En Argentina se cumplieron cuatro años de la aprobación de la Ley 27.610, conocida como ley de acceso a la interrupción voluntaria del embarazo (IVE). Fue en la madrugada del 30 de diciembre de 2020 cuando una multitud de mujeres y disidencias –la “marea verde”– se abrazaba y entrecruzaba miradas de alivio frente a las puertas del Congreso al conocer el resultado a favor de la norma que llevó décadas conseguir.
Desde entonces, la decisión de interrumpir un embarazo en curso es una decisión que cuenta con respaldo legal y cobertura del Estado: en todo centro de salud, ya sea público o privado, si una persona llega con la decisión de realizarse un aborto, al día de hoy, debe ser atendida.
Durante el primer año de mandato de Javier Milei, llegado a la presidencia el 10 de diciembre de 2023, se logró sostener la atención médica en el marco de los requerimientos de la IVE, a pesar de que el Ejecutivo libertario desmanteló las políticas públicas principales que garantizaban el cumplimiento de los derechos sexuales y reproductivos de la población.
Según indica el último reporte publicado por el Proyecto Mirar, una iniciativa que se encarga de monitorear la implementación de la ley IVE en Argentina, entre enero y octubre de 2024 hubo una caída brutal en el financiamiento de políticas públicas esenciales para garantizar la implementación de la norma.
El informe, titulado Insistir y persistir. El panorama del aborto en Argentina, detalla que en 2023 se entregaron 106.737 medicamentos para IVE/ILE (mifepristona y misoprostol) y en 2024, directamente, no hubo entregas. El gasto del presupuesto nacional destinado a salud sexual y (no) reproductiva resulta ser el más bajo de los últimos nueve años.
Para Natalia Gherardi, abogada feminista y docente, directora ejecutiva del Equipo Latinoamericano de Justicia y Género (ELA) y miembro de la Red de Acceso al Aborto Seguro de Argentina (Redaas), las decisiones políticas llevadas a cabo durante 2024 resultan peligrosas para la garantía de los derechos que prevé la ley del aborto. En este sentido, dice a la diaria que “la interrupción en la provisión regular de métodos anticonceptivos e insumos para IVE/ILE por parte del Estado nacional es un hecho. Esto tiene un impacto directo, sobre todo en las provincias con menos recursos económicos y menos compromiso político con los derechos de las mujeres, niñas y adolescentes, que genera dificultades en el acceso a los derechos para la salud sexual y reproductiva, y confusión debido a los mensajes contradictorios y equívocos que emiten distintos funcionarios públicos”.
Consultada sobre si el cumplimiento efectivo de la ley IVE para 2025 estaría en riesgo, responde: “Sí, está en riesgo, ya que la falta de presupuesto y de rectoría por parte del Estado nacional genera faltantes en muchas jurisdicciones, dificultando el acceso a la práctica. Pero, además, existe otro riesgo a partir de generar demoras y mensajes contradictorios desde distintos espacios de poder, ya que se puede producir un desincentivo para que las mujeres dejen de recurrir a los hospitales públicos para solicitar la práctica”, afirma la experta.
La abogada remarca que “la ley IVE/ILE está plenamente vigente y es exigible en todo el territorio del país” y que “quienes soliciten la práctica tienen todos los recursos legales para exigir su cumplimiento. Por supuesto, la falta de rectoría y liderazgo desde el Ministerio de Salud de la Nación tendrá un impacto negativo y por eso será importante la responsabilidad que las provincias deben asumir en garantizar el acceso a esta práctica de salud”.
“Durante 2024 todas las provincias han sido afectadas porque el recorte del presupuesto para la compra de medicación utilizada para la IVE por parte del gobierno nacional es total”, se suma a dialogar con la diaria Rosana Fanjul, integrante de la Campaña por el Aborto Legal, Seguro y Gratuito.
En la ciudad de Buenos Aires y alrededores, “todavía están garantizados estos derechos”, pero “hay muchas provincias que corren riesgo, como es el caso de Salta, Corrientes y Santiago del Estero”, advierte Fanjul, que es diplomada por la Universidad Nacional de San Martín en prevención y acompañamiento integral en situación de violencia de género.
