La violencia digital contra las mujeres y niñas incorpora nuevas formas de agresión que todavía no encuentran una respuesta equivalente en las normas de los países de la región, señaló ONU Mujeres durante el seminario “Experiencia internacional sobre protección de la niñez y adolescencia en el entorno digital”, organizado por el Senado, Agesic, Unicef y el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo, en el marco de una consulta pública impulsada por el Parlamento.
La directora de programas de ONU Mujeres, Magdalena Furtado, señaló que “la violencia hacia las mujeres en Uruguay es un tema absolutamente estructural y persistente”, y remarcó que en un país de 3,4 millones de habitantes se registran más de 45.000 denuncias por año, según datos oficiales del Ministerio del Interior.
La especialista sostuvo que la violencia adopta distintas formas según el ámbito en el que ocurre, pero que el espacio digital se convirtió en un lugar relevante de socialización y, por lo tanto, también de reproducción de estas conductas. “Hoy en día, el espacio digital es sumamente importante para la socialización y la violencia hacia las mujeres también tiene sus manifestaciones en este ámbito”, señaló.
En ese sentido, sostuvo que existe un “contínuum de violencia” entre las formas físicas y aquellas que se producen en internet. “Las consecuencias que deja son igual de reales”, afirmó. Furtado remarcó que estas manifestaciones tienen características específicas y que esas particularidades deben ser consideradas al momento de elaborar respuestas estatales. “A la hora de legislar, de prevenir, de hacer políticas públicas, es totalmente imperativo tener en cuenta esas especificidades”, sostuvo.
Por su parte, la analista de políticas para la eliminación de la violencia contra las mujeres de ONU Mujeres, Florencia Sotelo, indicó que persisten “vacíos” legales en aspectos como la responsabilidad de las plataformas, y remarcó que las deepfakes, la creación o distorsión de imágenes mediante inteligencia artificial y nuevas formas de hostigamiento en redes aparecen entre las áreas más débiles de la legislación.
La Encuesta Nacional de Prevalencia sobre Violencia Basada en Género y Generaciones encontró que 21% de las mujeres uruguayas encuestadas declaró haber sufrido violencia en redes sociales. A su vez, según cifras del Ministerio del Interior publicadas a finales de diciembre del año pasado, entre 2019 y 2023 se registraron 511 denuncias de violencia sexual digital contra niñas, niños y adolescentes en Uruguay: más del 86% de las víctimas son mujeres y el 94,5% de los agresores son varones.
Mujeres en política, uno de los grupos más expuestos
ONU Mujeres ha estudiado específicamente la violencia digital contra mujeres que participan en política en Uruguay. Furtado señaló que analizaron las elecciones de 2019 y las más recientes y que, en el estudio, relevaron más de medio millón de publicaciones en X para comparar las agresiones dirigidas a legisladores y legisladoras.
Si bien el nivel de violencia era apenas cuatro puntos porcentuales mayor hacia las mujeres, las características de las agresiones eran sustancialmente diferentes. “Los varones recibían mensajes sobre todo por su gestión en el gobierno, su ideología. La mayoría de los tuits violentos para las mujeres tienen que ver con su condición de mujer, contenidos sexuales, su vida privada, cómo se visten, su aspecto físico y, sobre todo, menospreciando sus capacidades”, explicó.
El segundo estudio analizó qué hicieron las mujeres que recibieron esos mensajes violentos durante las últimas elecciones. Los resultados mostraron que un tercio desactivó los comentarios y otro tercio evitó utilizar las redes sociales. “También vemos las consecuencias, que es una manera de acallar a la mitad de la población en esta democracia”, sostuvo Furtado.
Uruguay prepara una adecuación normativa
La especialista también mencionó que Uruguay trabaja en una propuesta para adaptar al contexto nacional la Ley Modelo Interamericana para Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia Digital contra las Mujeres Basada en Género, aprobada por el Mecanismo de Seguimiento de la Convención de Belém do Pará de la OEA en diciembre de 2025.
Según explicó, el proceso es liderado por el Instituto Nacional de las Mujeres (Inmujeres), que anunció la iniciativa en febrero de este año, con el objetivo de que Uruguay sea “el primer país pionero” en avanzar en una adaptación de ese marco a sus características nacionales.
Furtado aclaró que, aunque la normativa debería tener un alcance general porque la violencia digital puede afectar a cualquier persona, es necesario reconocer que sus manifestaciones y niveles de daño pueden ser diferentes según los grupos afectados.
Estudio regional
Por su parte, Sotelo presentó un relevamiento de las experiencias legislativas de América Latina y el Caribe en materia de violencia digital contra mujeres y niñas. El estudio identificó tres grandes vías regulatorias: la incorporación de la violencia digital en leyes integrales de protección de las mujeres, la aprobación de leyes específicas y las reformas de los códigos penales o leyes de ciberdelincuencia.
Sotelo señaló que entre las conductas más legisladas se encuentran la difusión no consentida de material íntimo o sexual, el chantaje o extorsión con ese material, el grooming, el abuso sexual mediante medios digitales, el ciberacoso, el abuso sexual en línea y las violaciones a la intimidad. En cambio, identificó como áreas “más emergentes o débiles” las deepfakes y la creación o distorsión de imágenes mediante inteligencia artificial, así como nuevas formas de ataques coordinados y hostigamiento en redes.
En el estudio se encontró que las nuevas leyes de violencia digital en su mayoría no tienen una perspectiva de género explícita, a pesar de que la mayoría de las víctimas son mujeres, indicó. “Lo que vemos es que, en general, la tendencia legislativa ha sido más de neutralidad penal. No lo planteamos nosotras como algo crítico. Creemos que es una técnica legislativa propia del campo del derecho penal. La violación, para dar un ejemplo, es un delito que, en general, en su inmensa mayoría, las víctimas son mujeres. Si uno revisa el Código Penal, no está descrito de manera tal que diga que el actor tiene que ser un varón y la víctima una mujer”, explicó. Esta situación no necesariamente es “mala” para legislar sobre la violencia digital, pero sí es “importante saber que fue la tendencia predominante hasta la fecha”, afirmó.
Uno de los principales vacíos identificados por el relevamiento está en la responsabilidad de las plataformas. “Identificamos vacíos comunes, particularmente en la responsabilidad de las plataformas, que es un tema que no está debidamente desarrollado en la mayoría de los países de la región”, afirmó Sotelo, y remarcó que el caso de Brasil es un “buen ejemplo de avance en este sentido”.
La especialista planteó que la respuesta tampoco debería descansar exclusivamente en el derecho penal y remarcó que se debe trabajar “muy fuertemente en la implementación institucional”. “Estamos convencidas de que la sanción penal puede ser un punto de partida, pero que no puede ser el centro de gravedad sobre el que orbiten todas las políticas de abordaje de la violencia digital”, concluyó.
