El Frente Amplio analiza con preocupación las consecuencias de la aprobación del artículo 195 del presupuesto, que habilita al Ministerio del Interior a intercambiar directamente datos del Registro Nacional de Huellas Genéticas con su par de otros países sin la intervención de un juez.
El artículo, que fue aprobado con los votos del oficialismo, modifica la ley 18.849 que en su artículo 10 establece que el único organismo autorizado a intercambiar esos datos con otros organismos internacionales es la Dirección Nacional de Policía Técnica, “previa orden del Juez competente”.
El presupuesto agrega a ese artículo que “por razones de seguridad pública y de cooperación internacional contra el crimen organizado o trasnacional, el tráfico y trata de personas, el narcotráfico, el tráfico de armas, el terrorismo y las violaciones a los derechos humanos, podrá compartir o intercambiar directamente datos del Registro Nacional de Huellas Genéticas con autoridades de otros países”.
En un documento interno del Frente Amplio, al que accedió la diaria, se advierte que el artículo que se busca modificar obligaba a la intervención de un juez para intercambiar datos en la investigación de todos los delitos y plantea que la enumeración de los delitos por los que se podría brindar información directamente, pretende justificar la eliminación de la intervención del juez.
Otro tema que preocupa a la oposición es el hecho de que no especifica si se trata de la posibilidad de compartir entre agencias datos específicos a solicitud de un país o habilita a compartir toda la base de ADN.
El 29 de setiembre, durante su comparecencia ante la Comisión de Presupuesto integrada con Hacienda de la Cámara de Diputados, el subsecretario del Interior, Guillermo Maciel, valoró que los organismos tengan la posibilidad de acceder a los datos y señaló que lo que se propone es “el intercambio en forma rutinaria de perfiles genéticos criminales”.
“Muchísimos países cuentan hoy con bancos de datos de ADN criminal y el intercambio resulta fundamental para el combate al delito (...) El ADN en este caso se orienta exclusivamente a la identificación de la persona y no a reparar sobre los antecedentes”, agregó.
Maciel dijo que hay 19 países europeos que tienen “la posibilidad de cruzar entre ellos sus bases de ADN sin necesidad de una solicitud o intervención judicial, ya que no son caso a caso, sino que es una muestra que se contrasta con una base de datos en reciprocidad de trato internacional”.
Además, Maciel planteó que en la ley de Protección de Datos Personales “están expresamente excluidas y no son aplicables a esa ley las bases de datos que tengan por objeto la seguridad pública, la seguridad del Estado y las actividades en materia penal de investigación y represión del delito”.
El documento de análisis del FA señala que los países europeos a los que hace referencia Maciel están sujetos al Tratado de Prüm, firmado en 2005 con el objetivo de profundizar en el intercambio de información en la Unión Europea para delitos específicos y que el mecanismo utilizado para su consulta se basa en el acceso a los perfiles de ADN en dos etapas, en una primera consulta se busca la información genética y el sexo y si hubiera coincidencia con la base de otros países firmantes del tratado, se avanza hacia una segunda consulta donde se devuelve la identificación completa.
Además, señala que existe un convenio de cooperación de intercambio de información entre Estados Unidos y España firmado en 2009, que utiliza un mecanismo similar por el que las partes tienen la autorización de hacer consultas, designando para ello un punto de contacto nacional y siempre acorde a la legislación interna de ambos países. Si en la primera consulta de un perfil de ADN hay coincidencia se notifican los datos respecto de esa consulta.
“Siempre se habla de consultas de perfiles de ADN, nunca de compartir la base de datos”, señala el documento, que agrega que nuestro país, al contar con un Registro Nacional de Huellas Genéticas y con la normativa vigente ya puede hacer el mismo tipo de consultas con otras agencias.
Cuando el artículo se discutió en el Senado, la senadora Silvia Nane marcó las indefiniciones que tiene la redacción, además de la falta de garantías en el manejo de la información al no participar la Justicia. “Imaginense que mañana una agencia internacional pide la base de datos de todos los uruguayos, de los que tienen antecedentes”, subrayó.
“Que no esté la intervención del juez y que se nos diga explícitamente que no es caso a caso, es el centro de nuestra preocupación. La información genética de un país no se comparte”, agregó.