Sonia tiene 18 años y fue formalizada cuando su hijo tenía un mes y medio; además, es madre de un niño de tres años. Le dieron tres años de prisión por suministro de estupefacientes. Terminó la escuela. Intentó ir a juicio para lograr otro tipo de medida, pero su defensa le dijo que por su delito no había otra opción que ir la cárcel. Ahora su bebé tiene cuatro meses y está hospitalizado por problemas respiratorios. Por eso pide que le den prisión domiciliaria.
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Valeria cayó con 31 años. Primera vez en una cárcel. Estando presa, se enteró de que estaba embarazada de su cuarto hijo. Sus otros tres hijos tienen 15, 12 y dos años. Dice que cuando la detuvieron estaba “secuestrada” en una boca de pasta base desde hacía un mes, porque tenía deudas por su consumo problemático de drogas. Le imputaron un delito de suministro de estupefacientes en grado de tentativa y le dieron tres años y medio de prisión. La visitan su pareja, padre del bebé que vive con ella en la cárcel, y sus dos hijos mayores. Con su hija de dos años, que está a cargo de alguien afuera, intenta restablecer el vínculo. Desde la cárcel proyecta vivir con su familia si le dan prisión domiciliaria.
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Melisa tiene 32 años y es primaria. Trabaja desde los 14 años. Hacía un año que se había quedado sin trabajo. Puso un quiosco y se fundió. Le dieron 15 meses por negociación de estupefacientes. Está embarazada y tiene una hija de nueve años, a quien ve cada 15 días en las visitas. Espera vivir con ella y la bebé si le dan prisión domiciliaria.
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Esther tiene 28 años. Es la primera vez que está presa. Cayó por intentar ingresar droga a una cárcel. Dice haber sido coaccionada para cometer este delito. En la cárcel, convive con su hija. Tiene otros dos hijos; uno de ellos tiene trastorno del espectro autista y ambos están al cuidado de su madre. Está cursando primero de liceo y quiere acceder a cursos de capacitación laboral para prepararse para su egreso de la cárcel.
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La historia de estas mujeres son algunas de las 15 trayectorias que relata el informe especial del comisionado parlamentario penitenciario titulado Prisión domiciliaria asistida para madres con hijos a su cargo en el proceso penal. Para la oficina liderada por Juan Miguel Petit, esta es una “inquietud” prioritaria.
A partir del monitoreo de las cárceles en las que hay mujeres, señalan que “es necesario avanzar hacia otro modelo de atención, asistencia y rehabilitación para las mujeres”, en el que se profundice la perspectiva de género y de derechos humanos.
Destacan las señales positivas: “En su momento la apertura de ‘El Molino’ como unidad especializada, la creación luego de la Unidad 9 para madres con hijos, la creación en el Instituto Nacional de Rehabilitación (INR) del Programa de Atención a Madres con Hijos (PAMHI), y la sensibilidad y los aportes que han llegado desde la sociedad civil”. Sin embargo, creen que “se requieren con urgencia nuevas acciones”.
La prisión para mujeres “no debe ser masculinizada”, sino que “debe diseñarse y gestionarse desde la especificidad de su población y tiene particulares desafíos”. Según sugieren, esto es necesario para la “inserción social” de personas que “han atravesado múltiples adversidades vinculadas a diversas formas de sometimiento, pobreza, violencia sexual y explotación, trata y abandono familiar temprano”. Por eso, destacan la “importante acumulación de normas internacionales” que sugieren que “este debe ser territorio de políticas penitenciarias, sociales y de integración social particularmente afinadas”.
Según el informe, “las mujeres en prisión son un colectivo que, en general, ha vivido, y más allá del delito cometido, situaciones extremas de exclusión” y que reciben “una sanción reforzada culturalmente –con sutiles formas de discriminación y exclusión– por el hecho de ser mujeres”. “Todas las vulnerabilidades señaladas sobre las mujeres privadas de libertad adquieren todavía mayor magnitud entre aquellas que tienen hijos a su cargo”, aseguran.
Para Petit y su equipo, “suele haber una desproporción entre la sanción penal y social frente a las características del delito cometido y las características de vida de las autoras”. Y aportan como dato “llamativo” que en el estudio criminológico que se les aplica en la cárcel, llamado Oasys [offender assessment system] para medir los riesgos de reincidencia, “la amplia mayoría de los resultados señalan una baja o media probabilidad de reincidencia o violencia”. “En palabras comunes y coloquiales: la gran mayoría son de baja o nula peligrosidad”, explican. 93% tiene riesgo bajo (45%) y medio (48%) de reincidencia. Sólo en tres casos (7%) se detectó “riesgo alto” de reincidencia.
