La Intergremial Judicial, integrada por el gremio de jueces, funcionarios, actuarios, informáticos y defensores de oficio, definió impulsar la campaña de recolección de firmas para evitar que cierren los juzgados de paz en 20 localidades del interior del país y promover la defensa del acceso a la Justicia.
Bajo la consigna “Justicia, un derecho. No un servicio”, la Asociación de Funcionarios Judiciales del Uruguay (AFJU) había iniciado la campaña semanas atrás en las localidades del interior del país afectadas y ahora, con el apoyo del resto de los gremios, la impulsará en todo el país.
“Garantizar el acceso a la justicia es una cuestión que atañe a los tres poderes del Estado. Apelamos entonces a que trabajen mancomunadamente para encontrar las mejores soluciones para garantizar el goce efectivo de dicho derecho”, expresó en conferencia de prensa el presidente de la AFJU, Pablo Elizalde, quien informó que la intergremial pedirá una entrevista con el presidente, Luis Lacalle Pou, la vicepresidenta, Beatriz Argimón, y el presidente de la Suprema Corte de Justicia (SCJ), Tabaré Sosa, para analizar posibles soluciones.
Elizalde expresó su sorpresa por el hecho de que no se consiguieran los fondos en la Rendición de Cuentas y llamó a “dejarse de especular y otorgar los recursos”. “No sé qué pasó en el Senado, a nosotros en la comparecencia en comisión nos habían asegurado que esos recursos iban a estar”, afirmó.
En diálogo con la diaria, la presidenta de la Asociación de Magistrados del Uruguay (AMU), Graciela Gatti dijo que los magistrados tenían la esperanza de que durante la discusión de la Rendición de Cuentas en el Senado se contemplaran los recursos para evitar el cierre de los juzgados de paz, porque varios legisladores habían expresado su preocupación por el tema. “Queda la opción de que en Diputados se modifique algo”, señaló.
Consultada sobre el hecho de que los ministros de la SCJ designaron jueces para los juzgados que pretendían cerrar, Gatti respondió: “Parecería que es una señal, porque se llenaron esas vacantes, pero la acordada 8119 no se derogó, está vigente, se puede modificar o se puede hacer otra para otros juzgados”.
“Nadie está diciendo que no haya que cerrar nunca un juzgado, lo que hay que hacer es garantizar el acceso a la justicia. No se pueden cerrar 20 juzgados y no dejar nada que lo sustituya, porque ahí es un caos”, afirmó.
Gatti señaló que la AMU creó un grupo de trabajo para analizar una redefinición del rol de los juzgados de paz, para aportar a la SCJ y al Parlamento, dado que una redefinición de los cometidos implicaría una iniciativa parlamentaria.
El cierre de 20 juzgados de paz fue anunciado por la SCJ el 12 de agosto, en la acordada 8119. La definición fue cuestionada por funcionarios, jueces, defensores de oficio, abogados particulares y legisladores oficialistas y de la oposición, lo que generó que el 23 de agosto la SCJ suspendiera la decisión.
El 30 de agosto los ministros de la SCJ recibieron en el Palacio de los Tribunales a una delegación de legisladores oficialistas y el presidente explicó que el anunció incurrió en error y que en vez de 20, en una primera etapa, se pensaba cerrar solo los juzgados de paz de Nueva Helvecia, Castillos, Sauce, y Villa Rodríguez.
El 1º de setiembre, cuando los ministros de la SCJ explicaron en la Comisión de Constitución y Códigos de Diputados que con 12 millones de pesos anuales se resolvería la situación, legisladores de todos los partidos se comprometieron a buscar soluciones para ingresar ese monto a la Rendición de Cuentas durante su discusión en el Senado, lo que finalmente no se concretó.