“Cuando estos casos llegan a la justicia penal es porque llegamos tarde y llegamos mal”, afirma Mariela Solari, responsable de la Unidad de Víctimas y Testigos de la Fiscalía. Hasta el momento hay 15 víctimas identificadas por la Unidad de Víctimas en el marco de la Operación Océano, que investiga la explotación sexual de menores de edad y por la que ya fueron formalizadas 21 personas. Desde que el 1° de julio se habilitó una línea telefónica por este caso, otras cinco víctimas se comunicaron para presentar denuncias, según Solari. Este miércoles la funcionaria de Fiscalía nos recibió en su oficina de la Ciudad Vieja y este es un resumen de la charla que tuvimos.

¿Cuál es la tarea que realizan?

La Unidad de Víctimas y Testigos funciona desde la implementación del nuevo Código de Proceso Penal [CPP], en noviembre de 2017. Hoy contamos con 27 técnicos que trabajan en las sedes fiscales de todo el territorio nacional. Tienen la competencia de atender, acompañar y proteger a las víctimas durante el proceso penal; eso implica desde hacer una evaluación de riesgo hasta el acompañamiento psicoemocional de las víctimas que van a transitar un proceso penal. Casi 60% de las personas que atendemos son víctimas de delitos sexuales o de violencia doméstica. Eso incluye mujeres, niñas, niños y adolescentes, y delitos que van desde violencia familiar, maltrato infantil, abuso sexual, explotación y trata.

¿ Cómo se vinculan a la Operación Océano?

Venimos trabajando con el equipo de fiscales desde que empezó la investigación. En general, en los delitos de violencia doméstica y sexuales el grado de afectación de las víctimas implica que sea necesario un acompañamiento específico. Cuando una víctima va a declarar lo que le pasó, requiere cierta estabilidad para después relatar lo vivido, cuyo principal objeto fue su cuerpo. Declarar sobre un delito sexual no es lo mismo que declarar en una rapiña, porque lo que ocurrió tiene que ver con la intimidad. Eso hace que las personas se sientan mucho más expuestas, y por eso es tan importante el acompañamiento emocional, para que la persona se sienta segura a la hora de declarar.

El 1° de julio la Fiscalía habilitó una línea telefónica (091 507 531). ¿Cómo viene funcionando?

En la Operación Océano el equipo dirigido por la doctora Darviña Viera entendió que dentro de sus estrategias sería importante tener un teléfono para que las víctimas pudieran llamar. Se habilitó ese teléfono, el mismo que tenemos siempre acá de guardia. Funciona las 24 horas los 365 días del año y lo atienden nuestros técnicos de la Unidad de Víctimas, que son psicólogos o trabajadores sociales. Además, la fiscal determinó que las personas de guardia tengan una pauta específica para levantar estas llamadas. Hubo llamadas de personas que dieron información sobre la Operación Océano y también de otros casos similares. Además, hubo cinco denuncias diferentes de explotación sexual o trata, que no están en Operación Océano, pero que llegaron por esta vía. Después también hubo casos de gente que llamó enojada, que nos increparon porque no entendían por qué defendíamos a esas chiquilinas.

¿Eso cómo se explica?

Es un argumento que se repite en estos casos, esa idea de que las chiquilinas estaban en esto porque querían. Y es lo más políticamente correcto que puedo transmitir de lo que dijeron en estos mensajes. Hubo otros mucho peores, pero siempre de ese tenor, una especie de queja contra la Fiscalía y la Unidad de Víctimas. ¿Cómo se explica? Creo que demuestra los prejuicios y los preconceptos que existen con relación a la sexualidad, a la adolescencia y a lo que viven las víctimas en estas situaciones de explotación sexual. Está claro que estos temas incomodan a mucha gente; creo que lo terminaron manifestando en el lugar equivocado.

¿Podrían ser personas cercanas a los imputados o a sus defensas?

No, algunos incluso decían orgullosamente a qué se dedicaban y se identificaban. Pero los argumentos eran “no entiendo por qué defienden esto” o “no entiendo por qué destruyen familias de bien”.

Quizás ese tipo de llamados confirman que esta es una problemática comunitaria y que no se trata de casos aislados.

