El periplo de las familias que buscan a mujeres desaparecidas en Uruguay

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Hablar de la desaparición de adolescentes y mujeres en Uruguay es abrir un abanico de hipótesis y posibles destinos. Entre otras cosas, implica hablar inevitablemente de violencia de género y asumir la existencia de redes de trata con fines de explotación sexual que operan en el territorio. Es también poner arriba de la mesa un problema que, según dicen las expertas, está instalado en el país pero nadie quiere ver.

La asociación civil El Paso tiene años de trabajo acumulado en el tema. Desde 2011, en convenio con el Instituto Nacional de las Mujeres, gestiona el Servicio de Atención a Mujeres en Situación de Trata con Fines de Explotación Sexual, que brinda asistencia psicosocial, asesoramiento jurídico y atención de salud. Además, estudió en profundidad las características de la problemática en Uruguay, el perfil de las víctimas y el accionar de las redes delictivas, como quedó plasmado en la investigación “Dueños de personas, personas con dueño”, publicada en agosto del año pasado.

Unos días antes de que terminara 2020, El Paso organizó un conversatorio virtual para volver a visibilizar el problema y conocer la realidad de personas que buscan a sus desaparecidas. Participaron familiares de Silvia Fregueiro y de Milagros Cuello, cuyos casos se mantienen sin pistas ni avances. Sus abogadas aseguran que el camino recorrido para llegar a la verdad está marcado por irregularidades, negligencia y desamparo.

“Hoy elegimos traer a Milagros y a Silvia”, dijo en la presentación Andrea Tuana, directora de El Paso, “pero sabemos que hay muchas otras adolescentes y mujeres que están desaparecidas en nuestro país y cuyas búsquedas han pasado más o menos por estas mismas circunstancias”.

¿Qué implica una desaparición?

Desaparecer es dejar de estar a la vista, pasar a estar en un lugar que se desconoce o, directamente, dejar de existir, según las definiciones de la Real Academia Española. Ante la desaparición de una persona, lo primero y lo segundo es siempre irrefutable. Silvia Fregueiro, por ejemplo, salió el 21 de diciembre de 1994 de la casa donde ejercía como trabajadora doméstica en Punta del Este, pasó a saludar a una amiga que trabajaba en una panadería, se retiró del local y nunca más la volvieron a ver. “Se esfumó”, describió Santiago Canet, su hijo. Era oriunda de Treinta y Tres, y en ese entonces tenía 28 años.

El 3 de diciembre de 2016, Milagros Cuello recibió una llamada por celular y pidió permiso para ir a la plaza de Pando. Salió de su casa y, desde entonces, no se supo más nada de ella. “Hace cuatro años que desapareció”, recordó Nancy Baladán, su madre. En ese momento tenía 16 años.

Detrás de la desaparición de una persona hay un entramado mucho más complejo que dejar de estar a la vista y pasar a estar en un lugar que se desconoce. “La desaparición es una estrategia que se usa a menudo para sembrar el terror en la sociedad y la sensación de inseguridad y miedo, que no sólo se limita a los familiares cercanos de las personas desaparecidas, sino que también afecta a toda la comunidad y a la sociedad en general”, explicó durante el conversatorio Sandra Perroni, integrante de El Paso y coordinadora del Servicio de Atención a Mujeres Víctimas de Trata.

Cuando se trata particularmente de niñas, adolescentes y mujeres, puede estar vinculada “con formas de violencia de género como la violencia sexual, la trata con fines de explotación sexual o los femicidios”, pero también, en algunos países, “con grupos organizados como las maras y las pandillas”. Cualquiera sea el caso, dijo la experta, “en todas estas desapariciones se han identificado patrones que muestran que tienen características específicas y que las distinguen de las desapariciones de los hombres”.

Una de esas características en América Latina es que gran parte de las mujeres desaparecidas tiene entre diez y 30 años. Otra es la presencia del crimen organizado, “que controla tanto las redes de trata, de narcotráfico, de tráfico de inmigrantes y de otros negocios ilegales”. Es en esas dinámicas que aparecen las situaciones de abuso y violencia contra las mujeres, señaló Perroni, “como la servidumbre, la explotación sexual, el trabajo forzado, la utilización de las mujeres como correos humanos, los vientres de alquiler y las niñas en situación de adopción ilegal”. Las mujeres captadas también pueden ser utilizadas “en el intercambio para establecer pagos o cuotas entre estos grupos organizados, como las redes de trata, que en muchos países y en el nuestro también se han ido fortaleciendo”.

