“¿Qué opina sobre la violencia contra niñas, niños y adolescentes?”, le preguntó un chiquilín de no más de diez años al presidente de la República, Yamandú Orsi, a unos metros de la Sala de Eventos Especiales del Palacio Legislativo. Junto a él había más integrantes del grupo de Niños, Niñas y Adolescentes Periodistas de la Plataforma Infancias y Adolescencias (PIAS), que este viernes de mañana entrevistaron a distintas autoridades que participaron en la presentación del informe anual de gestión del Sistema Integral de Protección a la Infancia y a la Adolescencia contra la Violencia (Sipiav) del Instituto del Niño y Adolescente del Uruguay (INAU).
Unos minutos antes, la vicepresidenta Carolina Cosse, que fue una de las oradoras del evento, había destacado la singularidad de que un mandatario estuviera presente en este evento que organiza el Sipiav cada 25 de abril, en el marco del Día Internacional contra el Maltrato y el Abuso Sexual de Niñas, Niños y Adolescentes. “Creo que debe ser la primera oportunidad en que, públicamente, el Poder Ejecutivo y el Poder Legislativo –por lo menos, parte de él– están presentando públicamente su preocupación y su ocupación alrededor de este informe sobre los problemas de la violencia en niñas, niños y adolescentes”, sentenció.
El reporte revela que, en 2024, el sistema intervino en 8.924 situaciones de violencia hacia niñas, niños y adolescentes. De ese total, 2.501 representan nuevos ingresos. Son, en promedio, 24 casos diarios. La cifra muestra un aumento respecto de todos los años anteriores y puntualmente un crecimiento de 9% en comparación con 2023, cuando se registraron 8.157 situaciones (22 por día). Al igual que en los años previos se mantiene el mayor registro de niñas y adolescentes mujeres víctimas, que representan 56%, frente al 44% de los varones.
En cuanto a las edades, el informe resalta que, por segundo año consecutivo, el tramo etario de 13 a 17 años es donde se identifica la mayor cantidad de situaciones, que llegan a 38% del total. Antes “la franja de 6 a 12 siempre era la de mayor porcentaje, pero en los últimos años el tramo de edad adolescente mantiene su aumento”, señala el Sipiav. Otro tramo que se mantuvo prácticamente igual es el de la primera infancia, de cero a cinco años, que abarca 17% de los episodios.
Respecto de los tipos de violencia ejercidos sobre las infancias y adolescencias, se identifica que prevalece el maltrato emocional (38%), seguido por la negligencia (23%), las violencias sexuales (22%) –que por primera vez se presentan en una misma variable que incluye abuso y explotación– y la violencia física (17%).
Una vez más, el informe revela que las niñas y adolescentes mujeres son las principales víctimas de las violencias sexuales: ocho de cada diez. El organismo señala que la mitad de estas situaciones (51%) se dio en el tramo de 13 a 17 años.
Otro dato que vuelve a aparecer es que la enorme mayoría de las personas agresoras, nueve de cada diez, son familiares directos o integrantes del núcleo de convivencia de las niñas, niños y adolescentes violentados. Así, se desprende que 38% son los padres, 23% las madres, 14% la pareja de la madre, 14% otro familiar y 10% una persona no familiar. Esto “dificulta la visualización de la situación de violencia”, dice el documento, porque “quienes deberían cuidar son quienes ejercen violencia” y, a su vez, “favorece que los episodios de violencia ocurran con frecuencia y se transformen en situaciones crónicas”.
Por otro lado, durante 2024 se registraron cuatro infanticidios “por parte de sus padres en el marco de situaciones de violencia de género”, lo que configura la muerte por violencia vicaria.
Irma Castro, María Elena Mizrahi y Alejandra Martínez.
Foto: Alessandro Maradei
Los desafíos ante nuevas formas de violencia
La directora del Sipiav, María Elena Mizrahi, dijo a la diaria que no se puede asegurar que haya un aumento real de la violencia hasta que no se realice un nuevo estudio de prevalencia junto con el Instituto Nacional de las Mujeres, ONU Mujeres y Unicef. “Lo que sí podemos decir es que hay formas de violencia que se modificaron”, afirmó.
En esa línea, mencionó la “violencia vicaria, que es una violencia que se intersecciona”, la “violencia en los barrios, que también es parte de la violencia hacia niños, niñas y adolescentes”, y la violencia digital. “Todas estas formas de violencia nos desafían en el modelo de atención”, aseguró Mizrahi, y adelantó que, por eso, el Sipiav está trabajando junto con Unicef para “repensar” estos modelos y adaptarlos a las nuevas realidades.
“Esperemos que en esta nueva etapa de gobierno, donde se priorizan las infancias, esto sea un tema que se tome”, agregó la directora, y señaló que si bien ha habido “avances” en los últimos años, no alcanzan. “Hasta que esto no sea una política de Estado que transversalice a todas las instituciones y que todos aquellos que trabajen con infancias y adolescencias sepan qué hacer en el momento, sepan detectar y sepan observar cuál es el camino y la ruta, no vamos a estar conformes”, apuntó. De todas formas, reconoció que “la violencia en Uruguay no la frenan los sistemas de protección”, sino que “la frena un cambio cultural”.
Lustemberg: “Como gobierno, tenemos que tomarlo como una situación de emergencia”
La ministra de Salud Pública, Cristina Lustemberg, fue otra de las integrantes del panel de autoridades que compartieron sus visiones después de la presentación del informe de Sipiav. En diálogo con la diaria, la jerarca dijo que los datos muestran “la punta del iceberg de todas las vulneraciones de derechos que sufren los niños, niñas y adolescentes” en Uruguay.
Lustemberg aseguró que las cifras ratifican que, hoy en día, “el desafío más grande que tenemos como gobierno es tomar esto como una situación de emergencia”, porque “hay que generar más equipos que no solamente trabajen en la parte de prevención, que debería ser nuestro objetivo”, sino también “en las condiciones estructurales que llevan a esto como sociedad, que son antropológicas”.
En ese sentido, afirmó que el compromiso de este Ministerio de Salud Pública (MSP) es “capacitar a los equipos de salud, pero tener también dispositivos para cuando se dan tristemente estas situaciones mientras que vamos trabajando en las condiciones estructurales que tienen”. Mencionó en particular la creación de “servicios especializados con equipos terapéuticos encarados en reparación del daño, con dispositivos de acompañamiento también para adolescentes con conductas sexualmente abusivas hacia otros niños, niñas y adolescentes”, que sean “de contención” y “no solamente clínicas de salud mental, que son como un depositadero de adolescentes, que se vulneran los derechos”.
Al mismo tiempo, la ministra consideró que hace falta “ir por nuevos modelos de abordaje” y se refirió concretamente al modelo Barnahus, de origen islandés, que propone en un único espacio todos los servicios de atención que requieren las infancias y adolescencias que vivieron alguna forma de violencia sexual. Lustemberg valoró que esto evitaría las “instancias de revictimización muy fuertes” que viven hoy tanto las niñas, niños y adolescentes como sus familias.
Además de Lustemberg y Cosse, participaron de la parte oratoria la presidenta del INAU, Claudia Romero; el presidente de la Administración Nacional de la Educación Pública (ANEP), Pablo Caggiani; la adjunta al vicepresidente de la Administración de los Servicios de Salud del Estado (ASSE), Luján Rodríguez; el subdirector de la Dirección de Políticas de Género del Ministerio del Interior, Richard Gutiérrez; y Virginia Cardozo, gerenta del Área Programática de Uruguay Crece Contigo del Ministerio de Desarrollo Social.
Foto: Alessandro Maradei
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