Claramente es un problema social, que está muy basado en prejuicios que no permiten ver y ubicar el problema en el lugar que hay que ubicarlo. Estamos hablando de menores de 18 años: nadie puede decir que hay margen de confundirse ante una chiquilina de 13, 14 o 15 años. Es algo que ha quedado claro en otras investigaciones que ya tienen condena, para no hablar de Operación Océano, que se está investigando. Si una chiquilina de 15 años queda embarazada de un señor de 45 años, la diferencia en lo madurativo es evidente. No hay margen para confundirse, porque escuchás qué cosas habla una gurisa en esa situación, qué cosas le preocupan o los temas que habla con sus amigas. La adolescencia es de por sí una etapa conflictiva y muchas veces se dan situaciones complejas en las familias, que no necesariamente son de violencia explícita. Derivan, por ejemplo, en que una gurisa vaya a la casa de un vecino que le dice que la va a ayudar; pero esa relación que comienza con la comprensión, después deriva en un pedido de favores sexuales, por intercambio de comida o de quedarse en un lugar. Es lo que muchos autores llaman “atrapamiento” que las víctimas sienten. Porque además sienten que la culpa y la vergüenza se van a depositar en ellas. El relato del ofensor lo confirma: “Estás acá porque quisiste” o “Yo te terminé ayudando”. Eso existe, estas llamadas que plantean quejas a la Fiscalía en el fondo son un reflejo de lo que una parte de la población también piensa.

En el caso de Operación Océano ¿cuántas son las víctimas?

Específicamente en Operación Océano hay 15 víctimas, incluyendo las últimas que contactamos desde las llamadas telefónicas. Las otras cinco que decía recién no están en esta investigación.

¿Las primeras cómo se habían contactado?

Llegaron por diferentes vías, algunas por terceras personas y otras de manera voluntaria, que se enteraron porque otra le contó que había hecho la denuncia. Por eso es importante transmitir cuáles son los mecanismos de denuncia que terminan en una investigación penal. El mensaje que tenemos que transmitir es que el sistema de justicia no va a revictimizar a la persona que denuncia. Algunas gurisas se animaron a denunciar porque otras les habían transmitido antes que tenían esas seguridades, eso es algo importante.

Un tema delicado en estos casos es el manejo de la información durante el proceso penal. ¿Cuál es tu posición?

En los casos de violencia sexual, abuso y explotación sexual, el grado de afectación que genera este tipo de situaciones obliga a los operadores de los diferentes sistemas (salud, educación, justicia) a ser muy cuidadosos con el manejo de la información. Muchas veces, esta persona pudo contar por primera vez lo que le pasó acá, y eso requiere un proceso terapéutico y emocional que le permita afrontar la situación. Hay casos en los que no llegó ni a decirlo en el ámbito más cercano de su familia o de sus amistades, o a lo sumo lo sabe una persona. ¿Por qué es tan importante ser cautelosos con la información? Porque una visión recortada o distorsionada de lo que sucedió puede tener efectos negativos para las víctimas. Es muy riesgoso exponer estas situaciones, sobre todo si hablamos de niños o adolescentes. Hoy con las redes sociales eso se potencia y se amplifica, con comentarios a las noticias, que muchas veces son despiadados, sobre todo cuando surgen desde el anonimato. Todo eso genera mucho daño para las víctimas y para el entorno.

¿Qué tipo de seguimientos hacen ustedes a las familias de las víctimas?

Cuando hay una investigación de un delito sexual, desde nuestro rol claramente nos vamos a centrar en las víctimas. Pero también hay un entorno que es importante: los hermanos, las hermanas, los padres, los novios, los maridos. Por ejemplo, en un caso de un delito sexual contra un niño, tenés a la mamá, al papá, a veces a las parejas de ambos. Toda la información que sale impacta en la forma de vincularse y en cómo tratar al propio niño o adolescente. Por eso es importante hacer siempre el ejercicio de ponerse en el lugar del otro, ponerse un segundo en sus zapatos. ¿Cómo estaría si esto le pasara a mi hijo, a mi hermano o a cualquier persona de mi círculo cercano? ¿Cómo manejaría esta situación si tomara estado público?

La fiscal Viera ha dicho en varias oportunidades que las víctimas no se ven como tales hasta que presentan la denuncia, tanto en la Operación Océano como en otros casos. ¿Cómo funciona ese mecanismo?