“En las provincias que no se garantiza por ningún gobierno el acceso seguro al aborto, estamos articulando en red con organizaciones y socorristas para garantizarlo, pero no es posible cubrir toda la demanda. También la falta de anticonceptivos ha incrementado el número de embarazos no deseados. Han abierto asesorías para derivar a quienes soliciten la IVE, esas asesorías son religiosas y actúan con intención de generar culpa, dilatan el tiempo para que pasen las semanas y ya no sea posible realizarla”, precisa.
El lema de la Campaña es “Educación sexual para decidir, anticonceptivos para no abortar y aborto legal para no morir”, por eso advierten que la aplicación de la ley de educación sexual integral (ESI) es una herramienta fundamental para prevenir abusos sexuales y embarazos no deseados, que también sufrió recortes. “A los docentes también se los ha desfinanciado para que no dicten la ESI en las escuelas, y tampoco se ha comprado los preservativos y anticonceptivos estipulados para evitar el embarazo no deseado”, detalla con tristeza.
No hay plata (ni medicamentos)
Frente a la falta de entrega de medicamentos, Mariana Romero, integrante de Redaas, cuenta a la diaria cómo se organizaron los distintos centros de atención de la salud del país: “Por un lado, la gestión anterior distribuyó todos los insumos que estaban disponibles antes de dejar el gobierno; con eso nos manejamos hasta mediados de junio. En paralelo, los profesionales de la salud comenzaron a priorizar entre las mujeres que tenían algún grado de cobertura médica y las que no; sin negarle los servicios a ninguna, intentaron que aquellas que contaban con algún tipo de respaldo cubrieran el costo de los medicamentos, como forma de recuperar una dosis o el insumo”.
Si bien asegura que en algunas provincias se iniciaron procesos de compra de medicamentos, “no se acercaron a la distribución total que estaba a cargo del Ministerio de Salud de la Nación, dado que los costos son altos y las provincias no tenían previsto un presupuesto para eso”.
Es que el corte en la distribución de medicamentos por parte del gobierno nacional fue “de un momento al otro”. “La suspensión fue unilateral, intempestiva y sin haber sido previamente acordada con las distintas provincias para que pudieran planificar una compra racional; lo tuvieron que hacer como pudieron y sin posibilidad de negociar los precios”, explica.
Anticonceptivos: prevención de embarazo no deseado
En relación con la entrega y la aplicación de métodos anticonceptivos, insumos contemplados en el Programa Nacional de Salud Sexual y Reproductiva y establecido por la Ley 25.673, según el último informe del Proyecto Mirar, se pasó de 4,4 millones en 2023 a 2,4 millones de unidades en 2024. En paralelo, otro programa que fue recortado durante el año pasado es el Plan Nacional de Prevención del Embarazo no Intencional en la Adolescencia (Plan Enia), desde el que se distribuían métodos anticonceptivos de larga duración para las adolescentes: de 50.000 en 2023 se entregaron unos 21.000 en 2024. Con este programa se había logrado reducir el embarazo adolescente en un 50%.
“Hoy las personas no pueden elegir el método anticonceptivo que deseen, ya que hubo una caída del 64% en la distribución de preservativos y anticonceptivos en todo el país”. “Desde las regionales de la campaña detectamos que la falta de ecógrafos y de disponibilidad de turnos para acceder a ecografías dilata los tiempos que estipula la ley para garantizar el aborto voluntario”, enfatizan desde la Campaña por el Aborto Legal, Seguro y Gratuito.
Un informe publicado en 2021 ya advertía que siete de cada diez embarazos de adolescentes argentinas de entre 15 y 19 años fueron no intencionales y que, en el caso de las niñas menores de 15 años, la cifra aumentaba a ocho de cada diez embarazos, donde las causas principales eran por abuso sexual y violación. Este relevamiento fue realizado de manera conjunta por el Ministerio de Salud de la Nación y el Fondo de Población de Naciones Unidas (UNFPA), con datos de 2018, cuando nacía el Plan Enia, en intento de respuesta a la problemática.
En este aspecto, el documento del proyecto Mirar indica que desde la sanción de la ley se logró una reducción de 57% de la tasa de fecundidad en niñas de diez a 14 años, donde intervienen situaciones ligadas al abuso sexual del entorno familiar cercano, un descenso “inédito en América Latina”.
