La jueza en lo civil de 15º turno Magela Otero hizo lugar al recurso de amparo presentado por el Movimiento por un Uruguay Sustentable (Movus), que reclama la suspensión de las obras de UPM II, por entender que la empresa no cumplió con sus obligaciones.
“No existen precedentes de una acción de estas características ante la Justicia, pero tampoco tiene precedentes en nuestro país que una empresa, a cargo de un proyecto de esta envergadura, que debió presentar un estudio completo de impacto ambiental, no cumpla con sus condiciones”, señala el escrito presentado a la Justicia.
Otero citó a representantes de la empresa y de la organización denunciante para el jueves a las 16.00 en el juzgado que funciona en el Palacio de los Tribunales, donde tomará una primera declaración a ambas partes.
En diálogo con la diaria Raúl Viñas, integrante del Movimiento destacó la relevancia de la decisión de la Justicia al aceptar la acción de amparo, lo que implica reconocer la legitimidad de la parte denunciante.
Tras recibir el escrito, la jueza Otero pidió a la organización mayor información sobre el derecho fundamental que eventualmente se estaba vulnerando, dado que al tratarse de una acción de amparo tiene que estar relacionado con la violación de un derecho constitucional y luego de recibir la ampliación de la información decidió aceptar el recurso.
“El año pasado se le dio una autorización que a nuestro modo de ver está mal dada, los estudios estaban incompletos”, comentó Viñas que agregó que algunos de ellos “son determinantes” para que la planta pueda operar.
Viñas señaló que la empresa está debiendo estudios desde hace un año y que al estar construyendo la planta está cambiando el lugar, lo que afecta los estudios de base que deben ilustrar la situación previa a la construcción. “Pedimos que se suspenda la planta hasta que no estén todos los estudios”, afirmó.
“Tuvimos que llegar a esto, esperábamos que el Estado hiciera algo al respecto pero el Estado dejó pasar. Si el Poder Ejecutivo no lo hace, lo que nos queda es presentarnos ante la Justicia”, agregó.
Para Viñas la empresa presenta sistemáticamente estudios incompletos de manera de cumplir con los plazos, aunque impliquen observaciones por parte de la Dirección Nacional de Medio Ambiente.
Viñas calificó el hecho como “una gran victoria” y aclaró que “la idea no es echar a la planta”, sino que cumpla con sus obligaciones para con el Estado.
Consultado por la diaria, el ministro de Ambiente, Adrian Peña, valoró el hecho de que la sociedad civil “esté mirando lo que pasa” y ejerciendo control social sobre “la inversión más grande en la historia del país”.
“Esto es una obra de gran impacto y un proyecto muy complejo, que la sociedad civil lo esté monitoreando y que se presenten, para mí es bueno. Queremos que esto se haga con la mayor transparencia posible”, comentó.
Peña dijo desconocer los pormenores de la acción de amparo pero resaltó que realiza un seguimiento personal del proyecto con instancias semanales con los técnicos de evaluación de impacto ambiental de alta complejidad y mensuales con las autoridades de la empresa sobre habilitaciones, permisos y plazos. “Estamos muy atentos cuidando los intereses del país en lo que es la inversión, estamos controlando y llevamos todo muy cortito”, agregó.
El ministro dijo que la empresa no tiene demoras que generen consecuencias ambientales, pero sí retrasos en la presentación de la información y agregó que esas demoras podrían retrasar el inicio de la construcción o de la operativa, pero no acortar los tiempos de monitoreo.
Peña señaló que la empresa terminó de presentar hace 20 días la información sobre todas las variables del Plan de Monitoreo y que el lunes se le devolvió el plan con observaciones. “Una vez que esté aprobado el plan, ellos deben comenzar a medir; pero no van a ser habilitados para la operativa hasta que no tengan dos años de monitoreo completo. Si por alguna razón comienzan a medir en enero por ejemplo no van a ser habilitados hasta enero de 2023”, agregó.