¿Hay que prohibir las redes sociales a los menores o hacer que las plataformas sean más seguras? El debate, que atraviesa a varios países, también comienza a instalarse en Uruguay, donde el Parlamento abrió una consulta sobre la protección de niños, niñas y adolescentes en los entornos digitales.
Las experiencias internacionales muestran que no hay una única respuesta. En Europa, varios países discuten límites al acceso de los menores a las redes sociales, mientras que las instituciones avanzan en reglas que obligan a las plataformas a identificar y mitigar riesgos. Brasil, por su parte, incorporó un marco específico de protección de niños y adolescentes en internet que pone el foco en la responsabilidad de las empresas y en la seguridad de los servicios.
Estas experiencias fueron analizadas el jueves en el seminario Experiencia internacional sobre protección de la niñez y adolescencia en el entorno digital, organizado por el Senado, Agesic, Unicef y el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD) en el marco de la consulta pública impulsada por el Parlamento.
Especialistas de Brasil, España y organismos internacionales discutieron no solo qué medidas adoptar, sino también un problema clave para cualquier regulación: cómo supervisar a las plataformas y garantizar que las normas efectivamente se cumplan.
Brasil: intervenir dentro del “cerco”
Iagê Miola, director de la Agencia Nacional de Protección de Datos (ANPD), destacó que durante el año pasado Brasil atravesó tres episodios relevantes. El primero fue la aprobación de una ley que prohibió el uso de celulares en las escuelas y que, según las evaluaciones realizadas hasta el momento, ha tenido efectos positivos en los niños y niñas.
El segundo ocurrió en junio, cuando la Suprema Corte de Brasil redefinió las reglas de responsabilidad de las plataformas por contenidos de terceros y estableció que esa responsabilidad puede surgir ante una falla en el deber de cuidado frente a delitos graves, incluidos aquellos contra niños, niñas y adolescentes. Para Miola, esta decisión constituyó una segunda señal de la evolución del debate.
El tercer episodio fue la aprobación del ECA Digital, la ley de protección de niños, niñas y adolescentes en internet, que trasladó al entorno digital la lógica de protección establecida por el Estatuto da Criança e do Adolescente (ECA). La norma, además, designó a la ANPD como autoridad responsable de reglamentar sus disposiciones y controlar su cumplimiento.
Miola explicó que el punto de partida fue reconocer que el entorno digital ofrece oportunidades, pero también expone a los menores a riesgos cada vez mayores. Según los datos que presentó, 92% de los brasileños de entre 9 y 17 años utiliza internet y 65% ya utiliza inteligencia artificial generativa. Al mismo tiempo, citó datos de Unicef según los cuales uno de cada cinco niños y adolescentes brasileños sufrió algún tipo de violencia sexual intermediada por tecnologías.
“Eso supone el 20% de la población de niños y niñas, lo que implica una epidemia de violencia”, afirmó.
Para Miola, el problema es que durante años buena parte de la responsabilidad por esos riesgos recayó sobre las familias. El ECA Digital busca modificar ese reparto.
“El ECA Digital, si yo pudiera resumir, es un intento de reequilibrar esta carga, reconociendo que las plataformas también tienen sus responsabilidades para garantizar que lo que ofrecen sea un ambiente o un entorno seguro y saludable”.
El ECA Digital, que comenzó a regir en marzo de 2026, alcanza a los productos y servicios tecnológicos dirigidos a menores, pero también a aquellos que, aunque no estén diseñados específicamente para ellos, probablemente sean utilizados por niños y adolescentes. Además, se aplica a empresas independientemente de dónde tengan su domicilio cuando sus servicios son ofrecidos en Brasil.
La norma establece que las plataformas deben prevenir y mitigar de forma proactiva los daños y riesgos, respetar la autonomía progresiva de los menores y adaptar sus obligaciones al nivel de riesgo que genera cada servicio.
La regulación baja incluso al diseño de los productos. Las plataformas deben adoptar medidas para prevenir el contacto con contenidos o prácticas violentas y diseñar servicios que desalienten el uso compulsivo. Entre otras cosas, se prohíben patrones manipuladores como ocultar puntos naturales de detención, activar contenido sin solicitud, premiar el tiempo de uso o enviar notificaciones excesivas.
La experiencia brasileña ya entró en la etapa de aplicación. La ANPD tiene tres funciones principales: reglamentar las obligaciones, fiscalizar y supervisar su cumplimiento y, cuando corresponde, sancionar a las plataformas. Las multas pueden llegar hasta 50 millones de reales (más de 9 millones de dólares) por infracción, mientras que una eventual suspensión o bloqueo de una plataforma queda en manos del Poder Judicial.
La agencia ya tuvo además su primer caso de aplicación de la norma. Detectó incumplimientos vinculados con la prevención de la automutilación y el suicidio y ordenó como medida cautelar suspender una funcionalidad de una plataforma vinculada con transmisiones en vivo en las que se producían episodios de automutilación e incitación al suicidio. La empresa cumplió la medida dentro del plazo establecido, afirmó Miola.
