La izquierda latinoamericana llega tarde a una discusión que ya no puede reducirse a la regulación de nuevas tecnologías, el impacto de la inteligencia artificial (IA) sobre el empleo o las oportunidades que abre para la innovación, señalaron, en diálogo con la diaria, cuatro referentes del progresismo regional, en el marco del Congreso Panamericano, que se realizó en Montevideo desde el 21 hasta el 23 de agosto.
La cuestión de fondo es que la IA está modificando las relaciones de poder: concentra capital, datos, infraestructura y capacidad de decisión en grandes empresas tecnológicas, al tiempo que profundiza disputas geopolíticas y abre nuevas formas de dependencia. Frente a ese escenario, la izquierda enfrenta un desafío que va más allá de regular una tecnología: debe repensar qué políticas públicas necesita un Estado para recuperar capacidad de decisión y cómo construir un nuevo pacto social capaz de proteger los derechos de los trabajadores y los sectores más vulnerables, indicaron los líderes consultados.
Para el expresidente colombiano Ernesto Samper (1994-1998), la izquierda latinoamericana llega tarde a la discusión sobre el poder tecnológico porque históricamente su agenda estuvo concentrada en la “realidad objetiva” y en problemas como la pobreza, la soberanía, los conflictos y la paz. Esas “son metas de largo plazo”, mientras que la IA funciona como “un acelerador del ritmo que lleva el mundo”, señaló. Por eso, el también fundador del foro político y académico de la izquierda latinoamericana, Grupo de Puebla, sostuvo que el progresismo debe desarrollar una posición propia frente al avance tecnológico. A su juicio, el desafío pasa por incorporar el conocimiento y la tecnología a su proyecto político.
En la misma línea, el economista ecuatoriano y excandidato presidencial Andrés Arauz consideró que “la izquierda todavía no ha llegado a la discusión sobre el poder tecnológico, salvo casos puntuales”. A su juicio, la gestión del conocimiento y la tecnología no han ocupado un lugar suficientemente explícito en las políticas públicas. El problema es que todavía no se comprende del todo la importancia de que la tecnología pueda convertirse en una nueva fuente de concentración económica, planteó. En su visión, esa concentración ya es una realidad y representa un “riesgo absoluto para la diversidad del pensamiento”.
Mientras tanto, Nancy Okail, CEO del Center for International Policy, señaló que el avance de esta tecnología “está reorganizando las economías y la vida política”, y obliga a replantear las relaciones de poder a escala global. Esta situación le exige a la izquierda preguntarse “quién es el dueño de estos sistemas, quién los gobierna, quién se beneficia de ellos y quién asume sus costos financieros, sociales, políticos y ambientales”. “La tarea política de la izquierda en estos tiempos consiste en transformar a las personas –de meras inquilinas de un territorio digital regido por intereses privados– en ciudadanos con derechos exigibles y un poder real sobre los sistemas en los que se desenvuelven. La izquierda debe prestar mayor atención al avance tecnológico en sus debates para construir un mundo más igualitario. Es fundamental que no se aborde como una cuestión aislada, sino como un tema transversal”, agregó.
Por su parte, el diputado chileno Gonzalo Winter dijo que la izquierda llega tarde a este debate porque concibe a la tecnología como “una cuestión de innovación, empleo o regulación, cuando en realidad estamos frente a una disputa por el poder”. El problema va más allá de la tecnología: la dependencia de empresas extranjeras puede convertirse en una “nueva forma de dependencia política”, indicó. “Mientras discutimos si la IA es buena o mala, quienes concentran ese poder ya están construyendo las condiciones materiales del mundo que viene”, advirtió.
IA como “oportunidad y peligro”
La IA representa al mismo tiempo una “oportunidad” para ampliar el conocimiento y un “peligro” por la concentración de poder que puede generar, coincidieron Samper, Arauz y Winter, quienes consideraron que el desafío para la izquierda es establecer reglas “transparentes y justas” que permitan que los beneficios de esta tecnología lleguen de manera democrática a los distintos países y sectores de la sociedad.
Para Arauz y Winter, el desafío es evitar que una tecnología construida a partir del conocimiento colectivo termine reforzando nuevas formas de desigualdad. “Si la IA es fruto de la inteligencia colectiva de la humanidad, sus beneficios no pueden pertenecer exclusivamente a quienes hoy controlan las máquinas”, afirmó Winter.
Frente a la concentración de las grandes empresas tecnológicas, Samper propuso que la IA sea considerada un “bien universal”. Recordó, en ese sentido, las discusiones que se dieron durante la pandemia sobre las vacunas y los procedimientos para erradicar el covid-19.
