La expansión de los data centers en Uruguay abre un debate que va mucho más allá de la llegada de nuevas inversiones y de las oportunidades asociadas a la inteligencia artificial. Expertos en derechos humanos, académicos y activistas cuestionaron el viernes las condiciones en las que se están promoviendo estos proyectos en Uruguay y reclamaron mayor información, participación ciudadana y controles sobre sus impactos.
El debate tuvo lugar durante el “Conversatorio sobre data centers y derechos humanos” organizado por la Cátedra Unesco de Derechos Humanos de la Universidad de la República y la Relatoría Especial sobre Derechos Económicos, Sociales, Culturales y Ambientales (Redesca) de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH).
Durante el encuentro, participaron el relator especial de la Redesca, Javier Palummo, el investigador de la Facultad de Ciencias Sociales Daniel Pena y la activista Melo Noguera, de la Red de Jóvenes por la Justicia Climática.
Desde tres perspectivas distintas, Palummo, Pena y Noguera coincidieron en que la expansión de los data centers no puede discutirse únicamente en términos de inversión y desarrollo tecnológico. Mientras el relator de la Redesca puso el foco en “¿cómo vamos a distribuir sus beneficios y sus costos? y ¿qué instituciones necesitamos?”, Pena advirtió que estas infraestructuras representan “un nuevo escalón del modelo extractivista”. Desde las comunidades, Noguera resumió otra de las principales preocupaciones: “Hay muy poca información”.
La visión de la Redesca
Palummo planteó que la discusión no debería centrarse en estar a favor o en contra de la transformación digital, sino en definir bajo qué condiciones se desarrolla y quién asume sus consecuencias. “Creo que la pregunta que nos debería acompañar hoy día no es si queremos transformación digital o no, yo creo que eso es un disparate. La transformación ya está ocurriendo. La pregunta que, desde el enfoque de derechos humanos, es más pertinente es ¿qué clase de transformación digital queremos construir? ¿Cómo vamos a distribuir sus beneficios y sus costos? y ¿qué instituciones necesitamos?”, afirmó.
El relator sostuvo que detrás del lenguaje asociado a la inteligencia artificial, la nube o la economía digital existe una infraestructura concreta. “Detrás de todo esto existen centros de datos, existen cables, existen sistemas de cómputo, suelo, agua, energía, minerales y cadenas de suministro”, señaló.
Por eso, consideró necesario discutir los proyectos desde una perspectiva que contemple tanto sus posibles beneficios como sus impactos. Entre las preguntas que deberían responderse mencionó cuánta agua y energía requiere un data center, qué ocurre en escenarios de estrés hídrico o energético y cuáles son los impactos acumulativos cuando estas instalaciones se suman a otras actividades que ya utilizan los mismos recursos. “¿Qué beneficios genera localmente en términos de empleo? ¿Qué capacidades e infraestructura o innovación genera?”, preguntó Palummo, quien remarcó que los estados tienen que evaluar esos aspectos antes de tomar decisiones.
Su planteo no fue el de frenar la inversión tecnológica. Señaló que la relatoría busca tener una “visión equilibrada” con el objetivo de reconocer el “enorme potencial que tiene esta tecnología para el desarrollo de los países”.
No obstante, insistió en que el desafío es establecer reglas claras y mecanismos de control. “No corresponde andar planteando esto en términos de si los derechos humanos promueven o frenan una tecnología”, dijo. A su entender, tampoco es razonable pensar que la mejor regulación es la que no existe, porque podría desalentar la innovación. “Es un debate complejo y la pregunta que interesa a quienes trabajamos con un enfoque de derechos humanos es bajo qué condiciones la digitalización puede ampliar las capacidades y derechos de forma segura, confiable, inclusiva y sostenible”, señaló.
La discusión, enfatizó, debe incorporar principios como el acceso a la información, la participación, la transparencia, la prevención y la precaución. “Es preciso preguntarse, por lo tanto, qué tipo de innovación se está habilitando, y también es importante [...] cuáles son los impactos en términos económicos y sociales de esas inversiones”, afirmó.
Palummo sostuvo que la CIDH pone “el principio de precaución” como un concepto “clave” para evaluar este tipo de proyectos, especialmente cuando todavía no existe suficiente evidencia científica sobre sus posibles consecuencias. Según explicó, en muchos casos, “por no tener suficiente evidencia o por la ciencia no haber avanzado suficiente, no se tiene una certeza importante acerca de sus posibles impactos”, particularmente cuando se trata de actividades que se desarrollan de forma combinada.
Frente a esta situación, el relator consideró que el camino debe pasar por establecer condiciones que permitan compatibilizar el desarrollo tecnológico con la protección de derechos. “Reglas claras, información confiable, evaluaciones rigurosas, participación temprana, supervisión efectiva protegen derechos”, sostuvo. Y agregó que estos principios “pueden reducir la incertidumbre, prevenir los conflictos y generar condiciones más previsibles para inversiones sostenibles”.
“Nuevo escalón del modelo extractivista”
Por su parte, el investigador Daniel Pena ubicó la expansión de los centros de datos dentro de una transformación más amplia del modelo productivo y apuntó que las infraestructuras digitales pueden ser entendidas como una nueva forma de extractivismo. “Entiendo que las infraestructuras digitales son un nuevo escalón del modelo extractivista”, afirmó.
