Sólo en 2024, el Sistema Integral de Protección a la Infancia y a la Adolescencia contra la Violencia (Sipiav) intervino en 8.924 situaciones de violencia hacia niñas, niños y adolescentes. Poco más de un quinto de ese total, 22%, tuvo que ver con episodios de abuso sexual y explotación sexual. Son 1.963 casos de violencia sexual infantil y adolescente. Cinco por día. Las cifras reflejan la dimensión de la problemática en Uruguay y cada año vuelven a poner en el foco las deudas que tiene el Estado con la protección, la reparación y la atención integral de las y los sobrevivientes.
La asociación civil El Paso trabaja desde hace años en el tema y gestiona algunos de los servicios especializados que acompañan a infancias y adolescencias víctimas de violencia sexual. En el último tiempo, ha incluido en su plataforma de reivindicaciones la necesidad de implementar en nuestro país el llamado modelo Barnahus para mejorar la calidad de la atención y que su tránsito por el sistema de justicia sea lo menos revictimizante posible.
Barnahus significa “casa de los niños y las niñas” en islandés. Es justamente en ese país que se originó el modelo, que propone una “atención integral donde todos los departamentos que intervienen en un caso de abuso sexual infantil se coordinan y trabajan bajo el mismo techo para atender al niño o niña víctima”, explica en su sitio web Save The Children, la organización internacional que promueve la iniciativa. “Se trata de una casa, lejos de comisarías y hospitales, que cuenta con un entorno amigable para los niños: decoración adaptada a su edad y profesionales especializados en victimología infantil”, describe la página, y puntualiza que es un modelo que “pone al niño en el centro para que no tenga que desplazarse en los diferentes servicios implicados en el caso ni repetir tantas veces su historia”.
Agrega además que “su efectividad está basada en la evidencia”, en tanto “son múltiples los estudios empíricos que han demostrado que este modelo ayuda a reducir la victimización secundaria y mejora el trato hacia el niño y su familia”.
El Paso estudió cómo fue implementado en distintos países de Europa y este año, con el cambio de gobierno, vio la oportunidad para abrir el camino hacia su concreción en Uruguay. La socióloga Cristina Prego, una de las directoras de la organización, aseguró a la diaria que para lograrlo “es necesario que el gobierno tenga una mirada de protección de garantía de los derechos de niños y niñas”, una postura que no identificaron durante el período pasado, donde “hubo acciones como, por ejemplo, el apoyo a la ley de corresponsabilidad en la crianza”, que reflejaron la “enunciación de un posicionamiento” donde “no se escucha su voz y no hay una prioridad en su protección”.
Las posibilidades de replicar el modelo en Uruguay
La ministra de Salud Pública, Cristina Lustemberg, fue una de las primeras representantes de este gobierno en mencionar el modelo Barnahus. Lo hizo a fines de abril, en el marco de la presentación del informe anual del Sipiav. En ese entonces, la jerarca dijo a la diaria que hace falta “ir por nuevos modelos de abordaje” de la violencia hacia infancias y adolescencias y mencionó concretamente que el modelo Barnahus evitaría las “instancias de revictimización muy fuertes” que viven hoy tanto las niñas, niños y adolescentes como sus familias.
Las autoridades de la actual administración no sólo mostraron interés, sino que, a mediados de junio, integraron una delegación que viajó para conocer cómo funcionan las casas Barnahus en Cataluña. El grupo estuvo integrado por la presidenta del Instituto del Niño y Adolescente (INAU), Claudia Romero, y la asesora del directorio Carmen Rodríguez; la coordinadora del Programa Niñez del Ministerio de Salud Pública, Marie Boulay; la ministra del Tribunal de Apelaciones de Familia Alicia Álvarez, que fue como representante de la Suprema Corte de Justicia; y Prego, Andrea Tuana y Fabiana Condon por El Paso.
En diálogo con la diaria, la presidenta del INAU afirmó que fue un viaje “muy fructífero” y valoró la estrategia Barnahus como “francamente positiva”, en tanto coloca “a las instituciones a disposición del niño”, por lo que “evita su peregrinaje” por las distintas instancias y, así, “se minimiza la revictimización”.
Consultada sobre la viabilidad de que se instalen las primeras casas Barnahus en este período, Romero dijo que la primera fase implica hacer un “diagnóstico de la situación de violencia sexual” contra las infancias y adolescencias en nuestro país y un “mapeo de la respuesta que damos como Estado”. A partir de ahí, se evaluará si el modelo es aplicable de forma “estricta” o si hay que “darle una lógica nacional”. En ese sentido, consideró que el proyecto “quizás sea un faro hacia donde tenemos que ir, optimizando los recursos que ya tenemos”.
En cuanto a los pasos a seguir de ahora en más, la jerarca adelantó que la idea es armar un grupo de trabajo con las demás instituciones involucradas en la respuesta a estas situaciones “para ver, siguiendo este faro, si es posible aplicarlo a nuestro país o si es un recurso en el que nos podemos inspirar para responder mejor”.
