Familiares de Detenidos Desaparecidos y los abogados del Instituto de Estudios Legales y Sociales del Uruguay (Ielsur), denunciantes ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos(Corte IDH) de la responsabilidad del Estado por las desapariciones de Oscar Tassino y Luis Eduardo González, y los asesinatos de Diana Maidanik, Laura Raggio y Silvia Reyes, explicaron en conferencia de prensa los alcances de la sentencia que se publicó este lunes.
La abogada de Ielsur, Lucía Giudice, recordó que la denuncia se presentó a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) en 2007 y que en estos 14 años fallecieron varios de los familiares de las víctimas que impulsaron la denuncia. “Es la primera vez que una autoridad institucional les dice a los familiares que no estaban equivocados, que su lucha tenía sentido, que tiene sentido y lo va a seguir teniendo”, expresó Giudice.
Entre los aspectos más destacables de la sentencia, la abogada señaló que declara la responsabilidad del Estado en la violación de varios derechos humanos, entre ellos el derecho a la personalidad jurídica y la vida, a la integridad y la libertad personal, reconocidos en la Convención Americana de Derechos Humanos. Giudice destacó que, pese a su incumplimiento, esa ratificación fue realizada voluntariamente por Uruguay en el ejercicio de su soberanía.
También destacó que la Corte IDH encontró responsabilidad del Estado en la vulneración de la obligación de no practicar desapariciones forzadas y de mantener a las personas detenidas en lugares de detención que sean oficialmente reconocidos y la falta de acciones adecuadas para investigar las desapariciones forzadas.
Uno de los puntos más destacados de la sentencia por parte de la abogada de Ielsur fue el reconocimiento de los familiares como víctimas de las violaciones a los derechos humanos cometidas en el marco de los crímenes que se investigan, en la medida en que se violaron los derechos judiciales y la protección judicial de las víctimas y sus familiares.
“La corte reconoce que los familiares son víctimas también de la violación a los derechos humanos al no tener la protección judicial debida y no tener la investigación correspondiente”, expresó.
Giudice planteó que uno de los derechos que está en juego, y es reconocido por la Convención, es el derecho de los familiares a saber la verdad. “La corte entiende que el Estado vulnera de manera categórica el derecho a saber la verdad que tienen todos los familiares de estas personas, y declara que Uruguay es responsable por lesionar el derecho a la integridad de los familiares de las cinco personas que forman parte de este proceso”, agregó.
Por otra parte, dijo que la decisión del órgano del sistema interamericano de protección de los derechos humanos concluye que el Estado no investigó en forma debida las muertes violentas y dice “con muchísima claridad” que los tiempos que han tomado las investigaciones, tanto de las desapariciones de Tassino y González como de las ejecuciones de Raggio, Maidanik y Reyes, “sobrepasan los parámetros de razonabilidad”.
Además, rechazó la idea de que los imputados no hayan tenido las garantías del debido proceso durante las investigaciones en la Justicia uruguaya y señaló que la Corte IDH es “categórica en la sentencia”, al marcar que “en todas estas investigaciones han sido respetadas todas las garantías judiciales de estas personas”.
“No pretendemos que no se respeten los derechos que tienen estas personas que son imputadas, al contrario, creemos que eso habla de un Estado de derecho fuerte, democrático, pero justamente lo que la corte dice es que es responsabilidad del Poder Judicial, de los operadores judiciales, que el ejercicio del Estado de derecho no vaya en desmedro de las investigaciones, poder dilucidar qué fue lo que sucedió y sancionar a los responsables de estos crímenes”, añadió. Giudice destacó la importancia de este punto para “desterrar el mito de que estas investigaciones las queremos rápido y ya”. “Han pasado demasiados años como para que se siga sosteniendo que las investigaciones van en desmedro de las garantías judiciales”, agregó.
Otro punto que resaltó Giudice fue el de la necesidad de incorporar la perspectiva de género en la investigación de las causas en que las víctimas son mujeres. “En el caso de Maidanik, Reyes y Raggio, la corte sostiene que el Estado uruguayo incumplió la Convención Interamericana para prevenir, sancionar y erradicar la violencia contra las mujeres, que es la Convención de Belém do Pará, porque no actuó en la investigación de estas ejecuciones con la debida diligencia”, agregó, y calificó el punto como “un paso muy importante para tener en cuenta en el resto de los casos vinculados a los crímenes cometidos durante la dictadura”.
En cuanto a las medidas de reparación dispuestas por la CIDH, Giudice destacó el acto público de reconocimiento que deberá realizar el Estado, en el que deberán estar presentes autoridades del Poder Judicial, del Poder Legislativo, del Poder Ejecutivo, altas autoridades militares y de la Fiscalía Especializada, y de la Institución Nacional de Derechos Humanos y Defensoría del Pueblo.
“Cuando hablamos del Estado uruguayo no nos referimos al Estado de los últimos dos años, ni de los últimos cinco, nos referimos al Estado en general. Más allá de los diversos gobiernos que han pasado, desde la recuperación de la democracia, el Estado sigue en deuda, y es una deuda muy profunda”, expresó Giudice.
Karina Tassino, hija de Óscar, expresó su esperanza de que la sentencia marque el inicio de una nueva etapa y recordó a su abuela, Teresa Manina Asteazú: “Ella, a todas las personas que se cruzaba, las conociera o no las conociera, lo primero que les decía era que su hijo estaba desaparecido [...] a pesar del miedo y de la oscuridad que vivíamos en esta sociedad, ella necesitaba que conocieran su sufrimiento, su desesperación, su búsqueda y su espera”.
Asimismo, recordó a su madre, Disnarda Flores, quien también estuvo presa, secuestrada, desaparecida y fue torturada, “y una vez liberada lo primero que hizo fue continuar con la búsqueda de su esposo [...] recorrió todos los cuarteles y recién en democracia pudo presentar la primera denuncia ante la Justicia militar, ante las mismas personas que habían cometido estos crímenes”.
Además, Karina Tassino leyó parte de una carta escrita por su hermano Gabriel, fallecido en 2009 a los 45 años: “En la calle, cualquier día de la semana, en más de una ocasión, creo ver el rostro de mi padre entre la gente y el corazón se me detiene por un segundo”.
“Ojalá los descendientes de Luis Eduardo y de Óscar no tengan que hacer como mi abuela, de cruzarse y encontrarse con la gente y decirles que su bisabuelo está desaparecido”, agregó.
“En esta fecha de Navidad y fin de año, los familiares de detenidos desaparecidos no quisiéramos estar acá, después de más de 44 años de lo sucedido. Si estamos hoy acá es justamente porque el Estado uruguayo no ha cumplido con su obligación de investigar en plazos prudentes y diligentemente”, expresó.
Horacio Raggio, hermano de Laura, recordó que luego del asesinato de las tres mujeres, la madre del integrante del Movimiento de Liberación Nacional-Tupamaros Washington Barrios ‒esposo de Silvia Reyes‒ señaló a todos los que habían participado en el operativo en el que fueron acribilladas. “Si se hubiese aclarado en aquel momento ya estarían tomando mate en la casa”, expresó, y recordó el papel de Stella Reyes, hermana de Silvia, fallecida el 1º de marzo de 2016. “Stella nos decía ‘si yo me voy, voy a pasar la posta’”.