La Fiscalía presentó este jueves los datos del primer semestre. Uno relevante fue el aumento de 19% de las formalizaciones entre mayo y junio, con un récord de 1.900 denuncias formalizadas.
En el primer semestre de 2020 crecieron las formalizaciones por hurtos y receptación, de 606 a 627; las rapiñas bajaron de 153 a 150, mientras que los delitos de violencia doméstica crecieron de 107 a 145, y los casos formalizados por estafa pasaron de 83 a 123.
El informe de la Fiscalía destaca la diversificación de la persecución del delito, con un aumento del peso de las denuncias de violencia doméstica y estafa en el total de denuncias formalizadas.
En conferencia de prensa, el fiscal de Corte, Jorge Díaz, señaló que en Uruguay hay 12.483 personas privadas de libertad (un “máximo histórico”) y recordó que la implementación del nuevo Código del Proceso Penal generó críticas por su supuesta benignidad.
“Ese relato se instaló en la sociedad uruguaya, y por eso hacemos un seguimiento sistemático de ese indicador. La realidad es que hoy hay 1.483 personas privadas de libertad más que el 1º de noviembre de 2017, cuando regía el sistema anterior”, señaló.
Uruguay es el segundo país de América del Sur con mayor proporción de su población privada de libertad, con 354 adultos cada 100.000 habitantes (Brasil tiene 366).
El fiscal también destacó otro dato: cuando se empezó a implementar el nuevo código, apenas 30,2% de las personas privadas de libertad estaban procesadas con sentencia, pero esa cifra ahora aumentó a 82,6%.
Por otra parte, Díaz planteó que si la Fiscalía pudiera disponer de un software que analice big data podría aumentar significativamente la eficiencia en el combate al delito, ya que podría realizar cruzamientos y asociar denuncias por zona, persona o modalidad delictiva.
Los recursos
El fiscal de Corte dijo que la discusión presupuestal, en la que se prevé un recorte de 15%, es la “prioridad absoluta” de la Fiscalía, y agregó que “es posible mejorar aún más si se tienen los recursos necesarios”.
“Somos conscientes de las dificultades existentes, pero estamos convencidos de que la inversión de dinero en la Fiscalía es inversión en seguridad”, agregó.
Aunque optó por no dar un número exacto sobre las aspiraciones presupuestales, Díaz planteó su preocupación por varias áreas que requieren de mayores recursos: las fiscalías de Homicidios, donde la imposibilidad legal de realizar juicios abreviados obliga a ir a juicios orales que son costosos; las fiscalías de Delitos Económicos, que por la complejidad de las investigaciones requieren mayores recursos, y las fiscalías de Violencia Doméstica y Delitos Sexuales, que cuenta con una séptima fiscalía, pero todavía sin local para funcionar.
Además, planteó su preocupación por los lugares en que existen turnos únicos que obligan a los fiscales a estar a disposición permanente, el aumento de los delitos en Rocha y Durazno, y la falta de recursos en Maldonado, donde se concentra la mayor cantidad de denuncias por fiscal.
Otro aspecto deficitario del presupuesto destinado a la Fiscalía, según dijo, es la seguridad de los fiscales, ya que en los últimos años se viene registrando un incremento de las amenazas.
El caso Charquero
Díaz fue consultado por el archivo de la investigación administrativa sobre la fiscal Natalia Charquero, por su posible vinculación con el intendente de Colonia, Carlos Moreira.
Respondió que la Fiscalía tenía la “obligación de aclarar si efectivamente las cosas que se decían eran ciertas o no”.
En cuanto a las repercusiones de la investigación sobre la fiscal, Díaz señaló que “el grado de exposición en redes sociales y en prensa no necesitaba una investigación administrativa; me parece que la exposición fue desde el minuto uno, incluso antes de que se dispusiera la investigación”.
Destacó que a partir de este caso se conformó una comisión para analizar buenas prácticas en el uso de redes sociales, “no para restringir en absoluto la libertad de expresión”, sino para “proteger a la institución”.
Los cuestionamientos a su cargo
Díaz prefirió no hacer declaraciones sobre el pedido de destitución por parte de Cabildo Abierto y dijo que está abocado a cumplir con los compromisos asumidos cuando fue designado.
En cuanto a la posibilidad de que el cargo de fiscal de Corte sea sustituido por un colegiado, respondió: “No conozco el proyecto, pero a la luz de la experiencia del derecho comparado, a priori, no me parece una solución adecuada”.