La Asociación de Magistrados Fiscales del Uruguay pidió una reunión con el fiscal de Corte, Jorge Díaz, para transmitir “preocupación” ante la posibilidad de que algunas fiscalías que funcionan en pequeñas localidades sean trasladadas a ciudades cercanas, según informaron desde la gremial a la diaria.
El planteo fue hecho por el fiscal de Corte durante una entrevista en el programa radial Así nos va, de Carve, en que Díaz planteó que la fusión de fiscalías en el interior del país es una de las medidas posibles para contener el déficit en los gastos de funcionamiento, que supera el 52%.
La idea es que en algunos departamentos donde existen dos zonas, como Colonia, Rocha, Cerro Largo, Artigas, Tacuarembó, Soriano y Río Negro, pasen a funcionar en una sola, lo que permitirá ahorrar, además del dinero del alquiler, todos los gastos de funcionamiento asociados a la sede, como seguridad, almacenamiento de datos y servicios del edificio.
“Se van a generar ahorros, pero somos conscientes de que al final del día quien paga el plato es la población, porque alguna parte de la población se va a tener que trasladar de un lugar a otro”, señaló Díaz.
El fiscal de Corte prefirió informar directamente a los fiscales cuáles son las sedes que se podrían fusionar; esa reunión todavía no se concretó. La Asociación de Magistrados considera que esta propuesta “va a contramano” de los reclamos que están realizando, dado que entienden que se necesita destinar más recursos a las sedes del interior del país y crear nuevas fiscalías para aliviar la sobrecarga de trabajo, particularmente en aquellas sedes que tienen un único turno o vacantes que no fueron designadas.
La fecha de la reunión con la Asociación de Magistrados aún no fue fijada, pero se estima que se concretará en los próximos días, cuando se reintegre el fiscal de Corte.
De las 102 fiscalías que hay en todo Uruguay, 64 funcionan en el interior del país. Las localidades más pequeñas que cuentan con fiscalía son Chuy, Rosario, Bella Unión, Paso de los Toros, Río Branco, Young y Dolores.
Además del cierre de fiscalías, se prevé el traslado de oficinas de la calle Cerrito a la calle Uruguay, el congelamiento del pago de compensaciones desde el 1º de enero, la reducción de gastos de combustible y un refinanciamiento del pago por el servicio de administración de datos. La Fiscalía mantiene, para gastos de funcionamiento e inversiones, el mismo presupuesto que en 2015.