Es lo que decía recién: en algunos casos la primera vez que lo cuentan es ante la Justicia o incluso hay casos de denuncias de terceros, en los que la víctima ni siquiera se identifica. Para entender el grado de sufrimiento que vivieron, muchas veces estas personas necesitan incluso empezar este proceso desde un ocultamiento de la identidad. Cuando esto se devela, las víctimas apenas pueden empezar a poner en palabras lo que vivieron. Son situaciones de mucho sufrimiento, se vive un atrapamiento y hasta la negación: “Esto no me está pasando a mí”.

En estos procesos de acompañamiento cada víctima tiene necesidades diferentes. En el colectivo no se puede homogeneizar y no todo el mundo lo vive de la misma manera ni le impacta psicoemocionalmente de la misma forma. El entorno es clave: cuando un niño o un adolescente cuenta una situación de violencia sexual, que el entorno inmediato (parejas, madre, padre, hermanos) le crea y lo apoye es fundamental para la recuperación. Los sobrevivientes a los delitos sexuales logran hacerlo sólo si son capaces de recomponer y reparar las secuelas psíquicas, emocionales y a veces físicas. Eso siempre requiere tiempo.

En paralelo, la declaración en la Justicia es un derecho de las víctimas, pero tenemos que acompañarlas para que estén preparadas emocionalmente, para evitar que la declaración sea confusa.

El nuevo código prevé audiencias públicas. ¿Cómo será en el caso de la Operación Océano? ¿No sería una exposición riesgosa?

Por lo general, las audiencias por delitos sexuales son reservadas y se trata de que la información que surja se maneje buscando siempre proteger a las víctimas. No sabemos en este caso qué va a pasar, es una decisión que deberá tomar el equipo fiscal. Nuestro trabajo está más focalizado en generar estrategias para trabajar las secuelas emocionales y psicológicas en las víctimas, para que lleguen a las instancias judiciales emocionalmente estables. Eso es lo más importante.

¿Cuál es la necesidad más urgente de las víctimas?

En general lo que más reclaman es tener mucha información. La pregunta es siempre¿qué va a pasar ahora?. Estos procesos generan mucha ansiedad; por haber develado algo, por no saber qué va a pasar con la familia. Y también surgen dudas sobre el proceso: ¿con quién voy a tener que hablar?, ¿dónde voy a declarar?, ¿qué cosas voy a decir?, ¿hay pericias?

En esto la información es clave, porque es la manera de devolverles certezas a estas personas. Para la gente que vivió estas situaciones, la violencia está sostenida en el abuso de poder, en diferentes dimensiones. Puede ser el poder basado en género, pero también hay variables socioeconómicas, hay situaciones de mayor o menor fragilidad emocional. Las situaciones de desequilibrio de poder generan sometimiento y aislamiento. Me refiero al aislamiento de las redes sociales de contención. Entonces, reconstruir esas redes de protección es clave para garantizar la estabilidad emocional de las víctimas y es lo que permite que no se las revictimice.

¿Hay diferentes niveles de “sorpresa” en esos círculos de contención?

Muchas veces el entorno se entera recién cuando la víctima cuenta. Y hablo en general, no de la Operación Océano. Alguno de repente dice “me parecía que había cambiado de actitud” o “me parecía que estaba aislada o triste”, pero sin asociarlo a que podría estar pasando esto. En general, la evidencia y la bibliografía indican que la develación de los casos de abuso sexual y violencia sexual siempre es tardía en el tiempo y puede ser confusa. El riesgo es que si los operadores ‒en la salud, en la educación o en la Justicia‒ le preguntan 50 veces “¿esto habrá sido así?”, el efecto es muchas veces que las víctimas se retractan, debido a esa revictimización.

Algo así como lo que se cuenta en la serie Unbelievable (basada en un caso real de denuncias por violación en Estados Unidos, que investigó el medio Propública en 2015).

Exacto, en esa serie hay un ejemplo clarísimo. La retractación en la violencia sexual está estudiada, hay evidencia: una víctima denuncia, pero se encuentra de repente con que todo el sistema ubica la culpa en ella. Entonces dice “bueno, hago de cuenta que esto no pasó”. Por eso es importante que el sistema ubique a las víctimas en un lugar de estabilidad emocional, para que puedan declarar libremente, sin presiones. La Justicia hará el camino que tenga que hacer, se presentarán las pruebas y demás. Pero si lo primero que hacemos es repetir una situación de desequilibrio de poder, la víctima claramente va a quedar en desventaja para declarar de la mejor manera. La estabilidad emocional y psíquica son centrales para que una persona pueda declarar en las mejores condiciones.

