Ecuador: organizaciones presentaron en la Corte Constitucional una demanda para despenalizar el aborto

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El movimiento nacional Justa Libertad, conformado por ocho organizaciones feministas y defensoras de los derechos humanos en Ecuador, presentó este martes ante la Corte Constitucional una demanda para que se despenalice el aborto en el país. En concreto, pide que se declare inconstitucional el artículo 149 del Código Penal, que castiga con penas de entre seis meses y dos años de cárcel a la persona que provoque su aborto o permita que otra se lo practique, y de entre uno a tres años a quien la ayude a abortar con su consentimiento.

En abril de 2021, el mismo tribunal declaró inconstitucional un artículo que sólo permitía la interrupción voluntaria del embarazo por violación a mujeres con “discapacidad mental”. Desde entonces, en Ecuador se puede abortar en todos los casos de violación y cuando existe riesgo de vida o de salud para la persona gestante.

Sin embargo, siguen existiendo barreras para el acceso a la práctica en condiciones seguras –en parte, por los requisitos y otros obstáculos que introdujo en la reglamentación el entonces presidente Guillermo Lasso– y la presencia del delito en el Código Penal “genera graves afectaciones en materia de derechos humanos, de justicia social y de salud pública en la vida de las mujeres y personas gestantes” del país, aseguró Justa Libertad en un comunicado.

El movimiento recordó que el hecho de que el aborto sea un delito “no ha impedido que quienes toman la decisión de abortar lo hagan, sólo ha complicado las condiciones en que se practica”. En ese sentido, aseguró que en Ecuador siete niñas, adolescentes, mujeres y personas gestantes abortan por hora, según estimaciones de la Organización Mundial de la Salud.

A la vez, las organizaciones señalaron que, en 2022, “cada día, 54 niñas, adolescentes y mujeres fueron hospitalizadas por causas relacionadas con un aborto”, de acuerdo con las cifras del Ministerio de Salud Pública ecuatoriano. “Los datos demuestran que restringir el acceso al aborto no reduce el número de abortos. De hecho, es más probable que las restricciones empujen a las mujeres y niñas hacia procedimientos no seguros”, puntualizaron, y agregaron que, en este escenario, las más afectadas son las “mujeres jóvenes, indígenas, afrodescendientes y en situación de empobrecimiento”.

“Este es el momento de defender la libertad. Es ahora, el país está listo para esto, y además este es un mínimo en el marco de los derechos humanos”, dijo a Efe Ana Vera, directora ejecutiva de Surkuna, una de las organizaciones detrás de la demanda. La activista agregó que “el aborto no debe ser regulado por el Código Penal, sino que debe ser reconocido como un servicio esencial de salud y, en ese sentido, debe ser garantizado a todo el mundo”.

Justa Libertad, que parece replicar la estrategia del movimiento Causa Justa que llevó a la despenalización del aborto hasta las 24 semanas en Colombia, está integrado por Surkuna, Las Comadres, Alianza de Organizaciones por los Derechos Humanos, Amazon Frontlines, Bolena, Centro Ecuatoriano para la Promoción y Acción de la Mujer Guayaquil, Fundación Lunita Lunera y Sendas.