El fiscal de Delitos Económicos Gilberto Rodríguez pidió al Parlamento las actuaciones y la documentación de la comisión parlamentaria que investiga posibles delitos de estafa y fraude contra el Estado ante las irregularidades surgidas en el contrato para la construcción de dos patrullas oceánicas adjudicadas al astillero español Cardama Shipyard.
Según informó El Observador y confirmó la diaria con fuentes allegadas al caso, la Fiscalía pidió al Parlamento la versión taquigráfica de todas las sesiones de la comisión investigadora que desde febrero investiga el proceso de compra de las patrullas oceánicas al astillero español. Además de pedir la información “a la mayor brevedad posible”, consulta si existe un plazo estimado para que la comisión, que funciona en la órbita de la Asamblea General, tenga su informe final para que este sea remitido a la Fiscalía.
Según supo la diaria, la Fiscalía está esperando la ampliación de respuestas a oficios enviados al Estado que serán incorporados a la investigación penal que fue iniciada en octubre de 2025, a raíz de una denuncia realizada por el secretario de Presidencia, Alejandro Sánchez, y el prosecretario, Jorge Díaz, tras constatar “fuertes indicios” de “estafa o fraude” y dos días después de que el gobierno anunciara que rescindiría el contrato con la empresa española.
En un inicio la investigación penal estuvo a cargo del fiscal Alejandro Machado, quien fue trasladado a la Fiscalía de Cibercrimen a fines de mayo. De acuerdo a información que obtuvo la diaria, en un principio había trascendido que el fiscal que asumiría en esa fiscalía sería Diego Pérez, pero la designación quedó en suspenso hasta el 31 de julio, fecha en la que vence la subrogación que está realizando Gilberto Rodríguez.
Pérez dijo a la diaria que al recibir la propuesta planteó a la fiscal de Corte, Mónica Ferrero, que necesitaba algunas semanas para cerrar casos pendientes que tiene en su fiscalía de Flagrancia. Esto en principio fue aceptado por Ferrero, pero por el momento no volvió a comunicarse con el fiscal.
La designación de Pérez fue cuestionada por el gobierno debido a los desencuentros que este mantuvo tanto con el actual prosecretario de Presidencia cuando fue fiscal de Corte, como con el ministro del Interior, Carlos Negro, cuando se desempeñaba como fiscal de Flagrancia.
Fuentes de la Fiscalía señalaron a la diaria que, pese al cambio de titular, el caso siguió siendo investigado por la fiscal adscripta, Natalia Colotuzzo, quien se mantendrá en el equipo de trabajo.
Además del caso Cardama, la Fiscalía de Delitos Económicos y Complejos de primer turno tiene a estudio la causa que investiga la estafa en República Ganadera y la causa derivada del caso de la entrega del pasaporte a Sebastián Marset, que investiga a varios funcionarios del período pasado por la destrucción, en la Torre Ejecutiva, de un documento certificado en el que consta una conversación entre el entonces subsecretario del Interior, Guillermo Maciel, y la entonces subsecretaria de Relaciones Exteriores, Carolina Ache, que daba cuenta de que el gobierno sabía que Marset era un “narco peligroso” antes de entregar el pasaporte.