El sueño, la atención, las habilidades sociales y la salud mental de niños y adolescentes aparecen entre las principales preocupaciones de especialistas que analizan el impacto del uso de redes sociales durante etapas clave del desarrollo. Psiquiatras, neurólogos y autoridades del Instituto del Niño y Adolescente del Uruguay (INAU) plantearon que el debate no debería centrarse solamente en cuánto tiempo pasan los menores frente a una pantalla, sino también en cómo están diseñadas las plataformas, qué mecanismos utilizan para retener su atención y qué herramientas tienen las familias y el Estado para acompañar su uso.
Las advertencias surgieron durante una actividad realizada en el Parlamento en el marco de la presentación de un proyecto de ley del diputado Felipe Schipani para establecer un marco de protección de niños, niñas y adolescentes frente a los riesgos derivados de las redes sociales. El encuentro reunió a Carina Gómez, directora del INAU en representación de la oposición; Federico Melián, psiquiatra infantil y docente universitario; e Ignacio Amorín, neurólogo y docente de la Universidad de la República.
“A futuro, si no se toman decisiones hoy en día, se van a observar impactos significativamente negativos (en la salud mental de los menores)”, afirmó Melián, quien remarcó que Uruguay parte de una dificultad: la evidencia epidemiológica nacional sobre salud mental infantil y adolescente está desactualizada. Según explicó, los últimos datos disponibles son de 2016 y durante los últimos años aumentaron significativamente las consultas en psiquiatría infantil, alcanzando una suba de hasta un 200%.
“Si bien no tenemos un estudio epidemiológico de gran alcance, podemos inferir que hay otros factores que aparecieron en todo este tiempo. Y sin hacer una relación causa-efecto, entendiendo la complejidad multicausal de distintas situaciones que inciden en la salud mental, es cierto que la tecnología ha tenido su impacto en el bienestar de nuestros niños y adolescentes”, señaló.
Desde su experiencia cotidiana en consultas, centros educativos y congresos de psiquiatría pediátrica, Melián señaló que hay una “incidencia a nivel neurológico que es bastante clara”.
“A mayor exposición, mayor compromiso en el desarrollo de la corteza prefrontal. Hoy nos está mostrando que la corteza prefrontal, aquella que está involucrada en la atención, en la memoria, en la secuenciación de pasos, en la planificación, en la regulación del comportamiento, es más fina cuanto mayor exposición a pantallas se tenga”.
Al mismo tiempo, remarcó que su planteo no busca presentar a la tecnología como algo exclusivamente negativo. “Mi palabra y mi opinión no pretenden ser tecnofóbicas”, señaló. La tecnología, sostuvo, también ofrece herramientas y competencias necesarias para que niños y adolescentes se desarrollen en un mundo cada vez más atravesado por estos recursos.
El problema aparece cuando el uso se vuelve dependiente y desplaza otras actividades. Melián señaló que algunos adolescentes encuentran en las redes espacios de pertenencia o referentes que no encuentran en otros ámbitos. Por eso, planteó que el abordaje debe ser integral y combinar el acompañamiento de los adultos con herramientas de regulación.
El problema del sueño
Para Amorín, el cerebro es clave durante la infancia, debido a que el ser humano es el animal que tiene la infancia más prolongada. “Cuando nacemos, el cerebro está completamente inmaduro, a diferencia de otros animales, que en poco tiempo ya pueden tener una vida autónoma. El cerebro termina de madurar entre los 20 y 30 años y la infancia y adolescencia son etapas cruciales”, explicó.
El neurólogo planteó que el debate no debería formularse simplemente en términos de si las redes sociales son “buenas” o “malas”, sino sobre las características y la intensidad del uso.
“El problema es el uso problemático de la red social”, sostuvo. En particular, señaló como relevante el uso durante la noche. Explicó que el proyecto contempla restricciones para ese período y advirtió sobre el efecto que pueden tener las pantallas y las notificaciones sobre el ritmo circadiano, es decir, el ciclo de sueño y vigilia.
“Y lo más importante para un niño, un adolescente y un adulto también es dormir. El cerebro se organiza cuando descansamos”, afirmó.
Para Amorín, la alteración de los ritmos circadianos constituye uno de los impactos negativos de las redes sociales con mayor respaldo en la evidencia. Según explicó, las interrupciones nocturnas afectan el descanso y pueden interferir en procesos biológicos vinculados con el desarrollo.
“Si el niño no duerme bien o lo interrumpe en la notificación, ese cerebro no se va a desarrollar bien”, indicó.
El neurólogo también mencionó datos de una encuesta internacional de la Organización Mundial de la Salud sobre adolescentes, según los cuales el uso problemático de redes sociales pasó de 7% en 2018 a 11% en 2022. A partir de esa evolución, estimó que actualmente podría ser mayor, aunque reconoció que se trata de una apreciación.
Según Amorín, entre quienes presentan un uso problemático se registran niveles más altos de ansiedad y depresión. “No es el único factor, pero es un factor que juega en contra”, sostuvo.
