El fiscal de Crimen Organizado Luis Pacheco pidió prisión para Raúl Sendic por un delito de abuso de funciones en casos no previstos especialmente por la ley especialmente agravado, en reiteración real con reiterados delitos de peculado especialmente agravados.
Pacheco pidió una pena de 18 meses de prisión para Sendic, cuatro años de inhabilitación y una multa de 500 Unidades Reajustables. La acusación responde a la investigación sobre la cancelación de deuda con PDVSA y el uso de las tarjetas corporativas de ANCAP. La situación procesal de Sendic le permite acceder al derecho de libertad condicional, por lo que podría no ir a prisión, dado que fue procesado sin prisión, en mayo de 2018, y se encuentra en libertad en el momento de la sentencia de condena.
Pacheco sostiene que la empresa Exor, que fue contratada para la liquidación de la deuda que ANCAP tenía con PDVSA, fue seleccionada “sin procedimiento transparente”, cuando había otras empresas en condiciones de brindar el servicio de intermediación financiera. Además, considera insuficiente la razón dada por Sendic al afirmar que fue PDVSA la que propuso a Exor como consultora.
“El representante de Exor ha dicho enfáticamente en su comparecencia ante la sede que nuestro mandante fue ANCAP”, por lo que no puede alegarse que fue PDVSA la que “unilateralmente exigió la intervención de Exor”, sostiene el documento al que accedió la diaria. Además, plantea que el acuerdo firmado entre PDVSA y ANCAP en marzo de 2012 no contó con el aval de los directores, salvo un “escueto aval telefónico del gerente de los Servicios Jurídicos, un día antes de la firma”.
En cuanto al desplazamiento de Exor de la negociación, Pacheco plantea que fue unilateral por parte del acreedor y que “no podía ni debía ser tolerada por ANCAP, cuando la cancelación era una operación conjunta, mutuamente aceptada y beneficiosa para ambas partes, por lo cual ninguna de ellas podía imponer condiciones a la otra”.
En cuanto al uso de las tarjetas corporativas, la acusación sostiene que si bien Sendic dijo que las compras respondieron a “motivos funcionales”, la versión no condice con “las características y naturaleza de los gastos analizados”, que además no se encuentran “debidamente justificados”. ”En la mayoría de los casos él mismo no recuerda a qué concepto responden”, señala el documento.
El fiscal entiende que Sendic violó “flagrantemente” el reglamento aprobado en marzo de 2011 para el uso de las tarjetas corporativas, usándolas con fines no previstos y sin aportar la documentación correspondiente. “Considerando la naturaleza, la cantidad y la cuantía de los gastos y los rubros de los comercios en los que se utilizó la tarjeta, surgen serias e inequívocas presunciones de que los gastos no pudieron obedecer en todos los casos a gastos imprevistos “en las misiones de trabajo”, señala el pronunciamiento del fiscal.
La investigación del fiscal pudo probar que el ex presidente de ANCAP usó la tarjeta corporativa unas 300 veces y además de gastos en hoteles y restaurantes, que podrían estar vinculadas a la gestión, hay compras en tiendas de ropa, supermercados, electrónica, joyería y librerías, sin presentar comprobantes.
Pacheco hizo referencia al informe de la Junta de Transparencia y Ética Pública, del 20 de setiembre de 2017, que concluyó que Sendic hizo uso indebido de las tarjetas, incurriendo en múltiples gastos injustificados.
Ahora la defensa de Sendic tendrá 30 días para responder la acusación fiscal y luego la jueza especializada en Crimen Organizado Adriana Chamsarián tendrá 90 días para resolver.