El informe sugiere que estamos ante un tema que demanda “una nueva dimensión de las políticas sociales” y en especial “acciones dirigidas a la población vulnerable que encuentra en el micronarcomenudeo una forma de supervivencia que termina a veces bloquéandole del todo su futuro”.
Entonces, “el tema convoca a impulsar una nueva modalidad de ejecución penal, más apropiada para el tipo de delitos que la origina y adecuada a la población a la que se dirige, con contenidos y modalidades programáticas diferentes que la simple, pura y dura privación de libertad”.
Para el comisionado, es preciso “dar nuevos pasos hacia un modelo de ejecución penal de prisión domiciliaria asistida para buena parte de la población femenina de las cárceles”. Y dentro de esta población, “es muy clara la urgencia que la innovación tiene para las madres con hijos a su cargo”.
Para el informe observaron la trayectoria de mujeres que están con sus hijos en la cárcel. Explican que ampliaron el encuadre “poniendo el lente en el impacto de la reclusión en sus hijas e hijos viendo que, paradojalmente, se vuelve un factor reproductor de nuevos delitos y violencias”.
Los relevamientos se hicieron en las cárceles del INR en las que están casi la totalidad de las mujeres con hijas e hijos a su cargo: Unidad 9 Madres con Hijos, Unidad 16 Paysandú, Unidad 20 Salto y Unidad 24 Pense (Soriano).
Más mujeres privadas de libertad
En el último año, de setiembre 2020 a setiembre 2021, mientras la población privada de libertad creció 9%, la población de mujeres privadas de libertad creció 26%.
En un año y medio hubo un aumento de 43% de las mujeres que están presas. En marzo de 2020, al comienzo de esta gestión de gobierno, estaban recluidas 649 mujeres, número que aumentó a 930 en setiembre de este año. Esta cifra continúa creciendo, ya que tras cerrar setiembre había 1.038 mujeres en cárceles, por lo que el aumento ha sido de 60%.
Para el comisionado, este crecimiento demanda “una necesidad de explicación y de comprensión para la elaboración o ajuste de las políticas públicas asociadas a este fenómeno”. Para esto “se necesitan buenas bases de información y recursos humanos y técnicos” de forma de producir conocimiento para la toma de decisiones de política pública. Pero, según el informe, “un primer obstáculo” es la “carencia de información sistemática sobre la población privada de libertad”. “El INR aún no construye ni publica información estadística regular sobre la población que tiene a su cargo”, afirman.
Cárcel de mujeres con hijos.
Foto: Jerónimo López
Mujeres con hijas e hijos en cárceles y vulnerabilidad sociopenal
A principios de setiembre de 2021 había 45 mujeres con sus hijas e hijos en cárceles y cinco mujeres embarazadas. En la Unidad 9 Madres con Hijos de Montevideo había 27 mujeres con sus hijos y dos embarazadas. Cuatro mujeres con sus hijos estaban en la Unidad 16 Paysandú, ocho en la Unidad 20 de Salto y en la Unidad 24 Pense había cuatro mujeres con sus hijos y una embarazada. Se lograron relevar 46 de los 50 casos del total de mujeres con hijos a cargo o embarazadas en todo el país.
74% de las mujeres que están presas con sus hijos tienen a su pareja actual o al padre de sus hijos privado de libertad.
El promedio de edad de las mujeres es de 28 años. Son casi todas uruguayas, menos una que es brasileña. Tienen en común infancias en contextos críticos, con dificultades de inserción, abandono temprano del sistema educativo y precariedad laboral. El uso problemático de drogas aparece como un problema y un riesgo central claramente sólo en seis casos.
La vulnerabilidad sociopenal está muy presente. 74% de las mujeres que están presas con sus hijos tienen a su pareja actual o al padre de sus hijos privado de libertad. 52% de las mujeres atravesaron situaciones de violencia de género.
54% de las mujeres (25 casos) que están con sus hijos en cárceles son primarias, es decir, es la primera vez que están presas. 21 son reincidentes (46%). Sólo en tres casos se vio un aumento de la gravedad del delito que cometieron respecto de su procesamiento anterior. En el resto, fueron delitos similares, sin mediación de uso de violencia.
78% de las mujeres que están con sus hijos en cárceles están presas por delitos de drogas. En 30% de los casos el delito tuvo lugar en una cárcel, es decir, entraron o intentaron entrar droga a una cárcel para otra persona. Al analizar el riesgo de reincidencia para los casos vinculados a estupefacientes, en 75% de los casos el riesgo detectado fue bajo.
