La Federación Latinoamericana de Fiscales (FLF) rechazó expedirse sobre la denuncia presentada por Miguel Ángel Toma. Alega que el exsecretario de Presidencia de la República trabajaba en la Torre Ejecutiva y el caso podría llegar a la Justicia.
El exsecretario de Presidencia había acudido a la organización que nuclea a los fiscales latinoamericanos en su calidad de fiscal de gobierno de 2º turno, considerando que era víctima de persecución política por parte del gobierno de Luis Lacalle Pou.
El caso fue considerado en la última reunión del Comité Ejecutivo de la Federación, que entendió que el organismo que integra Toma “constituye un cargo político, ajeno al ámbito del Ministerio Público Fiscal”, y destaca que “los hechos denunciados tienen vinculación con su tarea anterior como Secretario de la Presidencia”.
En esa línea, la resolución del Comité Ejecutivo de la FLF, a la que tuvo acceso la diaria, señala que el estatuto del organismo se circunscribe a la defensa y garantía de la autonomía del Ministerio Público fiscal en el desarrollo de sus funciones.
“Resulta improcedente expedirse en el caso planteado, no sólo porque el accionante presta servicio en la órbita del Poder Ejecutivo del Estado uruguayo, sino porque además existe la posibilidad [de] que los citados planteos individuales sean analizados en causas judiciales, entendiendo que debe recurrir a la instancias legales respectivas”, concluye el documento.
Toma se había presentado a mediados de enero ante la FLF denunciando una “cruel persecución política” como “represalia” por haber sido jerarca del gobierno de Tabaré Vázquez, luego de que fuera sumariado y separado del cargo, al constatar irregularidades en los viajes al exterior realizados cuando era secretario de Presidencia.
En su denuncia, Toma señaló que no se le permitió realizar los procesos de recusación correspondientes y que la información del expediente fue filtrada a la prensa, presuntamente por el Ejecutivo.
La investigación administrativa realizada sobre el caso determinó que el exsecretario de Presidencia viajó sin la autorización previa del presidente de la República, lo que fue observado por el Tribunal de Cuentas. También destacó contradicciones de Toma en las explicaciones que dio ante la Presidencia y ante la Junta Transparencia y Ética Pública sobre el rol que cumplía una contadora de la Secretaría Nacional para la Lucha contra el Lavado de Activos y Financiamiento del Terrorismo en la delegación que integró las misiones oficiales a Roma, en 2018 y 2019.