La Suprema Corte de Justicia (SCJ) dictó una circular para exhortar a las juezas y jueces a hacer un “uso responsable” de las tobilleras electrónicas que se destinan para situaciones de violencia de género y realizar un relevamiento de estos casos con el fin de determinar si se puede disponer de una solución alternativa. El documento, emitido el 28 de diciembre, se basa en un informe de la Dirección de Monitoreo Electrónico (Dimoe) del Centro de Comando Unificado del Ministerio del Interior (MI) –encargada de monitorear los dispositivos– en el que se plantean distintas dificultades que enfrenta hoy el sistema.
La circular, de hecho, es una respuesta a un reclamo que había hecho unas semanas antes el subsecretario del Interior, Pablo Abdala, en una nota en la que adjuntaba ese informe y advertía a la SCJ sobre una “gran cantidad” de dispositivos colocados de forma “ineficiente” y “por fuera de los perfiles” de usuarios preestablecidos. Esto derivó en un “exponencial incremento de la aplicación de dichos dispositivos, en términos que este ministerio no considera adecuados, en la perspectiva de la protección a las víctimas de violencia de género y, a la vez, de responder a la demanda de la seguridad pública en general”, decía el texto, citado por El País y al que accedió la diaria.
Entre otras cosas, Abdala afirmó que el ministerio identificó decenas de dispositivos que “se mantienen conectados desde hace más de dos años” (cuando el plazo regular es de seis meses), casos de ruptura de tobilleras en los que no hubo seguimiento, y otros en los que hubo reconexiones por “daños reiterados de los ofensores, sin que ello provoque consecuencia alguna” en los responsables.
A su vez, el subsecretario aseguró que hay situaciones que demandarían la aplicación de la tobillera, pero que son “relegadas” por otras medidas de “justificación dudosa”, algo que a su entender “impacta en el combate a la violencia de género”.
El jerarca recordó que, en los casos en los que sería razonable colocar un dispositivo pero no hay ninguno disponible, el MI para proteger a la víctima debe asignar una dupla de funcionarios policiales, en tres turnos, y destinar móviles.
De perfiles y resoluciones
El informe de la Dimoe, que data del 17 de noviembre, enumera dificultades en lo que tiene que ver con los perfiles de los usuarios. Por ejemplo, señala que en los últimos meses se conectaron tobilleras en más de 12 personas en situación de calle, lo que implica algunos obstáculos como la “imposibilidad de determinar un domicilio real y fijo” o la “falta de energía eléctrica para cargar los dispositivos”. Además, en ocasiones, tener tobillera supone dificultades para que puedan acceder al cupo de refugio del Ministerio de Desarrollo Social.
Lo mismo pasa con personas con “problemas de salud mental diagnosticados” –que según la Dimoe “representan una demanda específica y constante”, mayor a la que requieren otros usuarios, lo que provoca “un desgaste de los recursos”– y aquellas con “ideación suicida”. La dirección detalla que, durante los primeros diez meses de 2023, se trabajó con diez usuarios del primer grupo y 18 del segundo.
El informe especifica que cuando la víctima y el ofensor son madre e hijo (tipo de vínculo que se da en 9,5% de los casos activos) son situaciones que también implican complicaciones. Esto es, en parte, porque en las víctimas hay una “falta de comprensión de la problemática, por lo que mantienen a escondidas contacto con el ofensor, abandonando el dispositivo para verlo, brindando alimentación, permitiendo el ingreso al domicilio cuando este concurre, pese a las advertencias del funcionariado policial”. Para la Dimoe, se trata de usuarias y usuarios que “requieren una atención específica, y no la tienen por parte de ninguna institución”.
Por otra parte, el documento advierte sobre víctimas que se sacan el dispositivo de forma intencional, al “no visualizar el riesgo al que se exponen”. En esa línea, asegura que, como “no genera evento ni alarma alguna” que la víctima se retire la tobillera –contrariamente a lo que sucede cuando el agresor lo hace–, la dirección se entera “por otro familiar que alerta o por alguna situación en concreto en donde se deba llamar a la víctima”. En 2023, cinco mujeres fueron heridas por el ofensor en este contexto.
El informe de la Dimoe también asegura que reciben “resoluciones judiciales que podrían poner en riesgo la vida de las víctimas, así como la efectividad del programa”, como aquellas que “permiten ingresar a la persona ofensora a las zonas de exclusión” o las que “disponen el porte del dispositivo a responsable, tutores, curadores de víctimas incapaces o niños/as, quedando estos de igual forma sin protección, principalmente en casos de situaciones de abuso sexual”. Al mismo tiempo, refiere a resoluciones que “disponen el ingreso de una misma persona tanto en el rol de víctima como en el rol de ofensor, portando dispositivo de víctima y además tobillera como persona ofensora”, y otras que “autorizan la voluntad de la víctima de no tener custodia cuando se encuentra a un radio menor de 500 metros del ofensor, lo que no permite una respuesta policial”.
Otras cuestiones a reforzar
Cuando asumió el gobierno actual, en 2020, el MI contaba con 1.200 tobilleras y hoy dispone de 1.950, a las que se sumarán otras 400 en las próximas semanas, según dijo Abdala el 21 de noviembre, durante el acto que llevó a cabo la cartera por el Día Internacional de Eliminación de la Violencia contra la Mujer. En esa ocasión, el subsecretario también señaló que 2023 fue un “año histórico” para este programa, ya que se invirtieron cerca de 200 millones de pesos en el arrendamiento de los dispositivos y en la mejora del software de seguimiento de las víctimas y ofensores.
Pese a estos avances, especialistas y organizaciones de la sociedad civil vienen advirtiendo desde hace unos años que el aumento del número de tobilleras es prácticamente inútil si no está acompañado de un incremento del personal encargado de hacer el monitoreo.
En un análisis que realizó con la diaria sobre la persistencia de la violencia femicida en Uruguay, la psicóloga y exdirectora de la División Políticas de Género del MI, July Zabaleta, dijo el mes pasado que es necesario preguntarse si “hay suficientes operadoras y operadores en el sistema de monitoreo de las tobilleras haciendo seguimiento cercano de las situaciones que están monitoreando, para estar interiorizados y poder hacer coordinaciones con otras instituciones”. En ese sentido, planteó además que “siempre hay cosas para ajustar a nivel interinstitucional entre el MI, la Fiscalía, el Poder Judicial, el Inmujeres [Instituto Nacional de las Mujeres]”, porque “no podemos ver las situaciones como aisladas, sino como procesos”. Además, aseguró que “si queremos prevenir femicidios”, “no debería” haber personas en lista de espera para el programa de tobilleras.
Al igual que advirtió la Dimoe, la especialista comentó que “muchas veces el plazo de la medida de supervisión de la cautelar a través de la tobillera se prorroga” y, en esos casos, “esa tobillera está destinada a esas personas durante dos años, por ejemplo”, por lo que “no se renueva y no se la podés adjudicar a otra situación” que quizás la requiere con urgencia. Zabaleta dijo que “tampoco se puede pensar en que sí o sí se tenga que levantar esa medida de supervisión de la cautelar a través de la tobillera si el riesgo no descendió”, pero aclaró que “el riesgo no va a descender solamente por estar dentro del programa tobillera”, sino que depende de cómo sea el “abordaje integral” tanto con el ofensor como con la víctima.