Pena cuestionó particularmente la idea de que estos proyectos se instalan sobre territorios disponibles y sin conflictos previos. “Los centros de datos [...] no llegan a una hoja en blanco, sino que llegan a un territorio que está con una intensificación de los conflictos socioambientales y de la tensión con relación a la posibilidad de habitar en un territorio sano y justo”, sostuvo.
Como ejemplo, relató el proceso que siguió junto con organizaciones sociales en torno al proyecto de Google en Uruguay. Según explicó, cuando accedió inicialmente al proyecto encontró vacíos los capítulos referidos al consumo de agua, energía y aguas residuales: “Estaba solo el título, pero estaban vacíos”.
Al solicitar información a organismos públicos, dijo que recibió como respuesta que esos datos habían sido declarados confidenciales por razones comerciales. El acceso a la información terminó en una disputa judicial. Pena afirmó que, tras ganar en dos instancias, obtuvo información sobre el proyecto que señalaba un consumo previsto de 7,6 millones de litros de agua por día para refrigerar los procesadores. “Son inmensas computadoras. En este caso, ocupaban 30 hectáreas, que iban a estar procesando información continuamente. Para que eso esté funcionando deben enfriar esas máquinas”, explicó.
La discusión ocurrió en un momento particularmente sensible para Uruguay, recordó, cuando el país atravesaba una situación de estrés hídrico en 2023. “En mayo empezamos a tener agua salada en nuestras canillas. Empezaron las movilizaciones”, relató.
De acuerdo con Pena, tras la presión social, la empresa modificó el proyecto y pasó de un sistema de refrigeración basado en agua a uno basado en aire. El problema es que “consume muchísima energía”, sostuvo.
El investigador también cuestionó otros aspectos del proyecto, entre ellos, la cantidad de puestos de trabajo, las exoneraciones tributarias, las emisiones, los residuos tecnológicos y los impactos sobre las comunidades cercanas.
En su exposición afirmó que el proyecto prevé un consumo energético equivalente al de unos 200.000 hogares y cuestionó que no se haya incorporado al análisis la renuncia fiscal asociada al emprendimiento.
Pena mostró una imagen de Google Maps para dimensionar la cercanía entre el data center y los barrios de la zona. La construcción aparece ubicada al lado del barrio Las Higueritas y de las canchas de fútbol del Liceo Francés, mientras que hacia el suroeste se encuentra el barrio Colonia Nicolich.
Según explicó, vecinos de Las Higueritas iniciaron un proceso judicial por los ruidos que comenzaron a padecer durante los primeros testeos de operación del data center. “Ambos barrios están expuestos al ruido, al dióxido nitroso y al calor, que ni siquiera fue evaluado”, sostuvo. En ese contexto, informó que se analizan nuevas medidas para exigir al Ministerio de Ambiente mayores controles.
“Hay muy poca información”
La preocupación también apareció desde los territorios. Melo Noguera, una joven activista de 17 años, contó cómo el anuncio de nuevos proyectos anunciados por Antel para construir centros de datos comenzó a generar preguntas entre vecinos. “Quiero destacar que siento que es un tema que a todos nos trae mucha incertidumbre. La noticia llegó al grupo de vecinos de El Color, que se encuentra cerca de la ruta 5 y 48”, relató.
Noguera contó que, a partir de las dudas de vecinos de distintas zonas, se creó un grupo para pedir información sobre los data centers. “Nuestra primera idea fue contactar a las instituciones correspondientes para conocer qué información tenían sobre los proyectos”, explicó. “Me preocupaba y había muy poca información al respecto”, contó sobre sus primeras reacciones. Según relató, se hicieron solicitudes a distintos organismos y ministerios. “No han respondido”, dijo sobre algunos de esos pedidos.
La joven cuestionó además la forma en que se presenta públicamente la expansión de la infraestructura vinculada a la inteligencia artificial. “En los medios lo único que están diciendo es que van a hacer un magnífico data center y se van a dar 250 puestos de trabajo”, afirmó.
Frente a eso, remarcó que las comunidades necesitan conocer qué implican realmente estos proyectos antes de formar una opinión, porque estamos “un poco desorientados”. “A esto se suma la especulación que hay con el territorio, las empresas de inteligencia artificial muchas veces intentan vender la narrativa de que esta tecnología es el futuro, y de que, si no la usamos, nos vamos a quedar atrás, como para insertar todas estas cosas en los distintos territorios. Yo lo que quiero es invitar a la gente a que se informe”, agregó.
Para Noguera, el debate también involucra a las nuevas generaciones. “Es un tema que nos va a afectar ahora y en el futuro”, afirmó. Por eso reclamó “más información, más comunidad, más unión, más escucha de los jóvenes”. “No nos podemos quedar callados”, recalcó.
El papel del Estado
En el tramo final del encuentro, Pena cuestionó que las autoridades sean solamente árbitros frente a las grandes inversiones. “El Estado no está desprotegiendo a la gente, está siendo cómplice de las empresas. [...] El Estado no está ausente. Está presente haciendo lobby con las empresas de manera transversal en todos los partidos”, afirmó.
De acuerdo con su planteo, en el caso de Google el Estado habría tenido un papel activo en la promoción de la inversión. “Más que de protección, hay un aliento a que esto suceda”, sostuvo.
Pena cuestionó especialmente que el argumento para respaldar estas inversiones sea la necesidad de preservar el “clima de negocios” y reclamó revisar la forma en que se llevan adelante los estudios de impacto ambiental. “Es urgente que revisemos la ley de estudios de impacto ambiental y que exijamos que no los realicen empresas contratadas por las compañías”, finalizó.