El ex integrante del Organismo Coordinador de Operaciones Antisubversivas (OCOA) Enrique Uyterhoeven compareció este jueves ante la jueza penal de 26º Turno, Ana de Salterain, y ante la doctora Graciela Malvarez, de la Fiscalía especializada en Crímenes de Lesa Humanidad, en la causa que investiga torturas en La Tablada y las desapariciones de los militantes comunistas Felix Ortiz, Miguel Mato y Omar Paitta.
Durante la audiencia celebrada en el juzgado de la calle Uruguay, Uyterhoeven admitió la existencia de torturas, apremios físicos y psicológicos en el centro clandestino, y dijo que se trataba de actos que respondían a la cadena de mando.
Consultado sobre quién daba las órdenes de esos apremios, respondió que “normalmente el comandante”, y aclaró que “siempre estaba un comandante en todos los interrogatorios”.
El ex capitán mencionó la práctica del submarino, a la que minimizó, describiéndola como “mojarle la capucha para dar la impresión de que no podía respirar”, y aseguró que “la idea fue nunca matar a nadie”. “Eran los menos casos, la mayoría no llegaba a esa situación. Hablaban antes”, agregó en su declaración.
Uyterhoeven, que reconoció haber integrado la OCOA desde marzo de 1981 hasta principios de 1982, negó la existencia de médicos en La Tablada y dijo que “a lo sumo podría haber un enfermero por si le pasaba algo a la persona”. Entonces se le preguntó en qué circunstancias podría “pasarle algo” a alguien en un interrogatorio, y respondió: “Podía estar enfermo del corazón y no lo sabíamos”. El militar retirado negó haber conocido a los militantes comunistas desaparecidos Omar Paitta, Félix Ortiz y Miguel Mato.
Uyterhoeven, que tuvo una relación con la ex presa política Hilda Diez, dijo que en el centro clandestino no se practicaban violaciones, tal como denunció su ex pareja. Otro de los puntos de la declaración de Diez que fue negada por el militar fue el haber tenido conocimiento de la muerte de Mato.
Consultado sobre si los apremios físicos fueron los que llevaron a Diez a colaborar con el OCOA, Uyterhoeven respondió: “Cuando yo comencé a hablar con ella, que empezó a colaborar, yo le di las razones para [hacer] lo que estaba haciendo, de colaborar y entregar gente, era la opción cero. Eliminar todo lo que estaba en la estructura de la UJC [Unión de Jóvenes Comunistas] para hacer una estructura nueva y con gente no conocida. Esa fue la excusa que le di para que ella comenzara a hablar conmigo. Allí ella comenzó a hablar, incluso escribió a máquina un informe que yo controlaba”.
Por otra parte, Uyterhoeven reconoció que no se realizaban visitas a La Tablada y que los familiares de los detenidos no tenían conocimiento de que estaban allí, aunque dijo desconocer las causas por las que el lugar funcionaba como centro clandestino.
El militar se negó expresamente a hablar de los otros militares acusados en la causa y rechazó dar a conocer los alias de los indagados, que en muchos casos coincidían en su primera inicial con los apellidos; Uyterhoeven era “Ulises” y Robert Terra, otro de los indagados, era “Tomas”.
Al preguntarle por qué utilizaban alias respondió: “Para que no se supiera el nombre, para conservar la privacidad de las personas, es lo mismo que usaba el MLN [Movimiento de Liberación Nacional] y el Partido Comunista [...] esos apodos se usaban cuando se estaba delante de algún detenido, no se usaban en conversaciones nuestras. Había algunos como ‘Ariel’ que no voy a decir a quién pertenecía”.
También dijo desconocer información sobre posibles enterramientos y, particularmente, la declaración de Diez en la que se le adjudica a los alias “Gonzalo” y “Tomas” haber hablado sobre “echarles cal viva”, en referencia a enterramientos.
La indagatoria judicial continuará con la declaración de Jorge Charleta Guldenzoph el lunes 26 de octubre. Además, fue citado Wellington Sarli, uno de los tres militares uruguayos condenados por el asesinato de Eugenio Berrios, ex agente de la Dirección de Inteligencia Nacional de la dictadura de Augusto Pinochet. Sarli se encuentra radicado en Chile.
La causa fue iniciada en 2011 por la militante comunista Ivonne Klingler y otros 20 presos políticos para investigar las violaciones a los derechos humanos ocurridas en La Tablada, conocida como Base Roberto, y luego, a pedido de la Fiscalía especializada en Crímenes de Lesa Humanidad, se le anexó la investigación sobre la desaparición de Mato, Paitta y Ortiz.
Por esta causa también son investigados los militares Juan Pagola, Terra, Juan Esponda y Jorge Grau, quien se encuentra prófugo en Paraguay y sobre quien pesa una orden de captura internacional.
Miguel Mato, padre de la diputada Verónica Mato, fue secuestrado en la esquina de 8 de Octubre y Larravide, el 29 de enero de 1982, y trasladado al centro clandestino de La Tablada. Aún se desconoce si murió a causa de la tortura o fue acribillado en un intento de fuga.
Omar Paitta fue secuestrado el 21 de setiembre de 1981 y murió como consecuencia de la tortura en La Tablada el 1º de octubre de 1981. Según la versión dada a la Comisión para la Paz, sus restos fueron enterrados en el Batallón 14 y luego desenterrados y exhumados.
Félix Ortiz fue detenido en la mañana del 16 de setiembre de 1981, en la esquina de José Belloni y San Cono, y trasladado al centro La Tablada, donde habría muerto como consecuencia de torturas.