La revictimización y culpabilización de las mujeres es otro factor que está presente. “Aparece en todo el continente esa situación de que la víctima tiene que ser víctima y tiene que demostrar su inocencia aunque no tiene voz. Quienes lo hacen, entonces, son sus familiares”, afirmó Perroni. Esto lleva a otra característica que se presenta en la región, que es que quienes buscan a estas mujeres son generalmente otras mujeres: madres, hermanas, hijas, amigas, organizaciones feministas.

Las desapariciones de Fregueiro y Cuello han sido vinculadas con la trata y la explotación sexual. En el primer caso, la hipótesis empezó a ser manejada por las autoridades en 1996, cuando un funcionario judicial creyó haber visto a una mujer parecida a Silvia en un programa de la cadena brasileña Globo que abordaba el problema de la trata. La Policía pidió información para seguir la pista pero no encontró nada concluyente y no se logró avanzar.

La investigación de Cuello avanzó en la teoría de la explotación en 2019, cuando en el marco de la causa la fiscal Alicia Ghione procesó a tres hombres por los delitos de retribución y contribución a la explotación sexual infantil.

“Una desaparición es una forma de sufrimiento doblemente paralizante”, resumió Perroni; “lo es para las víctimas y para los miembros de la familia, que no saben la suerte que corren sus seres queridos y cuyas emociones oscilan entre la esperanza y la desesperación, esperando durante años noticias que nunca llegan”.

“A la víctima le arrancaron su existencia”, agregó. “La desaparecieron un día sin dejar rastro y pusieron una pausa en todos sus seres queridos, porque pasan las horas, los días, los años, en la incertidumbre de qué pudo haber pasado con ella. Los carcome la desesperación de no poder tener un cierre, porque darían cualquier cosa por un nuevo abrazo”.

Caso Fregueiro: “No tenemos ninguna punta que nos guíe”

Lo primero que destacó Santiago Canet cuando le tocó hablar es que, hasta el día de hoy, su familia sigue “sin ninguna noticia, sin ningún dato, sin ninguna pista” sobre lo que le pasó a su madre. Lo segundo fue recordar el nombre de su abuela, Ana Yacobazzo, y la lucha que lideró para encontrar a Silvia desde aquel 21 de diciembre hasta el día en que murió, en 2015. Ella fue quien se acercó a El Paso y a otros colectivos feministas, porque, “al no tener ningún dato, una de las posibilidades era que fuera un caso de trata, como pueden ser muchas otras opciones. No podemos descartar ninguna porque no tenemos ninguna punta que nos guíe hacia un lado y no hacia otro”, aseguró Canet.

Repasó la cronología del día en que su madre “se esfumó” como si lo contara por primera vez. En ese entonces él tenía 12 años. Hoy tiene casi 40. “Hemos ido por todos lados, hemos hecho mucha difusión a través de los medios, hemos consultado con la Policía, Interpol, dependencias del Ministerio del Interior, jueces. Por todos lados. Hasta ahora nadie nos ha podido decir nada”, lamentó, y cuestionó el accionar de las autoridades: “Este es nuestro caso, pero permite mostrarle a la gente que esto existe en Uruguay y que las personas que están encargadas de hacer esto no están preparadas, o no quieren saber”.

La abogada referente en temas de género y derechos humanos Diana González, que sigue el caso de Fregueiro, coincidió con Canet: “En el caso de Silvia, lo grosero es la distancia entre su energía y su búsqueda de oportunidades, y la negligencia y desidia de las instituciones en buscarla”.

La profesional enumeró distintas irregularidades que, a su entender, marcaron la investigación. Dijo que la familia para la que trabajaba la mujer en Punta del Este denunció “de inmediato” la desaparición, por lo que el Estado tuvo la responsabilidad de intervenir enseguida. Sin embargo, la primera audiencia de un testigo tuvo lugar recién el 17 de julio de 1995, siete meses después.

“¿Qué pasó entre medio? Hubo algunas investigaciones de la Policía en diciembre, que no están en el expediente. Hay un rumor de que hubo que sacarlas del expediente porque habría habido personas hostigadas físicamente para recabar testimonio. En realidad, es sólo un rumor. No existen constancias. Sí existe constancia en la prensa de las movilizaciones de la familia, de la repercusión en los medios de prensa y de las demandas en la calle para que el sistema de justicia interviniera”, recordó González.

