El Tribunal de Apelaciones de 1º Turno dio la razón a la fiscal especializada en Delitos Sexuales, Violencia Doméstica y Violencia Basada en Género Darviña Viera, que pidió la suspensión de la patria potestad para cinco de los indagados, cuando fueron formalizados por el delito de retribución o promesa de retribución a personas menores de edad para que ejecutaran actos sexuales o eróticos de cualquier tipo.
La fiscal Viera había pedido la medida en función del artículo 79 de la Ley 19.580, que dispone que las personas imputadas por este tipo de delitos queden suspendidas en el ejercicio de la patria potestad e inhabilitadas para ejercer funciones públicas o privadas en áreas educativas o de la salud que impliquen el trato directo con niños, niñas y adolescentes, personas con discapacidad o mayores en situación de dependencia, “por un lapso de diez años si recayera sentencia de condena o hasta su sobreseimiento o absolución”.
La jueza de 33º Turno, Adriana de los Santos, accedió a la formalización de los imputados pero no hizo lugar al pedido de la fiscal al respecto de estas medidas por considerar que su aplicabilidad responde a la etapa posterior del proceso, cuando se define la sentencia.
La sentencia del tribunal, integrado por Graciela Gatti, Alberto Reyes y Sergio Torres, sostiene que ese tipo de sanciones son aplicables en la etapa de formalización del proceso. “La imperativa solución por la que optó el legislador -más allá que se comparta o no- no sólo extiende su efecto inhibitorio hacia el individuo condenado sino también al formalizado o procesado, según el régimen que se aplique”, consideró el tribunal. Además, el documento explicita que el hecho de que el artículo establezca un plazo en caso de recaer condena no significa que no deba aplicarse antes.
El Tribunal también desestimó las apelaciones de las defensas sobre la formalización, al considerar que la Fiscalía cuenta con elementos suficientes de los delitos atribuidos y 'la identificación' de sus presuntos responsables.
“Los hechos presentados en las diversas exposiciones (escritas y verbales) realizadas, se han mostrado contundentes en cuanto a dejar prima facie evidenciado el vínculo de los imputados con la joven y las conductas presuntamente infractoras de las normas penales allí referidas”, señaló el tribunal.
Por esta causa ya fueron formalizadas 21 personas y se identificó a 15 víctimas de explotación sexual.
El 1º de julio la Fiscalía a cargo de Viera habilitó la línea 091 507 531 para que quienes hayan sido víctimas o conozcan a personas víctimas de explotación sexual puedan denunciar el caso de forma segura.