El expresidente de Colombia Ernesto Samper (1994-1998), uno de los fundadores y principales promotores del Grupo de Puebla, advirtió, en diálogo con la diaria, sobre la aparición en América Latina de una forma de “lawfare electoral” vinculada al uso de tecnología en los procesos democráticos.
“Lo primero que me preocupa es que se está abriendo camino en América Latina una especie de lawfare electoral. Es decir, la utilización de los sistemas algorítmicos que se usan para la tecnificación de los procesos electorales y de las propias autoridades judiciales electorales. Se está conformando una especie de utilización política de estos mecanismos que puede poner en peligro la democracia misma”, afirmó.
Samper señaló que uno de los riesgos es la posibilidad de un “fraude digital” o de que, mediante infraestructuras tecnológicas ubicadas en países más desarrollados, puedan introducirse modificaciones en las voluntades populares. “Cualquier intento de fraude digital o cualquier posibilidad que exista de que, a través de la utilización de nubes que cubren los países más desarrollados, se puedan introducir variaciones a las voluntades populares termine distorsionando las democracias y pueda tener un costo muy alto de desestabilización de los gobiernos”, sostuvo.
El exmandatario consideró necesario garantizar el acceso a los mecanismos tecnológicos utilizados en las elecciones y a los procesos mediante los cuales se procesan los resultados. Frente a este escenario, consideró que Uruguay es una “verdadera democracia” por su sistema de pesos y contrapesos. “Uruguay puede ser un buen experimento piloto de lo que sería una democracia digital para la izquierda latinoamericana”, destacó.
¿Qué debería significar para la izquierda el avance de la inteligencia artificial (IA)? ¿Una oportunidad para ampliar derechos y bienestar o una fuente de concentración de poder?
Es difícil separar los dos conceptos, porque la IA es, por un lado, una oportunidad y, por otro, un peligro. Es una oportunidad porque podemos expandir el conocimiento, almacenar grandes cantidades de conocimiento y, sobre todo, establecer interrelaciones entre esos conocimientos. En ese sentido, los desarrollos científicos y tecnológicos se van a beneficiar, sin duda, de la IA.
Y es un peligro porque puede ser el resultado de una concentración del poder económico, que se va a traducir en una concentración del poder informativo. Solamente en la medida en que tengamos definidas reglas democráticas, transparentes y justas de acceso a esa riqueza, a ese tesoro de conocimientos y a las posibilidades de desarrollo que brinda el acceso a ese tesoro en cada país, vamos a ser o no beneficiarios.
¿La izquierda latinoamericana está llegando tarde a la discusión sobre el poder tecnológico? ¿Qué cree que está faltando?
Nuestro fuerte no ha sido nunca el tema del conocimiento y la tecnología. Lamentablemente, estamos demasiado aterrizados en la realidad objetiva y nuestras propuestas, como debe ser, son en muchos casos iniciativas para modificar la realidad, reducir la pobreza, evitar violaciones de soberanía o conseguir que un conflicto no afecte la paz.
Paz, soberanía e igualdad social son metas de largo plazo, pero la IA es un acelerador del ritmo que lleva el mundo. En ese sentido, nosotros no podemos ir, por lo menos, a un ritmo menor que los partidos con los cuales competimos, sin consideración ideológica alguna.
Las grandes empresas tecnológicas concentran cambios en su infraestructura y capacidad de influencia política. ¿Estamos ante una nueva forma de concentración de poder que la izquierda no ha considerado?
El problema es cuáles son las reglas democráticas de acceso a la IA. Porque si sigue esta competencia entre los patrocinadores de la IA en el capitalismo y el desarrollo de la IA en países socialistas como China, nosotros vamos a terminar formando parte de un equipo o del otro.
La realidad es que, respecto de la IA como de ciertos bienes universales –como podría ser el caso que discutimos mucho durante la pandemia, al considerar las vacunas y los procedimientos para la erradicación del virus de la covid-19 como un bien universal–, esta también debería convertirse en un patrimonio universal. Como ocurrió con la investigación del genoma humano, que fue patrocinada por cinco países, la IA debería convertirse en un patrimonio universal, de propiedad universal y de libre acceso para cualquier país, persona u organización a la cual le ayude. Esto se debe al papel acumulativo y sintetizador que tiene la IA.
¿Qué papel debería tener el Estado frente a las grandes empresas tecnológicas?
Yo creo que son monopolios, como cualquier otro. Debe establecer regulaciones antimonopólicas y permitir que haya mayor investigación relacionada con el ejercicio de esta IA en las universidades y en los centros de investigación, que son como zonas neutrales que permiten establecer claramente lo que es la utilización acumulativa de la inteligencia y lo que puede ser la acumulación socializada de la inteligencia.
Algunos intelectuales y autores están utilizando el término “tecnofascismo” para describir la combinación entre concentración de poder tecnológico, vigilancia y autoritarismo. ¿Le parece una categoría útil para entender el momento actual o considera que exagera lo que estamos viviendo?
Estamos en una era de crecimiento hiperbólico de las redes de comunicación digital, que tiene el beneficio de que, frente a la concentración de los medios de comunicación tradicionales como consecuencia de la concentración económica, abre un espacio democrático a la información. Cualquier persona puede opinar, puede tener una discusión y puede acceder a redes de conocimiento o a noticias.
En ese sentido, la expansión de las redes es bienvenida, pero también tenemos experiencias recientes y peligrosas de redes digitales que se han dedicado a la polarización ideológica, no solamente cuantitativa, sino también cualitativa, a través de un fenómeno de compartimentalización o insularización de las redes. Esto divide a los usuarios de las redes en función de sus perfiles y de los mensajes y emociones a los que están expuestos, lo que permite, de alguna manera, manipularlos para obtener su apoyo en los procesos democráticos.