Mariela Solari.

Mariela Solari.

Foto: Ernesto Ryan

En estos casos también caen miradas acusatorias sobre las familias. ¿Cómo se las apoya?

Los psicólogos y trabajadores sociales de la Unidad toman contacto con la víctima; si son menores de edad con los adultos a cargo, y ahí empezamos a trabajar. No invadimos, porque esa es la clave, pero sí hay que ponerse a disposición, por eso hay un teléfono que funciona las 24 horas, porque una no elige a qué hora va a querer contar estas cosas. Se trabaja tanto en la sede fiscal como en el domicilio, porque nos parece que eso es parte de las estrategias de no revictimizar. Algunas víctimas dicen que tienen a su terapeuta, y en esos casos acompañamos con información sobre el proceso penal, por ejemplo si va a tener una prueba anticipada o una pericia. Y también acompañamos en las propias instancias judiciales. Lejos de ser una novedad lo que estamos haciendo en Uruguay, el acompañamiento de las víctimas de delitos sexuales en los juicios es una práctica que tienen todos los países con sistemas acusatorios. Lo que pasa es que nosotros no estábamos acostumbrados, y en realidad el nuevo código establece el derecho de la víctima a tener un acompañante emocional.

Mencionaste la declaración en prueba anticipada. ¿Podés explicar en qué consiste?

En los delitos sexuales, es un derecho que tienen las víctimas a tener una única declaración. Esto permite preservar la prueba y mitigar los efectos revictimizantes. El CPP establece que esa prueba podrá ser por medio de una cámara Gessel, y hace mención concreta al instrumento tecnológico cámara Gesell. El código dice que la defensa del indagado, la Fiscalía y el juez acuerdan las preguntas que se le hacen a las víctimas. Son preguntas preestablecidas que realiza un funcionario judicial. Es algo muy distinto a un diagnóstico por cámara Gessell; es una prueba anticipada que se hace con este mecanismo tecnológico. Y esa única toma de declaración queda como prueba para futuras instancias judiciales que se requieran, con el objetivo de que la víctima no tenga que volver a declarar en la sede judicial. La principal garantía que tiene la víctima es que las partes (fiscalía o defensa) no son quienes preguntan. Ellos acuerdan las preguntas y quedan del otro lado, lo siguen por circuito de cámara cerrada, pero las plantea el funcionario. Este funcionario sale y si hay repreguntas vuelve a entrar. Muchas veces se confunde esto con un diagnóstico en cámara Gessell: no es eso, es una prueba anticipada que se toma con un método tecnológico, que es la pantalla de cristal. También puede ser por otros métodos, puede ser por un circuito cerrado de televisión. Pero en definitiva es un derecho que tienen las víctimas y que en los delitos sexuales es muy importante.

Esos casos se originan en situaciones de asimetrías de poder evidentes, ¿Cómo hacer desde el Estado para no reproducirlas?

La clave es que las víctimas tengan garantizados durante el proceso penal los derechos que establece el nuevo CPP. Eso ayuda a mitigar los efectos revictimizantes. La revictimización, claramente, reafirma ese desequilibrio de poder. Todo lo contrario es cuando tenés derecho a ser escuchada, a tener información, atención y asistencia, y que dentro del sistema de justicia existan equipos que trabajen específicamente con las víctimas. También garantizar esa estabilidad emocional para las instancias judiciales, cuidar que no se cruce con el indagado, habilitando espacios físicos que no lo permitan. Todos esos aspectos y derechos que tienen las víctimas también ayudan a que ese desequilibrio de poder se mitigue en las instancias judiciales.

¿Es suficiente eso? En este caso han aparecido elementos ajenos al sistema, se ha hablado de agencias de publicidad que asesoran a los formalizados, por ejemplo.

