La Suprema Corte de Justicia (SCJ) conformó la corte que se encargará de analizar el recurso de revisión presentado por los abogados Pablo Donnangelo, Renzo Gatto, Hebert Gatto y Lesley Van Rompey, que denunciaron filtraciones desde la presidencia de la SCJ a su contraparte.
La acusación es contra la jueza letrada adscrita a la SCJ, Sofía Feuer, que es una de las asesoras del presidente, Tabaré Sosa, y pareja de uno de los abogados de la parte denunciada. Los denunciantes la señalan por supuestamente informar sobre la posición de los ministros, lo que habría sido utilizado por los abogados de la parte denunciada para recusar a los que votarían en contra de su posición. Además, sostienen que la asesora debió haber advertido de la existencia del vínculo y desistir de actuar en los casos en los que interviniera su pareja.
La corte estudia los casos en forma rotativa. Cada ministro tiene dos asesores que colaboran con el estudio del caso y luego dejan el voto del ministro en un sobre en la tapa del expediente y lo pasan al siguiente ministro. Cuando están los cinco votos, el tema se trata en acuerdo y el ministro redactor se encarga de emitir la sentencia. En este caso los ministros Bernadette Minvielle, Eduardo Turell y Luis Tosi le daban la razón a Donnangelo y Gatto, mientras que Tabaré Sosa y Claudia Kelland, a la contraparte, integrada por los abogados Andrés Mariño y Giacomino Di Matteo. Según supo la diaria, en este caso el tema fue tratado primero por Minvielle, después por Sosa, Turell, Kelland y Tosi. Luego de eso, el expediente volvió al despacho de Sosa con todos los votos.
La denuncia llevada por los abogados Donnangelo, Gatto y Van Rompey fue planteada en un recurso de revisión presentado ante la resolución de la SCJ del 4 de mayo, que falló en contra de sus intereses. En el recurso, al que accedió la diaria, Donangelo y Gatto sostienen que Feuer informó a los abogados Di Matteo y Mariño del voto de Minvielle y Turell, y con esa información privilegiada, los ministros fueron recusados.
Los demandantes señalan que el mismo día que culminó el estudio del caso, el 16 de julio, Di Matteo y Mariño recusaron a Turell con el objetivo de impedir la emisión de la sentencia. Turell fue recusado por Di Matteo y Mariño porque en el proceso Donnangelo y Gatto presentaron una consulta realizada por Gabriel Valentin y Juan Andrés Ramírez, quien tiene un parentesco con Turell (es primo segundo). Luego recusaron a Minvielle por considerar que había existido una relación profesional con Valentin, porque hace varios años la ministra lo contrató como defensor particular en un asunto personal.
En la sentencia en la que se rechazó la recusación de Turell, a la que accedió la diaria, los ministros plantean que Di Matteo y Mariño dijeron que el 13 de julio un colega les informó sobre el parentesco entre Ramírez y Turell y que por eso no recusaron antes al ministro. Sin embargo, presentaron una partida de nacimiento del bisabuelo de ambos que fue expedida el 10 de julio, es decir, tres días antes de que supuestamente les advirtieran de la existencia de un parentesco entre ambos.
Por otra parte, sostienen que los abogados denunciados plantearon una estrategia dilatoria, que implicó también un recurso de inconstitucionalidad contra el artículo 328.6 del Código General del Proceso vinculado al procedimiento de la recusación, con el objetivo de que Turell cumpliera los 70 años que lo obligan a retirarse, y así deshacerse de un voto en contra.
Di Matteo y Mariño rechazaron de plano las acusaciones realizadas en una carta enviada al semanario Búsqueda. Además, señalaron que la denuncia se funda “en una sospecha y en la vida privada de las personas, insinuando una deslealtad funcional sin ninguna base fáctica”.
“No existe un solo elemento que justifique las afirmaciones de los doctores Donnangelo y Gatto. Mucho menos, aun, para hacer circular una información falsa que, además, pone en tela de juicio la honorabilidad de dos profesionales del derecho de larga trayectoria en Uruguay”, señalaron.
Ante la denuncia, los ministros de la corte optaron por abstenerse de estudiar el recurso de revisión y sortear la conformación de una corte integrada con ministros de tribunal. Además, resolvieron iniciar una investigación administrativa en la que también se excusaron de participar, por lo que convocaron a una corte administrativa que tratará el caso. También decidieron pasar todos los antecedentes a la Fiscalía General de la Nación, para que analice presuntas responsabilidades penales.
Según informaron a la diaria desde el Poder Judicial, la corte que se encargará de analizar el recurso de revisión presentado por los abogados estará integrada por los ministros Rosario Sapelli, Ana Rivas, Guzmán López, Ana Maggi y Álvaro Messere.
Además, la SCJ dispuso una investigación administrativa, para lo que formó una corte integrada por los ministros Beatriz Larrieu, Fernando Tovagliare, Gustavo Mirabal, Mónica Ivanovich y Mónica González.