El Tribunal de Sentencia Nacional de Tegucigalpa sentenció el lunes a David Castillo a 22 años y seis meses de prisión como coautor intelectual del homicidio de la dirigente indígena y ambientalista hondureña Berta Cáceres, en marzo de 2016. El hombre condenado era directivo de la empresa Desarrollo Energéticos SA (DESA), responsable del emprendimiento hidroeléctrico Agua Zarca sobre el río Gualcarque, frente al que Cáceres lideró manifestaciones y protestas.
La Justicia de Honduras determinó que Castillo, que en 2016 era el presidente de DESA, utilizó sus contactos militares y pagó a informantes para coordinar y planear el homicidio de la activista, informó el portal La Prensa. Castillo había sido declarado culpable en julio de 2021, pero aún restaba el dictamen de la sentencia.
La participación directa del empresario en el asesinato se destapó a partir de un informe que presentó el Grupo Asesor Internacional de Personas Expertas en 2017. La investigación demostró la existencia de un complot para acabar con la vida de Cáceres, que involucraba además a agentes del Estado y sicarios.
El Consejo Cívico de Organizaciones Populares e Indígenas de Honduras (Copinh), que había fundado y lideraba Cáceres, celebró la condena en Twitter, aunque aseguró que Castillo “es sólo un eslabón de la cadena de mando que ordenó el asesinato de la lideresa” y que hay más personas involucradas por coautoría intelectual. Por su parte, en la misma red social, una de las hijas de la activista, Olivia Zúñiga Cáceres, dijo que era “indignante” que al empresario no se le haya aplicado la pena máxima.
La dirigente ambientalista fue asesinada el 2 de marzo de 2016, cuando tenía 44 años. Esa noche, mientras dormía en su casa del municipio La Esperanza, dos hombres tiraron la puerta y efectuaron seis disparos. Cáceres contaba con medidas cautelares proporcionadas por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, tras las reiteradas amenazas de muerte que había recibido. Desde su asesinato, familiares, personas allegadas y organizaciones sociales han reclamado justicia por el crimen, lo cual incluye la condena de todos los autores materiales e intelectuales.
Castillo es la octava persona condenada por el asesinato de Cáceres. En 2018, otras siete personas recibieron sentencias de entre 30 y 40 años por su participación en el crimen.