Un esquema integral de lavado de dinero controlado desde Uruguay ha vuelto a ser el centro de atención este mes en Brasil. Darío Messer, a quien los investigadores nombran como el jefe del negocio que alimentó la corrupción en Brasil, firmó el mayor acuerdo de delación premiada en la historia del país vecino. En su testimonio, Messer, conocido como “el doleiro dos doleiros” (un doleiro es un cambista que opera fuera del mercado legal), habló sobre sus negocios en Uruguay y su relación con el ex presidente de Paraguay Horacio Cartes. Fue al describir un trato con Cartes que Messer citó su vínculo con el abogado uruguayo Óscar Algorta, aunque sin comprometerlo. la diaria obtuvo extractos de las declaraciones del cambista a los fiscales del grupo de trabajo sobre la Lava Jato de Río de Janeiro.
Para entender la historia es necesario remontarse al año 1994, cuando el negocio de Cartes atravesaba una fuerte crisis financiera. Messer dijo que su familia le había prestado 13 millones de dólares. Según relató el cambista, el político pagó la deuda con tres fincas que estaban en el balance del banco y que pertenecían a clientes morosos.
Messer informó que la propiedad de las fincas fue transferida a una offshore, Tournon SA, cuyo abogado era Algorta. Este profesional uruguayo, según el cambista, fue quien dirigió la contabilidad. El resto de la deuda, unos ocho o nueve millones de dólares, se pagó en cuotas mensuales, con un interés de 1% mensual. Dos de las tres granjas se vendieron a principios de la década de 2000 por iniciativa de Cartes, quien las gestionó para Messer. El cambista dijo que Algorta fue el responsable de la venta.
Messer es acusado por el Ministerio Público Federal de Río de Janeiro de dirigir una estructura de lavado de dinero que involucró a 3.000 offshores, con cuentas en 52 países, que movieron más de 1.650 millones de dólares. En su testimonio confirmó el plan. El negocio fue administrado por socios del cambista en Uruguay, aunque no involucró operaciones en el país. Los clientes eran, básicamente, brasileños, y las offshore estaban en otros países.
El doleiro dos doleiros fue el objetivo de la operación Lava Jato en Río de Janeiro en mayo de 2018. Estuvo prófugo durante 15 meses hasta que fue arrestado, en julio de 2019, con una identidad falsa. Debido a la pandemia del nuevo coronavirus, tenía derecho a arresto domiciliario. Según el acuerdo de culpabilidad, además de ceder su patrimonio, que incluye 81 propiedades en Paraguay y un apartamento de cinco millones de dólares en Nueva York, entre otros activos, Messer cumplirá 18 años y nueve meses de prisión. Debería pasar de régimen cerrado a semiabierto después de dos años.
Aunque menciona a Algorta en el extracto de la denuncia obtenido por la diaria, Messer no lo compromete en sus actividades. Aun así, el abogado uruguayo sigue en el radar de los fiscales de Río de Janeiro por las offshore con las que tiene algún vínculo y que aún están siendo investigadas en la Lava Jato. Sin embargo, está lejos de ser uno de los principales objetivos de los investigadores brasileños.
El abogado ya figura como imputado en una causa en Brasil, en este caso los hallazgos de la operación Lava Jato en Curitiba, en el estado de Paraná. Está acusado de ayudar al ex director de Petrobras Néstor Cerveró a lavar dinero en la compra de un departamento en Ipanema, uno de los barrios más ricos de la ciudad de Río de Janeiro. La propiedad, adquirida en 2009, costó 1,5 millones de reales y actualmente está valorada en 7,5 millones de reales, 1.346.000 dólares.
Según la denuncia, la compra del departamento se realizó a nombre de la offshore uruguaya Jolmey, cuyo directorio era presidido por Óscar Algorta, para ocultar el inmueble atribuido a Cerveró. Según los fiscales, la transacción se realizó con dinero de sobornos recibidos por el ex director de Petrobras. Fue en esa compañía petrolera que las autoridades brasileñas comenzaron a desentrañar el mayor esquema de corrupción del país. El primer grupo de trabajo de los fiscales de la Lava Jato apareció en Curitiba y, posteriormente, se crearon otros grupos en la misma línea en otros estados brasileños para investigar el desvío de dinero público en cada estado de la federación.