Me saldría del sistema de justicia y te diría que el desequilibrio de poder está planteado en una cuestión mucho más estructural, previa a que llegue a la instancia penal. Cuando estos casos llegan a la Justicia penal es porque llegamos tarde y llegamos mal. Estos desequilibrios de poder que tenemos en la sociedad (de género, de edad, de nivel socioeconómico o por otras fragilidades) están estructuralmente legitimados y eso se reproduce en las instituciones. Si la sociedad admite y avala que una gurisa quede ubicada en tal lugar por cómo está vestida, eso se reproduce después en las instituciones. En estos casos se cruzan tres variables: género, adolescencia y sexualidad; cuando aparecen todos los prejuicios que se atribuyen a estas tres variables aparecen muchos preconceptos, se dice que estas gurisas saben lo que querían, que se hacen las víctimas pero no son, que en realidad les gustaba, que si andan vestidas así qué otra cosa quieren que les pase.

Todo eso se acumula y llegamos a un punto en que tenemos que preguntarnos: ¿cómo podemos llegar a estar tan ciegos? Porque si alguien dice que una niña de cinco años provocó sexualmente a alguien de 20 años, entonces tenemos un problema muy grande.

¿Falta capacitación sobre estos temas entre los operadores de la educación y la salud?

En lo que tiene que ver con delitos sexuales nosotros recibimos muchas denuncias del sector salud. Tanto la salud como la educación tienen protocolos para actuar en la detección de situaciones de violencia sexual. Claramente muchas veces llegamos tarde, sobre todo en violencia sexual en la primera infancia, porque hay mayor dificultad para que los niños se puedan expresar. Y después en la etapa de la adolescencia nos ganan los prejuicios de los que hablaba recién: “está así porque es adolescente”, “está agresiva”. También pesa la imagen que construimos sobre qué es ser una adolescente mujer y un adolescente varón. Quizás cultivamos mucho la imagen de esa adolescente linda, que en las redes sociales muestra todo el tiempo qué, cuándo, cómo y a quién. Creo muchas veces dejamos a las gurisas vulnerables y frágiles en esa exposición.

Quedan atadas a un estereotipo que construimos socialmente.

Totalmente, entonces cuando hay determinadas fragilidades, emocionales, familiares, en la trayectoria de vida, y viene alguien que te da un reconocimiento, que puede ser “qué linda que sos”... Hay algo que tiene que ver con los mensajes de fortaleza y fragilidad que tienen las gurisas, y eso claramente se da en otros espacios, en el ámbito de la familia, en la educación, donde transitan los niños y adolescentes, cuáles son los mensajes que nosotros le devolvemos. Los gurises más vulnerables a la violencia son los que tienen menos información; entonces tienen que saber que estas situaciones pueden pasar, tienen que saber dónde pedir ayuda y, fundamentalmente, tenemos que educar varones que no sometan, que es parte de lo que nos está pasando.

En la Operación Océano quedó claro que hay muchos hombres adultos, algunos de más de 70 años, dispuestos a abusar de adolescentes de 15 o 16. ¿Cuál debería ser el mensaje para los adolescentes varones que van a llegar a esa edad recién dentro de 50 años?

Hay una cuestión cultural a trabajar con los varones, que tiene que ver con el sentido de la sexualidad, con las relaciones de poder en la pareja y con las relaciones de libertad. Es un tema para trabajar con los varones y con las mujeres. Hay algunos programas públicos, impulsados desde la sociedad civil, que han trabajado sobre las relaciones de noviazgo, donde también se pueden dar situaciones de violencia. Cuanto antes podamos interrumpir esas situaciones, mayor prevención vamos a tener en situaciones futuras. Hay una construcción cultural del relato de qué es ser varón, qué es ser mujer y cómo tiene que ser una relación sin sometimientos. ¿Pero cuánto hablan los varones de eso? ¿Qué espacios tienen para hablarlo? Si no existen, hay que construirlos; algunos los podrá construir una institución y un servicio del Estado, pero hay otros que tienen que ser de construcción comunitaria. Cuando los hombres van a un asado, ¿de qué hablan? Bueno, capaz falta hablar de estas cosas. ¿En algún momento vas a quedar en un lugar incómodo? Y sí, pero deconstruir implica la incomodidad, sino después te tenés que bancar esta otra incomodidad. Aparecen estos casos y nos horrorizamos, pero tampoco nos hacemos cargo de cambiarlo en la vida cotidiana. Una cosa que demostró la Operación Océano es que esto es transversal a todos los niveles socioeconómicos y culturales. Por lo tanto, hay situaciones de estas que pasan muy cerca de cualquiera de nosotros y no lo sabemos.

