El director de la Administración Nacional de Puertos, Jorge Gandini, declaró ante el juez en lo civil de 19º turno, Andrés Hernández, en el marco de la demanda que le hizo la empresa de depósitos portuarios Lobraus Puerto Libre SA, luego de que la calificara públicamente como un “deudor contumaz y serial” del puerto de Montevideo.
La demanda, en la que la empresa le reclama al exlegislador del Partido Nacional un millón de dólares, fue presentada en octubre de 2025 y se activó luego del fracaso de una audiencia de conciliación para evitar el litigio. Gandini hizo esas declaraciones el 12 de setiembre al diario El Observador, mientras la ANP analizaba la rescisión del contrato por incumplimiento por parte de la empresa, y luego de una serie de negociaciones para refinanciar la deuda que la empresa uruguaya tiene con la administración, que le había dado un plazo de 15 días para avanzar con los pagos. “Si eso no pasa, que se le baje la llave y no pueda operar”, había dicho Gandini en esa oportunidad.
Para la empresa, las declaraciones de Gandini fueron determinantes para el cierre de la empresa, dado que perdió tres de sus principales clientes que entendieron que podría dejar de operar una vez vencido ese plazo. Además, la empresa acusó a Gandini de revelar información reservada al decir en una rueda de prensa que Lobraus tenía una deuda de 450.000 dólares, correspondiente a 11 meses de canon impago.
En su declaración ante el juez Hernández, Gandini afirmó que la información que reveló es pública, más allá de que él la haya obtenido en su calidad de director de la ANP, y ratificó que la empresa no avanzó con los compromisos que había asumido con la administración. Además, dijo que no es vocero de la ANP y que no necesita autorización del directorio para hacer declaraciones públicas.
“Todos los expedientes tramitados vinculados a Lobraus son de acceso público y a todos ellos tienen acceso los 800 funcionarios de la administración más todo aquel que lo pida”, declaró Gandini, y destacó que ninguna de las resoluciones fue declarada reservada o confidencial, y todas ellas se publican en la web.
Consultado sobre por qué dijo públicamente que se iba camino a la rescisión cuando estaba en marcha una negociación con la empresa para refinanciar la deuda, Gandini dijo que en enero de 2025 había “un proyecto de rescisión por incumplimiento de la obligación principal”, elaborado por la administración anterior. “En mayo, cuando yo ingreso, soy yo quien propone aceptar la propuesta que estaba pendiente de la empresa Lobraus para refinanciar la deuda [...] y la empresa dijo que no podía aceptar una refinanciación de seis cuotas de la deuda”, señaló.
Gandini dijo que trabajó “para recomponer la relación con Lobraus” y agregó que “no hay ningún antecedente en la historia de la ANP de la rescisión de una concesión por incumplimiento, y es muy complicado y costoso para la administración rescindir”. El legislador se hizo cargo de tres declaraciones públicas sobre el tema, entre octubre y noviembre de 2025, que van en el mismo sentido que las que hizo a El Observador, y aclaró que a partir de la demanda definió abstenerse de tratar el tema en el directorio de la ANP.
Por su parte, el presidente de la ANP, Pablo Genta, declaró como testigo en la causa. Dijo que analizaron la situación y “a partir de cómo fue evolucionando y de los informes técnicos” que recibieron, decidieron tomar la resolución de encaminar la rescisión, algo que está sujeto a la aprobación del Poder Ejecutivo.
Genta coincidió con Gandini en cuanto a la situación de incumplimiento de la empresa y dijo que las declaraciones no tuvieron influencia en la rescisión del vínculo comercial con la ANP. Genta señaló que la resolución de la rescisión –en enero de 2026– fue posterior a las declaraciones de Gandini y que sus declaraciones “no expresan lo que el directorio en ese momento pensaba”, dado que buscaba una salida con la empresa para “un acuerdo que permitiera dar cumplimiento al contrato de concesión en su globalidad”. Consideró que los miembros del directorio “son libres de opinar” y dijo desconocer los efectos de las declaraciones de Gandini en la empresa.
La causa penal por difamación, revelación de secreto y abuso de funciones
Por otra parte, Gandini enfrenta una denuncia penal que Lobraus inició en octubre de 2025 al considerar que las declaraciones podrían haber implicado un delito de abuso de funciones, revelación de secreto, uso indebido de información privilegiada, difamación e injuria.
El caso comenzó a ser tratado esta semana por el fiscal Gilberto Rodríguez, quien está subrogando la Fiscalía de Delitos Económicos y Complejos de primer turno. Los denunciantes, representados por los abogados Juan Raúl Williman y Homero Méndez, ratificaron la denuncia ante el fiscal Rodríguez.
El contrato entre Lobraus SA y la ANP y la demanda internacional
El vínculo entre Lobraus y la ANP comenzó en 2007, cuando la empresa presentó una iniciativa privada para la construcción de un edificio de 21 pisos y un depósito de 12.000 metros cuadrados por un total de 80 millones de dólares, que fue aceptada por la administración y adjudicada a Lobraus en un contrato firmado en 2016 y con vigencia hasta 2046.
En abril de 2018 el proyecto debió modificarse debido porque por el lugar donde estaba prevista la torre de 21 pisos –que incluía depósitos generales, cámaras frigoríficas, oficinas y restaurante-cafetería–, en el puerto de Montevideo, debía pasar el Ferrocarril Central para el transporte de la carga de UPM.
En octubre de 2019, el Ministerio de Transporte aprobó una resolución por la que habilitó el pago extrajudicial de los gastos que Lobraus había asumido en el proyecto y las pérdidas que sufrió como consecuencia del traslado. Lo mismo ocurrió cuando se construyó el viaducto sobre los accesos al Puerto de Montevideo, donde se le pidió a la empresa una nueva modificación del lugar.
Al momento de la rescisión del contrato, que fue dispuesto por la ANP en enero de este año y ratificado por el Poder Ejecutivo el 24 de julio, la empresa debía unos 500.000 dólares por cánones impagos, cifra a la que se sumaban multas impagas. Estas últimas están en revisión tras la impugnación por parte de la empresa.
En diciembre de 2025, Lobraus SA presentó una demanda por 50 millones de dólares contra la administración, luego de que desde la ANP se ordenara la suspensión de la empresa como operador portuario ante la Dirección Nacional de Aduanas.
Esa demanda culminó en la instancia de conciliación previa a su inicio formal, debido a que la empresa no se presentó. Según supo la diaria, Lobraus tiene previsto recurrir al Centro Internacional para el Arreglo de Diferencias Relativas a Inversiones para dirimir las diferencias con el Estado uruguayo en el marco del Tratado de Protección de Inversiones con Estados Unidos. Uno de los requisitos para activar ese mecanismo de resolución de conflictos es no tener causas abiertas en la jurisdicción local.