Para los investigadores brasileños, Algorta fue el “mentor intelectual de la operación de blanqueo de capitales que benefició a Cerveró”. El ex director de Petrobras ya fue condenado por la operación que involucró la propiedad. En mayo de 2015 fue sentenciado a cinco años de prisión, en un fallo dictado por el entonces juez Sérgio Moro, quien luego se convirtió en ministro del presidente Jair Bolsonaro, hasta que dejó el gobierno en abril.
El abogado uruguayo respondió al mismo proceso que Cerveró, pero como reside en Uruguay y las citaciones dependían de la cooperación internacional entre los países, el proceso vinculado con él corrió por un carril paralelo. Cinco años después de la condena de Cerveró, la demanda contra el abogado aún está lejos de tener un desenlace. Los testimonios de cuatro testigos, tres de ellos de la defensa de Algorta, están programados para la tarde del 21 de setiembre. Cerveró declarará como testigo por la parte acusadora.
Algorta no designó a nadie para defenderlo en el caso, y por ello la Defensoría Pública Federal pasó a asumir su defensa. Recién en agosto de este año, más de cinco años después del inicio del proceso, el uruguayo nombró un abogado. La defensa de Algorta trató de sumar nueva información y temas a la causa, pero la solicitud fue rechazada por el juez.
Entrevistado por la diaria en marzo de 2017, Algorta sostuvo que “jamás” participó en “ninguna actividad que pudiera configurar un delito de lavado de dinero o blanqueo de capitales, en ninguna de sus formas, ni de manera directa ni indirecta”, y que la acusación que se formuló contra él se hizo de forma “por demás ligera” y “sin prueba fehaciente alguna”. “Sólo asesoré dentro de mi profesión y en mi país a una persona que seis años después aparece involucrada en escándalos de corrupción”, manifestó.
Si bien ya estaba respondiendo al proceso por las investigaciones de la Lava Jato en Curitiba, Algorta fue mencionado también en otra delación premiada utilizada por los fiscales de Río de Janeiro. Ante Messer, su ex socio Enrico Machado hizo un trato con los investigadores, y en su testimonio contó cómo Uruguay se convirtió en la base para la operación del esquema de lavado de activos. En este contexto, habló del papel de Algorta.
Machado afirmó que las operaciones ilegales de cambio de divisas en Brasil dirigidas por la familia Messer fueron transferidas a Uruguay en torno a 2002. En ese momento, las autoridades brasileñas se estaban acercando a los cambistas y sus actividades ilegales. Algunos de ellos decidieron trasladar el centro de su negocio a otros países. Según el ex socio de Messer, fue Algorta quien facilitó la implementación de las actividades en Uruguay.
“Que Uruguay fue elegido por la legislación vigente, así como por la facilidad de comunicación; que en Uruguay había un abogado, de nombre Óscar Algorta, que se encargaba de la implementación de las actividades en el país”, informa Machado sobre el final de su testimonio.
En una de las piezas de investigación de la Lava Jato de Río de Janeiro, en 2018, los fiscales dicen que las visitas de Messer a Uruguay y sus reuniones con el abogado uruguayo en ambos países fueron corroboradas por mensajes obtenidos por el Ministerio Público. Los fiscales encontraron correos electrónicos intercambiados en noviembre de 2012 entre los secretarios del cambista y Algorta. Organizaron un viaje para el abogado a Río de Janeiro y su alojamiento por cuatro días en un apartamento de Messer en Leblon, otro barrio de lujo de esa ciudad. Al contestar uno de los mensajes y movilizar a sus empleados para recibirlo, el cambista explicó que Algorta era su abogado en Uruguay.
Messer envió empleados a Uruguay para ocuparse de los negocios en 2003. Dos de ellos se convirtieron en socios: Vinicius Claret, Juca Bala, y Claudio Barbosa, Tony. Acordaron una delación premiada luego de ser detenidos en Montevideo en marzo de 2017. En una de sus declaraciones, Barbosa dijo que otro cambista uruguayo, Najun Turner, “fue uno de los organizadores para cambiar la estructura de los negocios de cambio ilegal de Río de Janeiro a Uruguay, y se convirtió en socio de esta estructura entre 2009 y 2011, además de acercarlos a los clientes paraguayos”.