Su explicación se centró también en el desarrollo cerebral durante la adolescencia. El sistema límbico, vinculado con las emociones, los impulsos y la recompensa, madura antes que las funciones ejecutivas asociadas con la corteza frontal. En ese contexto, sostuvo que algunos mecanismos de las redes sociales pueden estimular los circuitos de recompensa.
Puso como ejemplo los likes. Un usuario publica una fotografía, recibe una respuesta y vuelve a buscar ese estímulo, en un proceso que, según explicó, puede reforzar el circuito de recompensa en un cerebro que todavía no desarrolló completamente las capacidades necesarias para regular esos impulsos.
Por eso consideró relevantes algunas de las medidas que se discuten para limitar esos mecanismos. “El tema de que no tengan acceso a cuántos likes o vistas tiene, y que el scroll no sea infinito, son elementos positivos para que esas cosas no ocurran, y me parecen fundamentales”, afirmó.
Lo que observa el INAU
Desde el INAU, Gómez sostuvo que la protección de los menores frente a los riesgos de las redes sociales es un “problema real, urgente y cotidiano que impacta en las familias uruguayas”.
Dijo que el Estado tampoco puede considerar las redes sociales como simples espacios de interacción entre pares. “Las redes sociales no son meras plazas públicas virtuales”, afirmó.
A su entender, las plataformas funcionan bajo modelos de negocio que buscan prolongar la atención de los usuarios. Señaló especialmente los algoritmos de recomendación, el desplazamiento infinito y las notificaciones persuasivas, mecanismos que, según planteó, aprovechan características de la neurobiología de niños y adolescentes en desarrollo.
La preocupación, sostuvo, también aparece en el trabajo cotidiano del INAU. En los centros de protección de 24 horas, la institución observa cada vez con mayor frecuencia situaciones vinculadas con “el deterioro de la salud mental, trastornos del sueño, problemas relacionados con la imagen corporal, ciberacoso, grooming y exposición no solicitada a contenidos violentos”.
“Son situaciones que permanentemente vemos más a menudo y más a diario dentro de la institución”, afirmó.
Por ese motivo, Gómez consideró que el Estado debe intervenir para proteger la integridad y la privacidad de niños y adolescentes, especialmente durante una etapa de mayor vulnerabilidad.
El proyecto de Schipani
En este contexto se presentó el proyecto de ley impulsado por el diputado Felipe Schipani, que propone establecer un marco de protección de niños, niñas y adolescentes frente a los riesgos derivados de los servicios de redes sociales.
El legislador explicó que su interés por el tema comenzó a partir de la discusión sobre el uso de celulares en las aulas. El año pasado, el diputado colorado Maximiliano Campo había presentado un proyecto vinculado a la prohibición de celulares en los centros educativos. A partir de ese debate, Schipani comenzó a revisar evidencia internacional y experiencias que se estaban desarrollando en Uruguay.
Mencionó, entre otros casos, la experiencia del liceo 2 de Florida, donde los estudiantes dejan sus celulares en cajas con candado al ingresar y los retiran al finalizar la jornada. Según relató, la medida había sido asociada por las autoridades del centro con mejoras en la distracción, el aprendizaje y los vínculos entre estudiantes.
A partir de ese primer acercamiento, Schipani amplió el análisis hacia las redes sociales.
“Las redes sociales tienen una composición adictiva, y esto no es una opinión, es un hecho admitido incluso por los propios propietarios de las redes”, sostuvo.
El diputado presentó la discusión como un asunto de protección de niños y adolescentes y la vinculó con otras regulaciones existentes para menores de edad.
“Uruguay tiene que encarar estos temas, tiene que proteger a sus niños, porque, si demoramos mucho, si seguimos mirando para el costado, nos vamos a lamentar”, afirmó, al mismo tiempo que dijo que el Parlamento “está preocupado” por este tema.
Schipani señaló que el Parlamento también abrió una consulta pública para recibir aportes de organizaciones vinculadas con la niñez y adolescencia, la comunicación y la tecnología. La intención, explicó, es recoger insumos para articular una propuesta legislativa.
El proyecto que presentó toma como referencia principalmente la experiencia australiana y también considera legislaciones discutidas y aprobadas en otros países. Su propuesta central es prohibir la creación de perfiles en redes sociales para menores de 15 años y trasladar a las propias plataformas la responsabilidad de comprobar la edad de quienes crean las cuentas.
El objetivo es evitar una situación que actualmente resulta sencilla: que un menor introduzca una fecha de nacimiento falsa para acceder a una plataforma.
El proyecto plantea que la edad pueda acreditarse mediante distintos mecanismos, como un documento de identidad, una lectura biométrica o la autorización de un adulto, aunque Schipani aclaró que los mecanismos concretos todavía son una cuestión instrumental a revisar.
Una de las características centrales de la iniciativa es que la responsabilidad recaiga sobre las plataformas y no sobre las familias.
“Entendemos que lo que tiene que hacer la ley es ayudar a los padres y no penalizarlos”, concluyó Schipani.