Luego de una jornada maratónica de unas 20 horas de debate, se aprobó en la Cámara de Diputados argentina el aborto legal, con 131 votos a favor. Hubo 117 votos en contra y seis abstenciones. En las calles, miles de mujeres formaron la marea verde. Con algunas medidas sanitarias, las movilizaciones empiezan a volver a las calles después de meses de cuarentena obligatoria. La vigilia duró tanto como el debate, y el resultado de la votación fue acompañado de un aplauso colectivo.
No fue casualidad que se votara este proyecto el 10 de diciembre, cuando se celebra el Día Internacional de los Derechos Humanos. Fueron varias las y los diputados que hicieron mención a esto. En Argentina también se cumplió ayer un año de que asumiera la presidencia Alberto Fernández, aunque sólo un diputado lo mencionó.
Ahora el proyecto pasa al Senado; fue en esta Cámara que se rechazó la vez anterior, pero con el apoyo del presidente se espera ahora que el resultado sea otro; de hecho, fue Fernández quien remitió el proyecto en esta oportunidad.
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En su momento, Fernández dijo estar convencido de que “es responsabilidad del Estado cuidar la vida y la salud de quienes deciden interrumpir su embarazo durante los primeros momentos de su desarrollo”. También expresó que la criminalización de esta práctica “de nada ha servido”, ya que los abortos suceden en la clandestinidad con “cifras preocupantes”.
Las intenciones son que se vote antes de fin de año, aunque hubo políticos que plantearon que no era el momento porque “son fechas muy importantes para los cristianos”.
Los argumentos de un lado y del otro del debate son conocidos; quienes no quieren que el aborto deje de ser una práctica clandestina hablan del “derecho a la vida” y la “concepción desde el primer momento”; quienes quieren regular esta práctica para que sea una política pública de salud piden que “no haya más muertes en abortos clandestinos”.
El proyecto de ley establece la interrupción voluntaria del embarazo por voluntad de la mujer hasta las 14 semanas y agrega que el proceso tiene un plazo máximo de diez días entre la solicitud y el procedimiento.