Para Miola, esa primera experiencia muestra que el modelo todavía está en una etapa inicial, pero que ya existen señales de que puede funcionar. “Las primeras señales son desafiantes, pero optimistas”, concluyó.
La experiencia europea
En Europa, la discusión está lejos de estar cerrada. Alberto Navas, representante de la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) de España, explicó que varios Estados miembros han planteado prohibir el uso de redes sociales por parte de menores. Francia llegó a aprobar una ley para impedir el acceso a menores de 15 años, pero el Consejo de Estado cuestionó la medida al considerar que no contemplaba adecuadamente otros derechos de los niños, como la libertad de expresión y la protección de sus datos personales.
En ese contexto, las instituciones europeas parecen inclinarse por un modelo basado en la autonomía progresiva y no en una restricción absoluta. “En Europa se tiene una idea bastante clara de que hay que alejarse de la restricción absoluta, porque el niño necesita de un acompañamiento madurativo”, sostuvo Navas.
El planteo europeo no implica dejar sin obligaciones a las plataformas. El Reglamento de Servicios Digitales establece que los servicios deben garantizar un alto nivel de privacidad, seguridad y protección para los menores y prohíbe la publicidad basada en perfiles a partir de sus datos. Además, las directrices europeas exigen que las plataformas identifiquen desde el diseño los riesgos que pueden representar para niños y adolescentes y adopten medidas para mitigarlos.
Las obligaciones alcanzan a todas las plataformas en línea e incluyen garantizar un alto nivel de privacidad, seguridad y protección para los menores. También se prohíbe utilizar sus datos para publicidad basada en perfiles. Para orientar la aplicación de estas obligaciones, la Comisión Europea elaboró directrices que clasifican los riesgos en distintas categorías: contenidos perjudiciales, conductas como el ciberbullying, contactos no deseados como el grooming, riesgos vinculados al consumo y otros relacionados, entre otras cosas, con la inteligencia artificial y el tratamiento de datos.
Navas señaló que las cuentas de los menores deberían ser privadas por defecto y que las plataformas deben analizar sus sistemas de recomendación, ofrecer herramientas para que los menores o sus responsables puedan controlar los contenidos y adoptar medidas contra el scroll infinito y los sistemas de recompensa que buscan mantener al usuario conectado durante el mayor tiempo posible.
“Las plataformas tienen que someterse a auditorías y explicar a la Comisión Europea cómo hacen cara a esos riesgos”, afirmó.
Uno de los principales debates europeos es la verificación de edad. Según Navas, las plataformas que ofrecen contenidos especialmente perjudiciales para los menores deben implementar mecanismos para impedir que los niños accedan a ellos.
“La autodeclaración no es suficiente ni tampoco la estimación de edad, porque requiere del tratamiento de datos que están protegidos, como el rostro o las huellas”, afirmó.
La alternativa que se está desarrollando busca comprobar la edad mediante documentos oficiales, pero evitando que quien presta el servicio pueda obtener información que permita perfilar al usuario.
Pero Navas también marcó un cambio más profundo en la discusión: Europa está empezando a cuestionar la idea de que las plataformas no son responsables por los contenidos que alojan. La normativa europea original establecía que los servicios digitales no tenían responsabilidad sobre los contenidos, pero, según explicó, la evolución de los algoritmos y el papel que tienen las plataformas al seleccionar, organizar y presentar contenidos según los intereses de cada usuario están llevando a reconsiderar esa interpretación. “La realidad de los negocios cambia”, señaló, y sostuvo que la evolución todavía está en una etapa inicial.
El problema que aparece después de aprobar una ley
Para Luis Pedernera, expresidente del Comité de los Derechos del Niño de Naciones Unidas, sin embargo, el debate no termina cuando se aprueba una regulación. Una de las cuestiones centrales es determinar quién tendrá la capacidad efectiva de controlar a las plataformas.
“La regulación de las empresas no tiene sentido sin sanciones y sin mecanismos de supervisión”.
Pedernera planteó que los Estados deben establecer marcos “actualizados, robustos, coherentes” y tecnológicamente neutrales. También remarcó la necesidad de garantizar un acceso seguro y equitativo a la tecnología.
Además, sostuvo que Uruguay deberá discutir seriamente qué institucionalidad estará a cargo de controlar el cumplimiento de las futuras normas. Su preocupación es que la creación de organismos con demasiados actores termine diluyendo las responsabilidades. “Porque nosotros somos muy de generar comisiones y diluir las responsabilidades”, señaló.
“Si nosotros seguimos creando esas comisiones en donde diluimos responsabilidades, poco va a pasar de hacer realidad lo que, en materia de principios, somos muy buenos en establecer”, advirtió.