En muchos casos, los antiaborto también hicieron referencia a la pandemia de covid-19, como un problema de salud pública que requiere más tiempo, atención y recursos que la legalización de la IVE. “No es el momento”, argumentaron varios.

“¿Vieron que nosotras cantamos que se va a va a caer? Bueno, yo creo que lo vamos a tirar”, dijo la senadora Anabel Fernández Sagasti, la última en exponer a favor del aborto. Y acotó: “Está tambaleando”. A partir de hoy, empieza una nueva etapa para las mujeres y personas gestantes en Argentina.

Vigilia frente al Congreso, en Buenos Aires, el 30 de diciembre.

Vigilia frente al Congreso, en Buenos Aires, el 30 de diciembre.

Foto: Juan Ignacio Roncoroni, EFE

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