¿Esa “sorpresa” en los círculos familiares también tiene que ver con la falta de espacios?

Siempre hay que preguntarse qué espacios tenemos para hablar de estas cosas. En el caso de las víctimas, siempre planteamos que la adolescencia es una etapa de crecimiento en autonomía, pero la protección tiene que seguir existiendo. ¿Quiénes son tus amigos, dónde vas, con quién te conectás? Hoy hay todo un universo no presencial, que es virtual. Los padres muchas veces no sabemos quiénes son los amigos virtuales de nuestros hijos. Bueno, tenemos que tener espacios para conversar. Y si los adolescentes no quieren hablar con nosotros, que es natural, hay que pensar qué otros referentes tienen. Puede ser una madrina, una tía, una hermana mayor, pero siempre tiene que haber alguien con una mirada atenta para hablar de estas cosas, que en general incomodan.

Hablando de las nuevas tecnologías, en el caso de la Operación Océano una cosa paradójica es que la tecnología también puede aportar la mayor parte de las pruebas.

Lo que cambió es que los ofensores captan a las víctimas por medio de la tecnología, antes se captaban presencialmente en distintos lugares. Por eso también cambió el perfil de las víctimas de explotación, si lo miras a través de los últimos años es claro que ha cambiado.

¿Cuál sería ese cambio?

Es algo que la fiscal [Darviña Viera] ha dicho, antes había otro perfil de víctimas. No aparecía esto que tenemos ahora de un nivel socioeconómico y cultural diverso. Eso también tiene que ver con los accesos a la tecnología, con el acceso a determinadas redes que otros no tienen.

¿Y si lo mirás en el mapa del Uruguay también hay un traslado? ¿Tal vez desde zonas de frontera hacia otros lugares, como en este caso Punta del Este?

En eso hay de todo, porque también hay distintos tipos de situaciones de violencia sexual. En algunos casos se puede apuntar a determinadas fragilidades de las víctimas, por ejemplo, las socioeconómicas, y en otros casos se ve que apuntan a otro tipo de fragilidades o necesidades.

¿Cómo sería una reparación ideal para las víctimas en casos como este?

Lo primero es que puedan acceder a la Justicia, que puedan participar en lo que quieran participar libremente y en las mejores condiciones. También que se haga justicia, que sea un proceso justo y con todas las garantías, que se llegue a una condena, que es parte del proceso de reparación con las víctimas. En los casos que no hay revictimización y se garantizan las condiciones socioemocionales, es posible pensar en una reparación integral, de acuerdo a las necesidades de cada víctima. Siempre digo que las víctimas no son un colectivo homogéneo, a cada una le va a afectar de manera diferente, por su entorno, por su historia, por el tipo de relación abusiva que vivió. Entonces la reparación tiene que ver con las características de cada víctima.

El documental Atleta A, sobre el abuso a gimnastas en Estados Unidos, muestra que participar activamente en una acusación y en una condena también puede ser una instancia reparatoria para las víctimas

Exactamente, en esa película queda claro. Por eso es tan importante que haya equipos psicosociales en la Fiscalía que hagan el acompañamiento; porque ellos pueden evaluar el grado de afectación emocional, las secuelas, el entorno y las condiciones en la que está para poder decir “sí quiero declarar” o “no quiero hacerlo”. Hemos tenido casos en los que una niña de 12 años y, en otro caso, un niño de diez años terminaron diciendo: “Sí, yo quiero hablar frente a un juez”. Y hay otras víctimas que no quieren hacerlo, y también estará bien. Lo que pasa es que venimos de un sistema de cientos de años en los que la víctima era más un objeto de prueba que un sujeto. El acompañamiento emocional permite acceder a la Justicia de otra manera.

¿Y socialmente qué se puede esperar de este proceso?

Si me preguntás como sociedad, creo que tendríamos que avanzar en desprejuiciarnos y en habilitar más espacios para conversar estas cosas. También pienso que si logramos ubicar las responsabilidades donde realmente van, avanzaríamos hacia una sociedad más sana.