Dos formas de concentración de poder
Para Okail, el avance tecnológico genera dos formas de concentración de poder que se refuerzan mutuamente: la primera es el poder tecnológico y económico en manos de las empresas que controlan la capacidad de cómputo, la infraestructura en la nube, los modelos, las plataformas y los datos. La segunda es la concentración de poder geopolítico y militar en manos de los Estados capaces de asegurarse recursos, configurar cadenas de suministro, excluir a competidores e imponer sus preferencias mediante la fuerza militar, sanciones, aranceles y otros instrumentos coercitivos.
“Estas concentraciones se retroalimentan. Las empresas tecnológicas dependen de contratos públicos, subsidios, infraestructuras, la protección de la propiedad intelectual y el amparo geopolítico. Por su parte, los gobiernos dependen cada vez más de las empresas privadas para la administración pública, la vigilancia, la inteligencia y las capacidades militares”, afirmó. Frente a esta situación, advirtió que “no se trata simplemente de una competencia entre empresas tecnológicas; se está utilizando el poder militar y económico para determinar quién controla los fundamentos físicos del orden tecnológico emergente”.
¿Tecnofascismo?
Consultados sobre el concepto de tecnofascismo, que algunos autores utilizan para referirse a la combinación de concentración tecnológica, vigilancia y autoritarismo, Samper y Arauz coincidieron en que puede aplicarse al momento actual. Una de las razones es la enorme cantidad de tiempo que distintas personas pasan frente a las pantallas y la extracción de conocimientos, emociones, experiencias y sentimientos que realizan las grandes empresas tecnológicas de esa interacción, dijo Arauz. “Eso, en sí mismo, genera un riesgo de fascismo gigantesco”, afirmó.
Para explicar su preocupación, utilizó una comparación: “Es como si todo el mundo estuviera leyendo el mismo libro”. Si eso sucediera, generaría preocupación por la homogeneización del pensamiento. Sin embargo, planteó que algo similar ocurre cuando miles de millones de personas consumen contenidos provenientes de unas pocas empresas tecnológicas.
A esto se suma otro elemento: esas compañías no son infraestructuras públicas o democráticas y se rigen por las decisiones de sus propietarios. Según Arauz, esto limita los mecanismos de interacción, contestación y rendición de cuentas frente a los ciudadanos y consumidores.
El tercer componente de lo que denominó tecnofascismo es la concentración de la riqueza y su utilización como instrumento de política. Arauz mencionó el lobby, el financiamiento de campañas, la incidencia sobre el debate público y la manipulación de algoritmos, además de una creciente vinculación entre las grandes empresas tecnológicas y el aparato de seguridad nacional estadounidense.
En su interpretación, esa relación se expresa también en la política comercial de Estados Unidos y en las presiones sobre otros países para que no establezcan determinadas regulaciones sobre las empresas tecnológicas o sobre la localización de los datos. “Una dimensión adicional del tecnofascismo es la relación entre las autoridades del gobierno de Estados Unidos con los dueños de las gigantes tecnológicas [...] Estamos en una era de supervigilancia y tecnofascismo”, concluyó.
Por su parte, Okail recurrió al concepto de tecnofeudalismo para describir una parte de esta transformación. La “analogía feudal describe un mundo en el que cada vez vivimos, trabajamos, nos comunicamos y nos organizamos más en un territorio digital regido por señores feudales privados, principalmente de Silicon Valley”. Las plataformas y los proveedores de servicios en la nube establecen reglas sobre las que la mayoría de las personas no puede “influir, negociar ni objetar”. “Las personas actúan como inquilinos allí donde deberían tener los derechos y el poder de los ciudadanos”, afirmó.
La comparación, sin embargo, tiene límites. Okail señaló que la tierra feudal era “finita”, mientras que las plataformas, los modelos, las herramientas y las redes pueden crearse. Por eso, consideró que el dominio de las empresas actuales no es necesariamente permanente y que existen posibilidades de construir alternativas.
La respuesta: soberanía, regulación y un nuevo pacto social
Aunque los cuatro referentes pusieron el acento en aspectos diferentes, sus propuestas convergen en algunos puntos: recuperar la capacidad de los Estados para decidir frente a las grandes empresas tecnológicas, construir soberanía tecnológica, democratizar el acceso a los beneficios de la IA y preparar nuevas reglas para un mundo del trabajo que está cambiando.