Según investigadores brasileños, el cambista uruguayo también ayudó a Messer a permanecer prófugo de la Justicia brasileña. La conclusión vino de impresiones de conversaciones que estaban en uno de los teléfonos celulares del cambista brasileño. Los fiscales también dicen que Turner emergió “como el principal asesor y mano derecha del líder de la organización criminal”, Darío Messer, y era “previamente consultado sobre las principales decisiones que debían tomarse, lo que ponía en evidencia intereses mutuos en prácticas delictivas financieras”.
Turner también tenía, según los investigadores, una cuenta en el sistema que controlaba el movimiento de dinero. En su nombre en clave en el “banco paralelo”, Fumanchu, se registraron operaciones ilegales de cambio, evasión y blanqueo de divisas entre 2011 y 2017 que totalizaron unos 14 millones de dólares. Turner fue imputado en la Lava Jato de Río de Janeiro junto a Messer por lavado de dinero, evasión de divisas y pertenencia a una organización criminal. Messer fue detenido en 2019, en el mismo operativo en el que se buscó la detención del ex presidente de Paraguay, pero en febrero pasó a un régimen de arresto domiciliario. Horacio Cartes nunca fue detenido, y posteriormente se suspendió la orden de captura en su contra. Está imputado en la causa de la Lava Jato en Río, acusado de financiar e integrar la organización criminal de Messer.
En su declaración, el “cambista” dice que conoció al ex presidente de Paraguay a través de Turner. El cambista uruguayo es un viejo conocido en Brasil. Su nombre fue revelado, por primera vez, en junio de 1992, en la comisión investigadora parlamentaria que culminó con el juicio político al ex presidente Fernando Collor de Mello.
Todo este megaesquema de cambistas con sede en Uruguay fue descubierto tras la detención del ex gobernador de Río de Janeiro Sérgio Cabral, en noviembre de 2016, que tuvo amplia repercusión en Brasil. Destacado político y uno de los responsables de llevar los Juegos Olímpicos a Río, Cabral llegó a ser considerado como posible candidato a vicepresidente de Brasil. Ya confesó los delitos e hizo un trato con la fiscalía. El dinero pagado en sobornos al ex gobernador fue manejado por dos cambistas: los hermanos Marcelo y Renato Chebar. Se convirtieron en denunciantes e informaron que el plan de sobornos de Cabral creció demasiado en 2007 y tuvieron que pedir ayuda a la estructura de Messer para hacerse cargo de las operaciones de lavado de dinero.
Fue a partir de la denuncia de los hermanos Chebar que el plan de Messer comenzó a desmoronarse. Con el acuerdo de colaboración de Juca y Tony, la estructura se derrumbó definitivamente. En mayo de 2018, un operativo policial emitió una orden de captura contra 43 doleiros, incluso en Uruguay, y sólo fue posible gracias a un acuerdo de cooperación sin precedentes entre las autoridades brasileñas y uruguayas. La operación fue vista como un ejemplo de éxito y prueba de la importancia de los equipos conjuntos de investigación para acelerar la lucha contra los delitos transnacionales. La acción resultó en una denuncia, aceptada por la Justicia, de 816 páginas contra 62 personas, la mayor de la Lava Jato en Río de Janeiro.
“Uruguay fue considerado un paraíso fiscal, permitió las offshore, pero ha habido un cambio en la legislación uruguaya y una acción más combativa en los últimos tiempos”, dijo en mayo de 2018 el abogado Eduardo El Hage, coordinador del grupo de trabajo de la Lava Jato.
Dos de los cambistas arrestados operarían para la empresa JBS, cuyo propietario, Joesley Batista, hizo una delación premiada e incluso grabó conversaciones con el ex presidente de Brasil Michel Temer. El político se convirtió en imputado por corrupción pasiva en una demanda que involucró a su ex asistente, capturado por la Policía Federal por recibir 500.000 reales en sobornos de la empresa. Para los investigadores, el dinero estaba destinado a Temer.
