Las relaciones entre el gobierno y la multinacional Katoen Natie (KN), socia mayoritaria de la Terminal Cuenca del Plata del puerto de Montevideo, parecían haberse recompuesto tras concretarse el acuerdo que extiende la concesión a la empresa hasta 2081. Pero la situación se tensó nuevamente sobre fines de la semana pasada, cuando los ejecutivos de KN amenazaron al gobierno con iniciar un juicio en tribunales internacionales. Una fuente del Poder Ejecutivo relató: “Cuando nos dijeron que nos iban a hacer un juicio nos preocupamos mucho. No llegamos a entender cuál era el argumento para llevarnos al arbitraje internacional, pero sí nos quedó marcada la cifra que pensaban reclamarnos: 500.000 millones de dólares”.
La amenaza activó todas las alarmas en la Torre Ejecutiva. Tras un breve encuentro entre el presidente Luis Lacalle Pou, el secretario de Presidencia, Álvaro Delgado, y el director de la Oficina de Planeamiento y Presupuesto, Isaac Alfie, se decidió entregarle a la multinacional la concesión del Palacio Legislativo hasta 2091. “Sabemos que estamos cediendo bastante, sobre todo porque la concesión estipula que los legisladores pasarán a ser empleados de Katoen Natie, y lógicamente tendrán que hacer lo que sus jefes les manden. Pero realmente no teníamos otra opción. Era eso o perder cientos de miles de millones de dólares. Yo creo que al final hicimos un buen negocio”, opinó una de las fuentes consultadas.