Romero también destacó que el Programa de Género, Sexualidad y Salud Reproductiva del Instituto de Psicología de la Salud de la Facultad de Psicología (Universidad de la República) está haciendo una investigación para analizar, desde la perspectiva académica, la viabilidad de implementar el modelo Barnahus en Uruguay. En ese sentido, consideró “fundamental” que “la academia nos dé información fiable y conocimiento basado en la evidencia para que generemos las mejores estrategias”.
Barnahus por dentro
La delegación uruguaya eligió visitar el modelo de Cataluña, entre los demás europeos, primero por la “posibilidad de una conversación más fluida”, a nivel del idioma, y porque “la comuna catalana pudo instalar 13 centros en dos años”, explicó Prego. Además, El Paso tiene contacto con la Fundación Esplai, de Barcelona, que ofició de nexo. En concreto, conocieron las casas de Granollers y de Tarragona.
Las integrantes de la delegación también mantuvieron una reunión con responsables del área de derechos humanos, familia y niñez de Cataluña, que compartieron “cuáles habían sido las acciones que tuvieron que hacer para implementar el modelo, las necesidades de articulación, algunas dificultades vinculadas a congeniar lógicas entre los distintos organismos y a encontrar las condiciones locativas adecuadas”, porque “hay ciertos estándares requeridos para que se pueda denominar ‘casa Barnahus’”, relató la referente.
Respecto de la gestión de estas casas, la representante de El Paso señaló que “hay procesos licitatorios” porque suelen ser cogestionadas en asociación con organizaciones de sociedad civil, que contratan al equipo que está de forma fija en el lugar. Ese “equipo base” está integrado por una persona en la coordinación, dos duplas de trabajadores sociales y psicólogos y dos personas en la parte administrativa.
Este es el equipo que “tiene los primeros encuentros con los niños, las niñas y las familias” y “establece cuál es la necesidad y la estrategia, dependiendo de la situación”. A partir de la estrategia definida, se convoca a otros actores que pueden intervenir en el resto del trayecto, como pediatras, ginecólogas, médicos forenses o psiquiatras. A su vez, el formato de Cataluña prevé que algunos organismos del Estado envíen a personal de su staff para trabajar ahí, como es el caso de policías –para la recepción de denuncias–, defensores públicos y jueces. Este equipo no es permanente, sino que se convoca según lo que requiera cada caso.
Las vías de llegada a una casa Barnahus son institucionales. “Hay una ficha protocolo que se difunde primero en la localidad donde está la casa, a todos los centros educativos, por ejemplo, y ahí una maestra o docente puede hacer una derivación de una situación de sospecha o de una enunciación”, detalló Prego. Otra forma puede ser a través del sistema de salud. Es un modelo que “requiere la articulación entre la casa y los distintos posibles organismos derivantes a la casa”, agregó.
La directora de asociación civil dijo que, una vez en la casa, la denuncia de la situación puede hacerse “en forma presencial o a partir de un sistema que es como un tipo de cámara Gesell, pero remota, para que todo ese proceso probatorio quede grabado y eso se considera la prueba para un posible juicio posterior”.
¿Cómo contribuiría a mejorar el modelo de atención en Uruguay?
“Lo importante de esta propuesta es que el niño, niña o adolescente está en el centro de la intervención y toda la respuesta gira en relación a sus necesidades; no al revés, que en general es lo que pasa ahora”, señaló Prego. Por lo tanto, el principal impacto que tendría es “en la reducción de la revictimización y en que los niños o niñas no tengan que pasar por instancias distintas a decir siempre lo mismo y revivir la situación cada vez que lo cuentan”, afirmó la especialista. Esto impediría “toda la afectación que tienen por el tránsito del sistema de justicia hasta llegar a un juicio, que a veces dura dos o tres años, y que les implica permanecer todo el tiempo con ese tema en su cabeza y en su vida cotidiana”.
Por otro lado, dijo que los estudios muestran que contribuye a “combatir la impunidad” al lograr un aumento de las condenas, en parte porque mejora los procesos probatorios, algo crucial si se tiene en cuenta la dificultad que existe para probar estas situaciones, que suelen darse sin testigos, en contextos de silencio, amenaza y asimetría de poder.
Prego insistió en que, para que la propuesta funcione, es indispensable que los equipos tengan “una profesionalización y una capacitación muy específica”. Por eso, de cara al posible aterrizaje de Barnahus en Uruguay, El Paso busca promover este año “algún ciclo de formación para referentes institucionales”, además de actividades para “poner el tema arriba de la mesa, que es lo primero”.
La organización considera posible que pueda haber avances durante este quinquenio: “Tenemos expectativas porque tenemos la convicción de que es un buen modelo, porque es necesario, porque hay personas que acompañan esta necesidad dentro de los distintos organismos del Estado y porque hay un interés en mejorar la respuesta”.