Uno de los principales clientes del esquema liderado por Messer con base en Uruguay fue la megaempresa constructora Odebrecht, el mayor contratista de Brasil, que realizó varias obras en América Latina. El apodo de Odebrecht en el sistema paralelo era Tuta, en referencia a un ex futbolista brasileño. La empresa depositaba dólares en cuentas en el exterior para recibir reales en especie en Brasil, con el objetivo de pagar sobornos a agentes públicos. Tenía un departamento interno, el Sector de Operaciones Estructuradas, que controlaba los pagos por beneficios ilícitos. La relación del esquema de Messer con Odebrecht duró desde la década de 1990 hasta principios de 2015, cuando fueron detenidos los principales ejecutivos de la empresa.
Cómo funcionaba el sistema del “banco paralelo”
Toda la operación de Messer tuvo su sede en Uruguay desde 2003 para disimular las acciones. Se consideró que así se estaría menos expuestos a riesgos. Uruguay fue elegido tanto por la legislación vigente como por la facilidad de comunicación, lo que también contribuyó a que otros cambistas utilizaran los servicios de Messer.
El esquema fue controlado en Uruguay por Juca y Tony y funcionó hasta que fueron detenidos en marzo de 2017 y enviados a la Cárcel Central en Montevideo. Fueron extraditados en diciembre de ese año a Brasil, donde estuvieron presos durante un año y dos meses y fueron puestos en libertad como parte del acuerdo de delación.
Al mismo tiempo que trasladaba la base operativa a Uruguay, Messer estableció un domicilio fiscal en Paraguay para intentar obstaculizar las actividades de las autoridades brasileñas, logrando incluso, en 2013, la naturalización en ese país. Los investigadores definieron el megaesquema como una especie de “banco paralelo”, que funcionaba a través del “matrimonio” de intereses entre vendedores de dólares en el exterior y compradores de reales en Brasil.
Las denominadas operaciones “dólar-cabo” son una forma de mover recursos en paralelo, sin pasar por el sistema bancario. Es común que los funcionarios públicos corruptos quieran enviar dinero al exterior y que las empresas necesiten reales en especie en Brasil para corromper, a su vez, a otros políticos. Para que la operación funcione, se necesita una extensa red de contactos que coincida con las operaciones de compra y venta, que fue mediada por Juca y Tony. Para la entrega y el almacenamiento de efectivo en Brasil, el esquema utilizó una compañía de valores. Los recursos en efectivo también se mantuvieron en locales comerciales con control de acceso, alquilados a nombre de empresas pantalla o de sus empleados.
Toda la comunicación se realizó mediante programas encriptados para evitar su interceptación por parte de las autoridades. En la primera se utilizó una central telefónica, luego MSN Messenger (con el plugin PIDGIN para garantizar el cifrado), y finalmente llegaron aplicaciones móviles como Wickr, cuyos mensajes se autodestruyen.
Las dos casas de cambio tuvieron un volumen diario de operaciones, en los años 2010 a 2016, de aproximadamente un millón de reales. Según las investigaciones, Messer recibió 60% de las utilidades de las operaciones cambiarias, porque era el responsable de proveer recursos, apoyar las operaciones a su nombre y atraer clientes. Hubo 30,2 millones de dólares en ganancias en ese período. Los funcionarios brasileños dicen que Messer supervisó todo el negocio. Juca y Tony iban a Brasil tres veces al año y el doleiro dos doleiros, a su vez, venía a Uruguay dos veces al año.
Para controlar las transacciones, los denunciantes desarrollaron su propio sistema computarizado, llamado Bankdrop, en el que enumeraban las más de 3.000 sucursales. En otro sistema, el ST, se registraban todas las operaciones de cada cambista como una especie de cuenta corriente, controlando así el movimiento de recursos tanto en Brasil como en el exterior. En este “banco”, el cliente no fue identificado por su nombre, sino por un nombre en clave. Messer, que tenía sus propios recursos en el esquema, era Cagarras. Los apodos de otros clientes eran Lindo, Papaya y Zorro. La red fue utilizada por al menos 46 doleiros, según investigaciones de la operación Lava Jato de Río de Janeiro.
Juliana Castro, desde Río de Janeiro.