¿Derogar la ley es posible?
En febrero de 2024, la diputada nacional Rocío Bonacci (La Libertad Avanza) presentó un proyecto para derogar la ley y tipificar al aborto como delito, una iniciativa que despertó tal controversia que, pocos días después de que se difundiera la noticia, el vocero presidencial, Manuel Adorni, tuvo que salir a decir que la propuesta no estaba impulsada por el Poder Ejecutivo.
Si bien la iniciativa es personal, el presidente argentino se expresó públicamente en repetidas ocasiones contra el aborto legal. “Para mí el aborto es un asesinato agravado por el vínculo, lo puedo demostrar desde una perspectiva matemática, filosófica, desde el liberalismo y, además, desde lo biológico”, había expresado en marzo.
Para que la derogación de una ley nacional sea efectiva, se necesita del apoyo de las dos cámaras del Congreso, una situación que, por el momento, según coinciden los espacios feministas, no sería viable. “Lo que dice Milei no tiene sustento, carece de coherencia y bases científicas, lo que lo convierte en algo muy difícil de tratar”, sintetiza Fanjul.
¿Qué herramientas hay pese a los recortes presupuestarios?
Desde Redaas, que es una red de profesionales de la salud, el derecho y el trabajo social que opera desde espacios de salud públicos y comunitarios para garantizar el acceso al aborto de manera segura y de calidad, aportan estrategias que permiten superar las dificultades que presenta el contexto actual.
“Entre las herramientas disponibles tenemos un asistente virtual para equipos de salud que brinda información sobre el abordaje clínico y marco legal, contribuyendo a brindar claridad sobre estos aspectos clave. Se trata de un recurso desarrollado en conjunto con el Centro de Estudios de Estado y Sociedad y ELA, que sirve de herramienta esencial para llevar claridad ante la incertidumbre intencionalmente generada desde algunas personas en la función pública”, remarca Gherardi.
“Buscaremos seguir fortaleciendo los colectivos profesionales como obstétricas y enfermeras, porque sabemos que son ellas quienes están más cerca de las comunidades en los centros de salud, que siguen siendo el principal lugar de ingreso de las personas que buscan la interrupción de su embarazo”, se suma Romero, y enseguida enfatiza: “Por supuesto que la falta de insumos va a ser un punto crítico y, además, todavía hay que ver cómo se posicionan las provincias de cara a 2025, año de elecciones legislativas. Habrá que ver qué gobiernos provinciales deciden sostener la agenda de salud y de derechos sexuales y reproductivos como parte de su agenda y cuáles no”.
Los reclamos de los colectivos feministas y la visibilización en las calles también se sostuvo en 2024, aunque no fue fácil. Al respecto, Fanjul lo analiza: “A la hora de organizarnos para dar respuestas a la embestida del gobierno contra nuestros derechos conquistados, muchos se preguntan dónde están un sinnúmero de feministas frenando semejantes atropellos; y la respuesta está en la realidad diaria que estamos viviendo. Este último año se han perdido puestos de trabajo y con ello las posibilidades de pagar un alquiler, de movilizarse para estudiar, de tener mínimamente cubierta nuestra asistencia en salud, no se puede pagar una obra social y el sistema público de salud ha sido desfinanciado”.
Y sigue: “Al mismo tiempo, tenemos que sostener económicamente a nuestros padres jubilados porque no les alcanza y tampoco tienen remedios cubiertos, tuvimos que doblar la cantidad de horas de trabajo o sumar nuevos trabajos, salir a vender cosas, a limpiar casas, trabajos precarizados en general para complementar ingresos. En este contexto es muy difícil dedicar tiempo a la militancia cuando el poco tiempo que tenemos es para descansar lo mínimo para seguir el día a día. Resulta muy agotador porque muchas veces también hay que sostener a la pareja que se ha quedado sin trabajo por el cierre de una pyme, por ejemplo. El desgaste de energías cuando las necesidades básicas no están cubiertas es enorme”.
De todas maneras, y a pesar de este panorama, desde la campaña ya tienen fecha prevista para volver a encontrarse en las calles. Será el 19 de febrero por el aniversario del primer Pañuelazo de 2018.