La decisión del fiscal de Corte, Jorge Díaz, de iniciar una investigación administrativa contra la fiscal de Carmelo Natalia Charquero generó críticas por parte de legisladores de la coalición de gobierno, que anunciaron medidas que van desde un pedido de informe hasta la solicitud de destitución del magistrado. Charquero archivó el viernes la causa contra el ex intendente de Colonia Carlos Moreira por los audios virales en que deslizaba que ofrecía pasantías a cambio de sexo, y Díaz ordenó la investigación a partir de información publicada por el periodista Carlos Peláez. En ella se sostiene que hay una relación política entre Moreira y Charquero.
Este domingo, el diputado de Cabildo Abierto (CA) Eduardo Lust anunció en su cuenta de Twitter que solicitará al presidente de la República, Luis Lacalle Pou, la destitución del fiscal de Corte por lo que él considera un “ataque a la autonomía técnica” y “al Estado de derecho”. En diálogo con la diaria, Lust recordó que la Fiscalía General de la Nación es un servicio descentralizado y que, como tal, los actos de su director “pueden ser observados por el presidente de la República y/o suspendidos”. A su entender, la investigación administrativa en los hechos “demuestra que [los fiscales] no tienen autonomía técnica”, sino que “están bajo el control monárquico del fiscal de Corte”.
Lust dijo que presenta su iniciativa a título personal, aunque sostuvo que seguramente Cabildo Abierto lo apoye en la causa. De hecho, sostuvo que el líder de CA, el senador Guido Manini Ríos, le solicitó personalmente “que redactara un proyecto quitándole las competencias al fiscal de Corte”. Por su parte, el vicepresidente de CA, Raúl Lozano, dijo a la diaria que está al tanto de la iniciativa, pero que hasta el momento no se ha analizado orgánicamente. “Por ahora es una iniciativa personal del diputado Lust, pero tiene sentido considerarla”, afirmó.
En filas coloradas también hubo reacciones por la resolución de Díaz. El diputado Felipe Schipani cursará este lunes un pedido de informe a la Fiscalía General en el que solicita conocer los elementos “que justifican la instrucción de la investigación administrativa” y que “lleven a pensar que existen actos o hechos irregulares o ilícitos” en el accionar de la fiscal. Según dijo Schipani a la diaria, el objetivo del pedido de informe es “evitar que se trate de una persecución política”, dado que, a su entender, “genera alguna duda el hecho de que se haya iniciado una investigación administrativa por algún tipo de militancia en el pasado de esta fiscal en el Partido Nacional” (PN). “El hecho de haber militado en un partido político no hace que vos tengas lazos y vínculos con todos los integrantes de ese partido”, consideró.
Schipani, que es abogado de profesión, señaló que la ley prevé tres situaciones en que los fiscales se deben excusar de tomar un caso: cuando hay parentesco, enemistad evidente o una relación de afecto con alguna de las partes. En ese sentido, opinó que “el hecho de haber trabajado profesionalmente con alguien no supone una vinculación de afecto o amistad” y analizó que la fiscal “habrá entendido que no tiene un vínculo con Moreira de afectividad o amistad profunda como para haberse excusado”. Asimismo, afirmó que “con los elementos que hay arriba de la mesa parece un disparate sostener que puede haber un delito de conjunción de interés personal y público”. “Lo que hicieron los fiscales en el pasado no es materia de investigación”, sentenció Schipani.
Por su parte, la senadora nacionalista Graciela Bianchi, que en el pasado ya había cuestionado a Díaz por una supuesta alineación con el Frente Amplio, dijo a la diaria que, si bien no se afilia “a la tesis de la destitución” que propone Lust, consideró que es necesario “estudiar el tema”. “Yo personalmente tengo una posición muy crítica del fiscal Díaz desde hace mucho tiempo; creo que ha mostrado demasiado cuál es su filiación política. No lo noto con la misma rigurosidad con todo el mundo”, opinó la legisladora. Asimismo, advirtió que la investigación iniciada por Díaz “es una señal muy fuerte para los demás fiscales”.
Un tema “embarrado”
El coordinador de la bancada de ediles del Frente Amplio en Colonia, Rodolfo Montaña, manifestó a la diaria su respaldo a la investigación iniciada por el fiscal Díaz, porque considera que “hay pruebas evidentes” de que la fiscal Charquero estaba vinculada al PN. En ese sentido, señaló que “lo único que hace [Díaz] es investigar, no está diciendo que Charquero no tenía razón”. Por otra parte, calificó a las críticas de la coalición como “lamentables” y opinó que “se están introduciendo en lo que quieren evitar: intentan que lo político se meta a definir los temas judiciales”. “Nos preocupa enormemente que la política se quiera meter en la Justicia, independientemente del caso que sea”, reafirmó Montaña.
En la misma línea, el diputado frenteamplista Nicolás Viera dijo a la diaria que la decisión de Díaz “empieza a andar en el camino de aclarar esta situación, porque lo que hace falta es echar luz a una situación que, a priori, se presenta con muchas dudas”. Además, manifestó que “en caso de confirmarse esta grave sospecha que está instalada, además de las sanciones que corresponderían ante el caso, se le debe garantizar a la ciudadanía de Colonia que exista un fallo que sea verdaderamente justo y objetivo”. Para Viera, podemos estar ante un escenario “donde la opinión de la fiscal se vio contaminada o desviada por un vínculo político-partidario”. “Más allá de que la fiscal se haya tenido fe para ser objetiva, no alcanza con su buena voluntad. Ante un hecho como este, lo que debería haber hecho es apartarse de la causa, por la sencilla razón de que impere la imparcialidad a la hora de emitir un fallo”, aseveró.
Andrés Sobrero, ex director de Turismo de Colonia y actual pareja de la edila María José García (quien habla con Moreira en los audios), consideró que la decisión de Díaz pone de manifiesto que “este tema viene muy embarrado”. “A nosotros nos extrañó mucho la decisión de la Fiscalía de Carmelo, por el informe que había hecho el juez cuando se pidió el desarchivo y que pasara a otro fiscal. El juez fue muy elocuente en su dictamen; dijo que cantidad de cosas no se habían hecho por parte de la Fiscalía que actuó en primera instancia, y ahora nuevamente no se hicieron”, como las pericias psicológicas, explicó.
Al momento de solicitar la reapertura del caso, en marzo de este año, los denunciantes (García y Sobrero) afirmaron que uno de los hermanos de la fiscal Eliana Travers había sido edil suplente de la agrupación del intendente. Además, indicaron que la fiscal había resuelto archivar el caso el mismo día en que Moreira fue proclamado candidato a intendente. “La decisión del fiscal Díaz es lógica; acá lo que se está demostrando es que está muy involucrada la política con el Poder Judicial”, analizó Sobrero. “Lo lógico y más sano hubiera sido que [Charquero] se hubiera excusado y hubiera dicho que ella no podía actuar y que pasara a otra fiscal”, afirmó.