Además, de las 34 mujeres que están presas por delitos de estupefacientes, hay cinco por asociación para delinquir o tráfico de armas, tres por hurto, dos por homicidio, una por rapiña y una por estafa. El promedio general de las penas aplicadas es de tres años y ocho meses.
Respecto del nivel de riesgo de conflictividad, en 57% de los casos es bajo, en 38% es medio, en 3% es alto (un caso) y en otro caso no hay datos. Sugieren que “estos valores podrían explicarse por la naturaleza de la mayoría de los delitos en donde generalmente no media la violencia”. Específicamente en lo que respecta a delitos de drogas, en 88% de los casos no se observa riesgo de daño hacia los demás o conflictividad.
Fue una dificultad relevar la cantidad total de hijas e hijos de estas mujeres. “A pesar de la relevancia que la maternidad tiene para estas mujeres” no hay relevamientos oficiales acerca de la cantidad de hijos. Tampoco se recopila este dato en el caso de los varones privados de libertad. Según la Plataforma Regional por la defensa de los derechos de niñas, niños y adolescentes con referentes adultos privados de libertad, en Uruguay hay 15.000 niñas, niños y adolescentes con madres o padres privados de libertad.
Para el equipo de Petit, “la carencia de este indicador es una señal de la necesidad de realizar mejoras en el estudio de cada caso para poder implementar políticas”. Otro dato que escasea es la composición familiar de cada mujer. En lo relevado, “se puede deducir que muchas estaban a cargo de hogares monoparentales, lo que influye decisivamente en el destino de los hijos al momento del encarcelamiento”.
El impacto en las infancias y la supervivencia
La privación de libertad de mujeres tiene impacto en las infancias. El encarcelamiento de las mujer “tiene consecuencias muy diferentes y notorias” del de los varones: “Debido al rol de cuidado que tradicionalmente tiene la mujer en la sociedad, su prisión impacta directamente en el desarrollo de vida de sus hijas e hijos” y de los adultos o personas en situación de discapacidad que estaban a su cargo.
Según el comisionado parlamentario penitenciario, el delito de las mujeres aparece como una “estrategia de supervivencia”: “El tipo de delito cometido por mujeres en su mayoría es de menor gravedad y en muchos casos se comete en el marco de la búsqueda de medios de sobrevivencia relacionados con ausencia de otras figuras de apoyo familiar o en el marco de relaciones de violencia o abuso con esas mismas figuras”. “La observación de sus historias de vida así lo indica”, aseguran.
Prisión domiciliaria y recomendaciones
Las Reglas Bangkok recomiendan evitar la prisión para las mujeres que tienen hijos a cargo “y fomentar, en los casos en los que sea viable, otro tipo de medidas alternativas a la privación de libertad”. “Las normas internacionales ratificadas por Uruguay para la protección de la infancia recomiendan que el interés superior del niño sea tenido en cuenta a la hora de juzgar la conducta de sus referentes adultos, observando el impacto que cualquier medida pueda tener sobre la vida y el desarrollo de estas niñas y niños”.
Petit y su equipo aseguran que las normas procesales actuales, y una amplia normativa internacional, “amparan el uso de la prisión domiciliaria cuando existen condiciones especiales de vulnerabilidad de las personas que determinan que es incompatible la dignidad humana de esa persona con su internación en una cárcel, muy especialmente si se trata de mujeres y de mujeres con hijos a su cargo, dada la particular fragilidad social que tienen y las tareas de sostén y cuidado que suelen tener”.
Por eso recomiendan que los operadores del sistema de justicia “eviten la pena privativa de libertad para la mujeres cuando su vulnerabilidad sociopenal y la entidad del delito cometido lo ameriten y procedan a aplicar un régimen de prisión domiciliaria asistida por los organismos competentes para la rehabilitación y reintegración social”.
También sugiere que el INR y los organismos que sostienen las políticas sociales públicas (Ministerio de Desarrollo Social, sistema educativo y sistema de salud) coordinen las acciones necesarias para permitir un sistema eficaz de prisión domiciliaria para mujeres, que permita la rehabilitación y que atienda las necesidades de los niños y personas en situación de discapacidad a cargo de estas mujeres.
Enfatizan también en la necesidad de encarar políticas que aborden a niñas, niños y adolescentes “afectados por la cultura del narcomenudeo como mecanismo de supervivencia y ascenso social”.
Al Parlamento le sugieren que avance en la concreción de acuerdos que permitan la modernización del sistema penitenciario y la consolidación del derecho al tratamiento y la rehabilitación.