Dicho eso, considero que también la IA, como una red de redes con facilidad para establecer relaciones complejas entre sí, debería tener reglas de acceso como las que están estudiando actualmente en Europa, que también deberían ser estudiadas y aplicadas en otros países y regiones, como América Latina.
¿Qué debería cambiar en el proyecto político de izquierda para que la revolución tecnológica no termine profundizando las desigualdades que históricamente buscó combatir?
Primero, y dicho de una manera muy burda, aumentar el porcentaje que se destina del producto interno bruto [PIB] a proyectos de ciencia y tecnología. En América Latina, entiendo que no supera el 1% o 1,5% del PIB, mientras que otros países están invirtiendo más del 5% o 6%.
Si no hay inversión en conocimiento y si ese conocimiento no se canaliza adecuadamente a través de centros de investigación independientes para la preparación de nuevos científicos y para establecer lazos de comunicación de sistemas científicos basados en evidencia entre distintos países del mundo, simple y sencillamente un gobierno de izquierda no se va a beneficiar de este crecimiento tecnológico.
Obviamente, hay aspectos cualitativos vinculados con la posibilidad de formar redes de conocimiento. Por ejemplo, en el caso de América Latina, redes que enlazan centros científicos y universidades.
Es claro que la principal diferencia entre los países desarrollados y los en desarrollo es que en nuestros países la mayor parte de la investigación es pública, mientras que en los países desarrollados la investigación es privada. La empresa privada, en función de sus necesidades prácticas, tiene que aumentar sus posibilidades de generación de conocimientos.
América Latina no tiene grandes empresas tecnológicas capaces de competir con las compañías estadounidenses o chinas. ¿Qué estrategia debería adoptar la izquierda latinoamericana frente a esa dependencia tecnológica?
Lo primero que me preocupa, aunque no está directamente relacionado con la pregunta, es que se está abriendo camino en América Latina una especie de lawfare electoral. Es decir, la utilización de los mecanismos electorales, de los sistemas algorítmicos que se usan para la tecnificación de los procesos electorales y de las propias autoridades judiciales electorales. Se está conformando una especie de utilización política de estos mecanismos que puede poner en peligro la democracia misma.
Cualquier intento de fraude digital o cualquier posibilidad de que, a través de la utilización de nubes que cubren los países más desarrollados, se puedan introducir variaciones a las voluntades populares termina distorsionando las democracias y puede tener un costo muy alto de desestabilización de los gobiernos.
No nos olvidemos de que estos gobiernos, por lo menos los de América Latina, han crecido alrededor de tres principios fundamentales: la paz, los derechos humanos y la democracia. Si queremos, de verdad, seguir hablando de democracia, tenemos que adoptar al menos dos cuestiones fundamentales.
La primera es que tengamos acceso claro y seguro a los mecanismos y procesos técnicos mediante los cuales se hacen las elecciones y se procesan los resultados. La segunda es seguir en la inversión social, que, de alguna manera, es lo que permite que estos resultados electorales se legitimen y se reconozcan como procesos o espacios por medio de los cuales la gente puede votar, participar y decir quiénes quieren que sean sus representantes.
Uruguay suele presentarse como un país con buenas condiciones para aprovechar la IA por su competitividad, infraestructura digital e instituciones relativamente sólidas. ¿Qué oportunidades ve para un país pequeño como Uruguay y cuáles son sus principales riesgos?
Uruguay siempre ha tenido avances significativos en distintas materias a lo largo de su historia. Fue en Uruguay donde se conocieron las primeras reformas sociales y laborales de comienzos del siglo pasado. Fue también en Uruguay donde, más recientemente, se hicieron las primeras formulaciones institucionales en materia de regulación del consumo de la marihuana, que sirven de ilustración de cuál podría ser un cambio a fondo en el tratamiento de las drogas.
Todo esto ha sido posible porque Uruguay tiene una muy importante estabilidad democrática e institucional, porque existen reglas de convivencia entre su clase dirigente que se han respetado a través de los años de manera indefectible y porque, como hablaba en alguna ocasión con el presidente [José] Mujica, aunque es un país que por su tamaño pudiera parecer irrelevante, tiene todos los pesos y contrapesos de los que hablábamos para señalar la existencia de una verdadera democracia.
Tiene un Parlamento actuante, tiene unas cortes que, de alguna manera, vigilan lo que salga de ese congreso, tiene un Ejecutivo que las aplica y tiene un sistema de responsabilidades políticas que se viene afianzando en el país. De tal manera que creo que Uruguay puede ser un buen experimento piloto de lo que sería una democracia digital para la izquierda latinoamericana.
¿Qué papel podría jugar Uruguay dentro de América Latina para impulsar una agenda progresista sobre IA?
Primero, la integración. Si estamos desintegrados, no vamos a llegar a ninguna parte. Desafíos tan grandes como tener una nube en la cual podamos almacenar nuestros datos, tener redes de intercomunicación no solamente hacia el exterior, sino también hacia adentro mismo, son fundamentales. Los niveles de conectividad en América Latina siguen siendo, lamentablemente, muy bajos.
También necesitamos centros científicos bien financiados e independientes que puedan mostrar avances. Todos estos son desafíos que debe enfrentar la región para tener una verdadera agenda digital de innovación que le permita colocarse, si no al mismo nivel, sí en los mismos espacios de interlocución y posibilidades de interlocución que tienen unos países con otros.