También se sabe que hubo una denuncia en febrero de 1995 en una sede judicial, pero que el expediente se traspapeló durante tres meses. “En mayo se deja constancia de que está traspapelado y se ordena urgente la citación. Pese a ese traspapeleo y a esa vergüenza brutal que sucede mientras todo el mundo reclamaba la intervención del Estado para averiguar dónde estaba Silvia, la audiencia se exige para julio, y en octubre recién se ordena una segunda audiencia para realizarla en febrero del siguiente año. Un año después”, repasó la abogada. Al mismo tiempo, cuestionó que el perfil psicológico de Fregueiro se haya realizado diez años después de la desaparición. A su parecer, desde el principio “se investigó para un fracaso”.

González hizo un paralelismo entre este caso y el de las mujeres trabajadoras en Ciudad Juárez, México, que dio lugar en 2009 a la sentencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos conocida como “Campo algodonero”, la primera en que el organismo adoptó la perspectiva de género.

La abogada dijo que, en aquel caso, la corte también destacó “la irregularidad en las investigaciones y en los procesos, que incluyen la demora en la iniciación de la investigación, la lentitud de las mismas, inactividad en los expedientes, negligencia, irregularidades en la recolección y realización de pruebas y en la identificación de víctimas, pérdida de información, extravíos de pieza de cuerpos bajo custodia del Ministerio Público y la falta de contemplación de las agresiones a las mujeres como parte de un fenómeno global de violencia de género”. “Es decir, se junta la falta de diligencia con la falta de cabeza conceptual, de comprensión de que esto no es algo aislado, sino que es un fenómeno global de violencia de género”, resaltó González.

En ese sentido, dijo que al momento de pensar los términos de la reparación a las víctimas “no alcanza con reparar los daños puntuales, sino que es necesario generar acciones que modifiquen el contexto en que ocurrió para la propia familia, para esa mujer y para otras mujeres que hoy puedan estar yendo a trabajar a Punta del Este y deben contar con la total protección del Estado para ejercer su derecho a trabajar, a cumplir sueños y a buscar mejores formas de vida”.

Caso Cuello: “A Mili nunca la buscaron”

“Diana González habló de negligencia en la búsqueda de Silvia, de que se sabe pero no se cree. Con Mili, 26 años después, al menos desde el punto de vista judicial, es exactamente la misma situación”, aseguró la abogada Natalia Suárez, que lleva el caso de la desaparición de Cuello.

Suárez recordó que la adolescente desapareció el 3 de diciembre de 2016 y la denuncia se hizo al día siguiente. Sin embargo, la primera audiencia tuvo lugar a fines de 2018. “Tuvimos dos años de acciones administrativas, a pesar de que estuvimos dos años pidiendo con El Paso que se tomaran acciones judiciales [...] Exactamente igual que con la situación de Silvia, la acción siempre estuvo promovida por la familia”, puntualizó.

También llevó dos años que la hipótesis de la trata o la explotación sexual fuera incorporada en la investigación, pese a que en el expediente había “confesiones de explotadores que habían tenido acceso a Milagros; uno de ellos es la última persona que habló con ella a las dos de la mañana el día de la desaparición”. Suárez insistió en que “cada vez que una mujer desaparece, el caso debe ser investigado como un delito”. “Después, si la persona aparece o no, será otra cuestión. Pero la investigación tiene que tener esa dirección, y más cuando pasa el tiempo y la mujer no aparece; la hipótesis principal tiene que ser una de trata”.

La abogada denunció otras irregularidades, como el “extravío” del expediente de Cuello durante seis meses o el hecho de que se hayan perdido los videos de la plaza de Pando, hacia donde supuestamente se dirigía y donde podría haber sido vista por última vez. “Algunos de los teléfonos que se incautaron se analizaron y otros no, no se sabe por qué. Nunca se hizo triangulación de llamadas, nunca se hizo identikit, acá no hay perfil psicológico de nadie”, cuestionó.

Suárez se refirió a otros elementos que podrían haber dado pistas sobre el caso pero que no fueron investigados. “La investigación administrativa arrojó que prácticamente todo Pando sabía dónde estaba Milagros y todo Pando la vio el día que desapareció. La vieron incluso una semana después. Nunca se investigó, nunca se supo con quién estaba, nunca se citó a esas personas a la sede judicial a decir qué fue lo que vieron. A Nancy le llegan hasta el día de hoy mensajes de personas que conocen a su hija, que la han visto, que saben dónde está. Todo el mundo sabe dónde está Milagros y nadie lo sabe”.