Para Okail, las categorías tradicionales con las que se analiza el poder tecnológico ya no alcanzan. “La izquierda a nivel mundial –y no solo en América Latina– aborda la IA mediante categorías desarrolladas en las últimas dos décadas: privacidad, regulación de plataformas, inclusión digital, desinformación y desplazamiento laboral. Si bien estas cuestiones siguen siendo esenciales, no abarcan la magnitud de la transformación que conlleva la IA”, afirmó.
La primera tarea es regulatoria. Okail planteó prohibir aquellos usos incompatibles con los derechos humanos y garantizar que trabajadores y comunidades afectadas participen en las decisiones sobre la adopción de estas tecnologías y se beneficien de las ganancias de productividad que generan. “Si bien los sindicatos seguirán siendo fundamentales, la estructura de la clase trabajadora tal como la conocemos experimentará una transformación radical”, agregó.
En el mismo sentido, Arauz planteó que un Estado progresista debe promover la regulación de los contenidos y de los sistemas de IA. Consideró que se debe garantizar la “transparencia algorítmica”, utilizando modelos abiertos y promoviendo una dimensión participativa y democrática en los algoritmos, los prompts y los códigos. Asimismo, dijo que se debe avanzar en una infraestructura pública digital. Propuso construir políticas de datos, localización y preservación de la información y establecer exigencias para los proveedores de servicios tecnológicos. El economista señaló que se debe contar con empresas públicas o mixtas que puedan operar servidores y centros de datos. Para ello, se deben crear grandes empresas tecnológicas nacionales o alianzas pluriestatales que puedan competir con las grandes compañías del sector.
Mientras tanto, Samper planteó que los gobiernos de izquierda deberían aumentar la inversión en ciencia y tecnología. Señaló que en América Latina la inversión en estas áreas no supera el 1,5% del producto interno bruto, mientras que otros países destinan más del 5%.
Los Estados deben tratar a las grandes empresas tecnológicas como monopolios y aplicar regulaciones. Entre las alternativas, Winter mencionó impuestos extraordinarios sobre las rentas de la IA, fondos públicos de participación en empresas tecnológicas y mecanismos de tributación global a escala internacional.
Además de las políticas públicas, Winter consideró que la izquierda todavía debe construir un lenguaje y una organización política capaces de enfrentar la concentración de poder tecnológico. “Hoy existe un actor extremadamente poderoso, que son los dueños de estas tecnológicas, y un segundo actor que son los Estados. A mi juicio, falta constituir al tercero: los millones de trabajadores y ciudadanos que no son propietarios de ninguna IA”. “La izquierda no puede limitarse a proteger empleos existentes; tiene que construir un nuevo pacto social para una sociedad donde el trabajo podría dejar de ser la principal vía de acceso a la prosperidad”, concluyó.
Uruguay como “experimento piloto”
Samper y Okail valoraron especialmente las condiciones institucionales de Uruguay. El expresidente recordó distintos momentos en los que el país fue pionero en reformas sociales y laborales. “Todo esto ha sido posible porque Uruguay tiene una muy importante estabilidad democrática e institucional, porque existen unas reglas de convivencia entre su clase dirigente que se han respetado a través de los años de manera indefectible”, señaló Samper, remarcando que en el país existe una “verdadera democracia”. A partir de esas características, el país podría convertirse en “un buen experimento piloto de lo que sería una democracia digital para la izquierda latinoamericana”.
Por su parte, Arauz consideró que Uruguay tiene una oportunidad de convertirse en un “hub de servicios de inteligencia artificial para el mercado latinoamericano”, pero bajo principios de código abierto, transparencia algorítmica y propiedad democratizada de los datos.
Visión regional
Para Samper, el siguiente paso debería ser regional. “Si estamos desintegrados, no vamos a llegar a ninguna parte”, afirmó. Entre los desafíos que debería enfrentar América Latina mencionó la creación de una nube regional para almacenar datos, redes de interconexión dentro y fuera del continente y centros científicos adecuadamente financiados e independientes.
En la misma línea, Arauz sostuvo que la izquierda latinoamericana no puede pensar la disputa tecnológica únicamente desde cada Estado nacional. “Una de las principales responsabilidades y obligaciones que tiene el progresismo y la izquierda latinoamericana es entender que buena parte de esta pelea no se da en un estado nacional solamente, sino que tiene que tener una dimensión regional y que tiene que tener una dimensión panamericana”. En ese sentido, propuso alianzas entre las izquierdas latinoamericanas y estadounidenses para disputar el poder de las grandes empresas tecnológicas. “Creo que tenemos ahí un adversario compartido y que da la oportunidad para una alianza natural entre las izquierdas latinoamericanas y las estadounidenses”, finalizó.