Por otra parte, la letrada criticó que la investigación esté centrada únicamente en la víctima: “En el expediente no hay ni rastro del paradero de Milagros. Sin embargo, hay mucha información de Milagros”. En ese sentido, aseguró que es difícil “romper con ese cascarón de ver a la víctima como un objeto de prueba y no como una persona que tiene derechos”.

El relato de Nancy Baladán describe lo que parece ser un camino de soledad y desamparo institucional. “Nunca tuve el apoyo de la Policía, siempre busqué sola. Se hicieron marchas, se hicieron cortes de ruta, se ha buscado por todos lados, pero siempre solos”, aseguró.

Para la mamá, “nunca se investigó bien todo lo que se tenía que investigar”. Mencionó las llamadas que no se interceptaron, los videos que no se encontraron y las citaciones al juzgado que no se hicieron.

“Como quien dice, a Mili nunca la buscaron”, resumió. “Los únicos que la buscamos somos nosotros, la familia, y la seguimos buscando, porque ellos no lo hacen”. En línea con lo que dijo Perroni sobre las mujeres que buscan, Baladán reconoció que siempre tuvo el apoyo de otras mujeres y de organizaciones feministas. “Era decir de hacer una marcha y decían ‘vamos a hacer una marcha’. Siempre me acompañaron. El Paso también me acompañó y mi abogada siempre estuvo. Siempre fueron las mujeres las que me acompañaron”, insistió; “es la única compañía que tuve”.

Insistir, persistir, resistir

“¿Qué podrían decirle ustedes a una familia que hoy pasa por la desaparición de algún ser querido?”, planteó Tuana para una ronda de cierre de la actividad.

Para Canet, lo más importante es denunciar de inmediato e iniciar la búsqueda lo antes posible. “Como, lamentablemente, he visto durante todos estos años que no fue sólo nosotros que nos encontramos con un muro cuando hicimos la denuncia, puedo decirles que vayan a hacer la denuncia, que no se queden en ese muro y salgan a buscar ayuda a alguien que tenga experiencia en el tema, porque, si no, lo que hacen es decir ‘ya va a aparecer’ o ‘andá saber en qué anda’, sin reconocer que puede ser un caso preocupante y que hay que salir a buscar inmediatamente”, aseguró. “Se repite que siempre las investigaciones empiezan meses después”, agregó, “y todo ese tiempo perdido es irrecuperable”.

Perroni consideró que, además de iniciar la búsqueda de forma inmediata, es importante actuar desde el principio como si se estuviera frente a un delito.

Suárez, en tanto, insistió en la necesidad de incorporar la perspectiva de género siempre que aparece la denuncia de desaparición de una mujer. También puso énfasis en la participación de la familia en el proceso. “Las familias tienen que poder participar en ese proceso de búsqueda, y esto debe estar amparado por el sistema judicial y promovido por el Estado. No se debe poner siempre el peso, la mochila, la responsabilidad y la carga de todo en las víctimas y en tantas que trabajamos. Hay que trabajar proactivamente en la defensa de las víctimas para que esto sea responsabilidad del Estado y no de los ciudadanos”, señaló.

Según Baladán, la clave es insistir: “Las personas van a decirles que no hagan relajo y que no busquen. Pero yo sigo adelante, porque ellos no la buscan, la que la está buscando soy yo, así que las familias tienen que buscarlas y no bajar los brazos”.

González quiso aportar una reflexión más optimista. “En 1994 esto era un desierto grande, sin señales. En este tiempo, la desaparición de Silvia, la muerte de esas 400 mujeres en México, la desaparición de tantas, fueron, en el dolor, pero también con la esperanza, construyendo señales, caminos, senderos, guías, y hoy hay mucho construido”, puntualizó. “¿Falta? Obviamente. Falta que aparezcan, porque si no estamos pudiendo lograr el objetivo, todo esto parece nada para quien está en esa situación. Pero hoy tenemos clara la normativa”.

A su entender, hoy el desafío “es no perder la vista de que ese muro del que hablaban no es un muro de valientes, sino que está sostenido en el prejuicio, la discriminación, la negligencia, y se destruye unidos, con claridad, utilizando las herramientas que tenemos. Primero las conceptuales, porque hoy comprendemos el fenómeno de una forma diferente, y segundo las jurídicas, para exigir otro tipo de intervención. Eso a mí me da la sensación de que el camino no fue en vano”.

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